Las decisiones políticas sobre cómo investigar la violencia

Durante seis días nos alternamos con Julio Strassera para presentar cada uno de los casos y nuestros argumentos legales. Los comandantes, sentados a menos de dos metros, nos miraban disimulando sus sensaciones; estaban viviendo su peor pesadilla.  

Luego de pedir las condenas, Julio culminó: “Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, Nunca más. 

Siempre pensé que esa había sido la tarea más importante que podía tener como profesional. Me cambió mi forma de entender los problemas. 

Alternamos con Strassera, y los comandantes estaban viviendo su peor pesadilla

Cuando Strassera me ofreció ser su adjunto me dedicaba a temas teóricos. Asistía al procurador general en casos penales ante la Corte Suprema de Justicia, era el subdirector de investigaciones de la Facultad de Derecho de la UBA y dirigía un curso experimental que duraba dos años que llamábamos “tridimensional”, pues enseñaba al mismo tiempo los temas generales de derecho penal, los delitos específicos y el procedimiento.

La Argentina democrática les dio a los excomandantes lo que no les dieron a sus víctimas, un juicio justo. La dictadura militar había ignorado el principio básico del derecho penal: no hay castigo sin ley previa que defina el delito y sin juicio. Detuvieron a miles de personas y las torturaron para saber qué habían hecho, si las consideraban “subversivas”, una categoría indefinida que incluía a las madres que reclamaban por sus hijos, las podían matar sin darles derecho de defensa y sin juicio.  

Después de la sentencia pensé que a los 33 años había hecho la tarea más importante de mi vida profesional. Sin embargo, en  2003, cuando tenía 51 años, me ofrecieron ser el primer fiscal de la primera Corte Penal Internacional que transformó en permanente el legado de Nuremberg.

El juicio a las juntas resultó mi entrenamiento, no solo sobre la investigación judicial de crímenes masivos o cómo resolver complejas cuestiones jurídicas, sino también sobre la comunicación y, sobre todo, el rol de la política en las cuestiones criminales. 

Estados Unidos, que había hecho una guerra anticolonial contra Gran Bretaña para independizarse y luego había debido intervenir en dos guerras mundiales, no confiaba en la ley internacional y, bajo la presidencia de George W. Bush, cuestionaba la existencia de la Corte Penal Internacional. La academia lo apoyaba. Stephen Krasner, que era director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Stanford, escribió: “La ley internacional es contraproducente, hay que ignorarla”.

A mí me gusta aprender, y desde que terminé mi tarea en La Haya, traté de entender mejor esa relación entre decisiones políticas y judiciales, e investigué y enseñé sobre esos temas en las universidades de Yale y Harvard, y en Israel y Palestina. 

Descubrí que no hay una disciplina académica que abarque las relaciones de poder, la ley internacional y el impacto de la comunicación. La especialización bloquea el conocimiento. 

Para superar la falta de integración del conocimiento académico, exploré cómo enseñar a través de casos, que presentan el desafío de combinar todos los elementos, y publiqué un libro con Oxford University Press, Guerra y Justicia en el siglo 21, un caso de estudio sobre la Corte Penal Internacional y la guerra contra el terror.

La democracia les dio a los excomandantes lo que ellos les privaron a todos

También acepté una invitación de la escuela de cine de Los Ángeles para analizar como los filmes definen las narrativas sobre crimen, guerra y justicia. Durante ese tiempo, me enviaron el guion de Argentina, 1985 y aprendí del talento de Santiago Mitre para combinar ideas y contar una historia en forma atractiva.

A raíz de ese film, la Universidad de San Pablo me invitó a trabajar. Enseñamos casos de estudio en el Departamento de Relaciones Internacionales y creamos un proyecto de investigación con el departamento de Física y el de Inteligencia Artificial sobre Teorías complejas y orden (y desorden) global.

Este año, Alejandro Chetman, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Di Tella, me ofreció que lo ayudara con un seminario sobre lo que habíamos aprendido a cuarenta años del juicio a las juntas, y me pareció una oportunidad excelente para volver al derecho penal. ¿Cuál fue la política criminal adoptada por el presidente Alfonsín para investigar y prevenir los delitos cometidos durante la dictadura militar? ¿Cuáles fueron las decisiones de política criminal adoptadas luego por las presidencias de Menem, Kirchner y Milei?

Esa área de derecho penal, la política criminal, me ayudaba a entender lo que había visto durante mi trabajo en la Corte Penal Internacional y lo que está ocurriendo en el presente en Ucrania y en Gaza. 

Un amigo me pasó un poema de T.S. Elliot que confirmó mi idea de volver a pensar en términos del derecho penal. Dice algo así:

“Nunca debemos dejar de explorar

Sabiendo que el fin de nuestra exploración

Será llegar a nuestro punto de partida 

Y conocer ese lugar por primera vez”.

Advertí cuál fue el rol de los distintos presidentes en el tema. La propuesta electoral de Alfonsín de anular la autoamnistía y juzgar a los comandantes fue revolucionaria y se implementó inmediatamente. La Conadep y el juicio a las juntas fueron la implementación de esas promesas. 

Pero el Congreso había aprobado una ley que exigía a los jueces juzgar también a los oficiales inferiores que habían torturado. Esa contradicción con la promesa electoral llevó a conflictos, a las rebeliones “carapintadas” y a la ley de “obediencia debida” que terminó con las nuevas investigaciones.

Menem priorizó el control del Ejército cuestionado por un movimiento interno liderado por el coronel Seineldín, indultó a los jefes guerrilleros y a los excomandantes condenados, reprimió a sangre y fuego la rebelión de 1990 y en 1997 promovió la detención de Videla por un juez amigo para evitar críticas a su gestión en un viaje a Francia. 

Jueces federales nombrados por el menemismo y luego el presidente Néstor Kirchner impulsaron una reapertura de las causas que llevaron a más de mil oficiales militares a la cárcel. Se propuso una nueva narrativa enfatizando el reconocimiento a los esfuerzos políticos de las víctimas.  

Durante la gestión de Milei se oscila entre el reclamo de que se investiguen los crímenes cometidos por las guerrillas hasta la utilización del “nunca más” en contra del kirchnerismo. 

Editorial Perfil y la Universidad del Sur de Buenos Aires me ofrecieron la oportunidad de profundizar en estos temas y combinar nuestros recursos. Para conmemorar el 40° aniversario del juicio a las juntas vamos a hacer una serie de notas explicando la política criminal impulsada por los diferentes presidentes y en noviembre vamos a hacer un curso profundizado de seis clases sobre el tema.

Más información sobre el curso acá.