La inestabilidad democrática
El respaldo electoral no depende del cumplimiento de las promesas, la identidad ideológica o la conducta moral de los candidatos. Desde la Argentina de Javier Milei hasta Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, los votantes parecen decidir por razones que el análisis político tradicional no alcanza a explicar. Al mismo tiempo, presidentes y opositores interpretan cada victoria como un mandato absoluto y cada derrota como un resultado susceptible de ser desconocido. Entre promesas incumplidas, gobiernos que pierden rápidamente popularidad y dirigentes que intentan forzar las instituciones, la democracia latinoamericana enfrenta una creciente distancia entre la voluntad expresada en las urnas y el respeto por las reglas que deberían sostenerla.
Si Javier Milei busca la reelección y no logra ganar en la primera vuelta, será difícil que se imponga en el balotaje, a menos que su rival acumule un rechazo muy intenso. La clave para el triunfo de Milei radica en alcanzar el 40% de los votos y que la oposición se fragmente, permitiéndole obtener una ventaja mayor a diez puntos sobre el segundo candidato.
Este escenario es posible, no inevitable. Su núcleo duro de votantes se ubica en el 30% de la primera vuelta, un piso de aceptación del que no ha caído. Es claro que no cumplió con sus promesas de campaña más visibles: no dolarizó, el Banco Central sigue en funciones y el país registra una de las inflaciones más altas de América Latina. Sin embargo, se ve que sus seguidores no lo apoyaron –ni lo apoyan– por esas propuestas. Esto abre una interrogante: ¿será que en la Argentina es popular incumplir las promesas electorales, o es que los ciudadanos votan por razones que no entiende el análisis político tradicional?
Su modelo no permite entender por qué sectores importantes de la sociedad respaldan o rechazan a un presidente o candidato. Se suele decir que tal o cual candidato ganó porque representa una ola de derecha o de izquierda, aunque a cerca del 80% de los electores latinoamericanos les resulta indiferente la ideología del presidente.
El factor de la corrupción tampoco parece determinante. La inmensa mayoría de los electores dice que no votaría por un candidato corrupto, pero dice al mismo tiempo que todos los políticos lo son. Se impone un discurso moralista que no aplican en sus negocios ni en la vida privada. Las costumbres se han flexibilizado y la ética ya no es rígida. En toda la región, un alto porcentaje de la población vive vinculada a diversas actividades delictivas. Con el avance tecnológico, la desnudez, el sexo casual y otras rupturas con la moral tradicional se han normalizado. Paradójicamente, la mayoría de los líderes de ultraderecha que defienden una moral tridentina, exhiben vidas privadas alejadas de la monogamia y la familia con muchos hijos.
En la mayoría de los casos, la popularidad de los gobiernos se desploma como un castillo de naipes, también cuando los presidentes creen haber ganado por sus propuestas e intentan cumplirlas. En Chile ocurrió con Gabriel Boric, un mandatario de izquierda que rechazó a la dictadura militar venezolana que respalda por Trump. Boric prometió sepultar la constitución de Pinochet e impulsó una alternativa “progresista” que la ciudadanía rechazó. Luego inició un segundo proceso de reforma dominado por la “derecha”, cuyo proyecto también fracasó. Aunque todos los sondeos indicaban que la mayoría quería cambiar la carta magna actual, la misma mayoría bloqueó la promesa de Boric.
En las últimas elecciones José Antonio Kast ganó la presidencia con el 58% de los votos con un programa de derecha. Al igual que Boric, interpretó que había recibido un mandato ideológico y se dispuso a ejecutarlo. Sin embargo, tras seis meses de hacerlo, su popularidad se ha derrumbado a niveles inferiores a los de Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador. Cabe preguntarse nuevamente: ¿será que en Chile genera rechazo que se cumplan las ofertas de campaña?
La falta de respeto a la institucionalidad es un fenómeno generalizado. En Bolivia, Evo Morales –cuyo candidato presidencial no alcanzó ni el 10% de los votos– exigió la renuncia de Paz a solo tres meses de haber asumido el cargo, porque tomó medidas inevitables. En Ecuador, los sectores que sufrieron una contundente derrota hace un año ya promueven la revocatoria del mandato presidencial argumentando que el gobernante todavía no cumple sus promesas electorales.
Colombia, históricamente un ejemplo de estabilidad institucional durante dos siglos, atraviesa un escenario caótico. El presidente Gustavo Petro primero intentó desconocer el triunfo opositor mediante artilugios legales. Ahora pretende promulgar leyes que dejen fijas sus ideas, imponiendo al futuro mandatario un marco legal que bloquea lo que respaldó la mayoría de los colombianos en las elecciones. Paralelamente, Iván Cepeda, tras ser derrotado, puso como condición para reconocer los resultados de las urnas que Abelardo de la Espriella prometa gobernar con su programa y no con el que ganó la elección.
Por su parte, el candidato electo Abelardo de la Espriella pretende que la transmisión de mando presidencial se realice en una instalación militar. De la Espriella es un dirigente sin experiencia política previa, surge de la llamada “política del espectáculo”. Comete el error de ignorar las instituciones y su debida autonomía, que constituyen la columna vertebral de la democracia representativa. Intentar reemplazar el Parlamento –la casa del pueblo– por un cuartel es jugar con fuego. Conozco directamente el antecedente de un presidente democrático que intentó autoproclamarse dictador y, a los pocos meses, cayó derrocado por los mismos militares que pretendió instrumentalizar para violar la Constitución.
*Profesor de la GWU. Miembro del Club Político Argentino.