El 12 de febrero la Cámara de Diputados dio media sanción –por 149 votos a 100– a un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se lo presentó como una respuesta “urgente” frente al delito, desoyendo las voces de múltiples organizaciones, especialistas, abogadas y abogados, juezas y jueces y principalmente, la de adolescentes y jóvenes.
Cuando la política elige el atajo punitivo, busca un titular y se pierde la oportunidad de entender, actuar y finalmente prevenir y atacar las cuestiones estructurales que hay detrás de casos que involucran a adolescentes y conmocionan a la sociedad.
En Fundación SES trabajamos desde 1999 con jóvenes en Argentina y América Latina. Y si algo aprendimos –en barrios, escuelas, centros comunitarios y también acompañando a pibes y pibas bajo medidas penales– es que ningún chico “nace peligroso”. Lo peligroso es un Estado que llega tarde, o que llega solo con patrulleros, rejas y etiquetas.
La baja de la edad de imputabilidad se apoya, entre otras, en la idea tan simple como falsa: que el castigo temprano disuade. La experiencia cotidiana muestra lo contrario. Adelantar el ingreso al sistema penal profundiza la violencia institucional, consolida trayectorias de exclusión y multiplica las chances de reincidencia. Además, se aleja de los estándares internacionales que exigen respuestas diferenciadas y centradas en derechos.
Tampoco podemos discutir esto sin mirar el contexto: mientras debatimos si encerrar antes “soluciona”, se recortan políticas de cuidado, se precarizan las familias y se desarman dispositivos de niñez y adolescencia. Así, el mensaje que reciben muchos pibes es brutal: “Para vos no hay beca, no hay escuela, no hay club, no hay laburo; hay cárcel”.
No hablamos en abstracto. Tengo en la memoria frases de experiencias como “Estar al 100”, implementada por Fundación SES en provincia de Buenos Aires para acompañar a adolescentes bajo medidas penales territoriales. Escuchamos: “Pude pensar más en mí”, “Me motiva el curso de mecánica”, “Hice nuevas amistades”, “Con respeto se llega a todos lados”. No hablaban de impunidad. Hablaban de oportunidades y de vínculos; de ese abrazo invisible que, a veces, es lo único que separa a un pibe de la calle del encierro o de la muerte.
La discusión de fondo no es si “hacemos algo” o “no hacemos nada”. Es qué hacemos y desde dónde. Desde SES venimos planteando la necesidad de un marco nacional integral de responsabilidad penal juvenil, armonizado entre jurisdicciones, con enfoque socioeducativo y restaurativo, sostenido por un sistema de protección y restitución de derechos fuerte. Eso implica equipos especializados y estables, presupuesto para la prevención, acompañamiento y egreso, e intervención interministerial real (educación, salud, desarrollo social, trabajo). Implica también abordar la crisis de cuidados: cuando el cuidado se privatiza en hogares agotados, el riesgo se vuelve destino.
Todavía estamos a tiempo. El Senado puede frenar este retroceso y abrir un debate serio, con evidencia y, sobre todo, con la voz de las juventudes. Porque cuando un pibe cae, no cae solo: cae con él una parte de nuestra posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más segura para todos y todas.
“Aprendí de los errores; aprendí a escuchar”, dijeron o pensaron tantas veces, tantos pibes y pibas. Ojalá la política también lo haga, antes de que sea demasiado tarde.
* Lic. en Trabajo Social y Coordinadora de Desarrollo y Formación de Fundación SES.
