La macroeconomía ingresó en una fase incómoda. La etapa de emergencia quedó atrás y la estabilización nominal logró avances: la inflación cayó de niveles superiores al 120% anual a registros anuales cercanos al 30%; el riesgo país se redujo de manera significativa y el frente fiscal dejó de ser una fuente inmediata de desconfianza. El problema es que, una vez apagado el incendio, empiezan a resaltar los problemas estructurales de siempre.
La pregunta central que subyace al “ruido” de los datos coyunturales y las disputas mediáticas es: ¿este equilibrio frágil puede evolucionar hacia un sendero de crecimiento sostenible, o la arquitectura misma del programa de estabilización contiene contradicciones que lo condenan a oscilar entre estancamiento con estabilidad o crecimiento con inestabilidad?
El programa económico logró ordenar precios claves a partir de dos anclas muy conocidas: un tipo de cambio real contenido y una fuerte restricción de la demanda agregada. Ambas funcionaron para bajar la nominalidad, pero también revelan ahora sus costos. El tipo de cambio apreciado ayuda a contener los precios, pero al mismo tiempo estimula importaciones, erosiona la competitividad industrial y reduce la capacidad de generar divisas genuinas. La demanda reprimida enfría la inflación, pero también el consumo, la actividad y, aunque con rezago, la recaudación.
La tensión empieza a verse con nitidez en el comercio exterior. Las importaciones crecen más rápidamente que las exportaciones (estancadas en cifras similares a las de una década y media atrás), el superávit comercial se achica, la cuenta corriente volvió a ser negativa y la acumulación de reservas depende cada vez menos del saldo real de la economía y más de la ingeniería financiera. Es un equilibrio frágil: no colapsa hoy, pero tampoco construye holgura para mañana.
En el frente inflacionario, la desaceleración convive con un dato incómodo: la inflación núcleo se resiste a bajar del 3% mensual. Esto no es un detalle técnico, sino una señal de fondo. Indica que las expectativas no están completamente ancladas, que los ajustes tarifarios siguen filtrándose a costos y que la economía conserva mecanismos de indexación –formales o informales– que limitan la desinflación. El ancla cambiaria ayuda, pero no alcanza cuando la microeconomía de precios sigue funcionando con lógica defensiva en un ambiente que no disipa la desconfianza.
El consumo aparece como el gran ausente del esquema. Los salarios reales dejaron de caer, pero no recuperan poder de compra; el crédito no se expande y la morosidad crece. El resultado es una demanda estructuralmente débil, que ya no puede explicarse como efecto transitorio del ajuste inicial. Esta debilidad tiene una derivación clave: empieza a erosionar la recaudación. Cuando el consumo no tracciona, el IVA no responde, y cuando la actividad productiva agregada sigue en contracción, la base tributaria se achica. El superávit fiscal, columna vertebral del programa, ya no puede mantenerse exclusivamente reduciendo egresos (cada reducción marginal es ahora más difícil), deja de ser una variable puramente política y pasa a depender de la generación de ingresos, es decir, del nivel de actividad.
A nivel productivo, la economía se parte en dos. Sectores primarios y financieros muestran dinamismo, mientras industria, comercio y construcción siguen rezagados. No es una combinación virtuosa: los sectores que crecen generan poco empleo (lejos de las grandes urbes) y pocos encadenamientos, y los que destruyen empleo son los que sostienen el consumo y la cohesión social. Sin recuperación del empleo formal, no hay rebote del mercado interno ni estabilización política duradera.
El dilema de fondo es conocido, pero hoy es más explícito: equilibrio macroeconómico, crecimiento y gobernabilidad no son plenamente compatibles en el mediano plazo con este set de políticas. Mantener el ajuste garantiza estabilidad, pero prolonga el estancamiento. Impulsar crecimiento exige reformas, políticas activas de inserción en un mundo desafiante, ingeniería de gestión productiva y apelar al quid pro quo: ceder para lograr consensos. Esto puede tensionar los frentes fiscal y político, tanto en la relación con la oposición como puertas adentro. No hay atajos.
La estabilización fue necesaria y, en buena medida, exitosa. Pero ya no alcanza. Cobra relevancia la pregunta inicial: si el programa puede evolucionar hacia una estrategia de crecimiento consistente o si quedará atrapado en un equilibrio de baja inflación, baja actividad y alta fragilidad.
* Directora ejecutiva de Qualy.
