Paradoja del poder: avances legislativos, retrocesos sociales

Es habitual que, después de una elección favorable de medio término, la imagen del Presidente mejore. Pero también suele ocurrir que, una vez pasada la euforia, la falta de resolución de problemas o la profundización de políticas controvertidas comiencen a pesar. Eso es exactamente lo que atraviesa hoy el Presidente. En teoría, está en su mejor momento: mantiene la iniciativa política, logró aprobar la reforma laboral, avanza con la baja en la edad de imputabilidad, el dólar está relativamente controlado y el FMI lo respalda. Sin embargo, mientras su núcleo duro sigue creyendo que el sacrificio nos llevará a ser “España o Alemania”, una mayoría creciente empieza a rechazar políticas que percibe como generadoras de desempleo y pobreza. La apertura importadora, el cierre de empresas y la reforma laboral conforman un combo que alarma a una parte significativa de la opinión pública, a lo que se suma la persistencia de la inflación.

Durante noviembre y diciembre, la discusión sobre la reforma laboral estuvo dominada más por prejuicios que por conocimiento real del articulado. En ese momento, la opinión pública estaba dividida: casi la mitad creía que no generaría empleo, pero un 43% pensaba que sí lo haría. Aun así, existía un sustrato crítico: la mayoría percibía que la ley beneficiaba principalmente a los empresarios; solo cuatro de cada diez creían que ayudaría a formalizar trabajadores y, para el 69%, facilitaría los despidos. Las declaraciones de Sturzenegger –con su ejemplo del fútbol y el pago del 50% del salario– hicieron tangibles las consecuencias cotidianas de la reforma. Aunque el artículo 44 fue retirado, la discusión más profunda del proyecto generó un fuerte rechazo que, hasta el jueves pasado, alcanzaba el 55%, frente a un 36% que lo apoyaba. Incluso entre quienes votaron a Milei en 2023, un 20% manifestó rechazo, señal de que el tema toca a su propia base.

En cuanto a la apertura importadora y el cierre de empresas, los datos de nuestro último estudio nacional –previos al caso FATE– muestran un alto nivel de alerta social. Aquí se cruzan dos dimensiones: el consumidor, que valora acceder a productos más baratos, y el ciudadano, que teme por el empleo y la producción nacional. El núcleo duro del mileísmo minimiza las consecuencias sobre el empleo, atribuyéndolas a la supuesta ineficiencia del empresariado y a los beneficios que recibían del Estado. Confían en que, con el tiempo, se generarán fuentes de trabajo alternativas; algunos incluso hablan de la “uberización” como salida laboral. Pero ya un tercio de quienes aprueban la gestión presidencial –prácticamente todos los que no la apoyan– perciben los efectos negativos. Por eso, el 63% de la opinión pública cree que la apertura importadora no es lo mejor para el país. Es un claro llamado de atención para la oposición, que debería poder ofrecer una propuesta capaz de reconciliar el deseo del consumidor con la preocupación del ciudadano.

Tampoco la leve, pero persistente suba de la inflación pasa desapercibida. Con salarios que no alcanzan, el aumento de precios se convierte en el principal problema cotidiano. No sorprende que el 60% no crea en los indicadores del Indec y que, para el 56%, el Gobierno no logrará controlar la inflación. Los números de aprobación de la gestión convergen hacia los 41 puntos, el mismo porcentaje que obtuvo en las elecciones legislativas. No sorprende, entonces, la caída de 5 puntos en dicho indicador: aunque conserva iniciativa política, la percepción social sobre empleo, inflación y rumbo económico empieza a erosionar su capital político. Está muy cerca de su piso histórico. Dependerá de él revertir esta tendencia,o de la oposición profundizarla.

*Consultor y analista político.