Opinión

Qué pasó con la Corte Suprema

JUECES SIGLO XXI: Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Faltan dos. Foto: Cedoc

Tengo aprecio personal  por Horacio Rosatti, valoración académica por Carlos Rosenkrantz y reconocimiento por la capacidad política de Ricardo Lorenzetti. Teniendo, además, alto respeto intelectual por los tres, me cuesta comprender la cantidad de críticas que supieron cosechar por un fallo que, además de cuestionable, era innecesario. 

Escuché todo tipo de interpretaciones. Fue un mensaje al Gobierno para que se sienta tranquilo con esta Corte de tres y no intente completar las dos vacantes que faltan; lo que no cierra con el deseo del propio Lorenzetti de llenarlas para tratar de construir una nueva mayoría que le permita volver a conducir el organismo. Hasta que se trataba de satisfacer a intereses económicos que se beneficiarían con la desaparición de un límite para extranjeros de compra de tierras que dispusieron. Nada me resulta verosímil.

Como sostenía Nietzsche, el ser humano puede soportar casi todo menos que no exista una explicación, y frente a la perplejidad de una sentencia, fue preciso asignarle un sentido. Sospecho que la causa irreductible no está en el fallo, sino en las condiciones de posibilidad que se fueron generando, primero con la jibarización numérica a la que fue sometida la Corte Suprema, donde cada vez es más difícil conseguir consenso para nombrar un nuevo integrante cada vez que se jubila uno de ellos.

Desde 2016, ante cada renuncia por límite de edad, fue imposible nombrar sucesores en la Corte Suprema.

La Corte Suprema funcionó con cinco miembros desde su creación en 1862 excepto durante las presidencias de Arturo Frondizi y Arturo Illia, que pasó a siete miembros; y la de Carlos Menem en los años 90, que pasó a nueve miembros. Desde que en el siglo XXI recuperó gradualmente sus cinco miembros, hubo un juez nombrado por Eduardo Duhalde: Juan Carlos Maqueda (2002-2024); cuatro nombrados por Néstor Kirchner: Eugenio Zaffaroni (2003-2014), Carmen Argibay (2004-2014), Elena Highton de Nolasco (2004-2021) y Ricardo Lorenzetti; y dos por Mauricio Macri: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Quedando dos jueces designados por Raúl Alfonsín: Enrique Petracchi hasta 2014 y Carlos Fayt hasta 2015. Y a partir de 2016, ante cada renuncia por límite de edad fue imposible nombrar su sucesor.

La salida de Highton de Nolasco en 2021 fue metabolizada por los cuatro integrantes restantes de la Corte pero ya la de Maqueda, coincidiendo con el comienzo de la friccional presidencia de Javier Milei, quitó, justo cuando más lo iba a necesitar, el último componente estabilizador. Como esas construcciones que resisten de a una pieza menos hasta el punto en que la última falta desmorona la construcción.

Durante la campaña electoral de 2023 el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, fue un firme defensor público de la Constitución poniéndoles límites a las declaraciones del entonces candidato Milei sobre eliminar la moneda nacional y negociar una transacción económica por Malvinas, anticipando que la Corte sería un atento vigía de la constitucionalidad de las medidas de un nuevo gobierno y dispuesta al per saltum para no tener que esperar los extensos plazos legales frente a cualquier incumplimiento institucional del Poder Ejecutivo.

Pero con Milei ya presidente el tono de sus manifestaciones se fueron haciendo cada vez más inaudibles. Muchos imaginaban una rápida intervención de la Corte Suprema en el monumental DNU 70/2023 y sin embargo casi nada sucedió hasta este fallo sobre uno de sus artículos casi tres años después.

Puedo imaginar los dilemas  que los atravesaban: un presidente electo sin la estructura de un partido, con un mínimo de legisladores propios y sin representación territorial alguna, cero gobernadores y hasta intendentes. Si la Corte Suprema hubiera declarado inconstitucional el decreto 70/2023 al comenzar recién el nuevo gobierno, probablemente se hubiera desembocado en un vacío de poder muy peligroso institucionalmente. 

La debilidad del Poder Ejecutivo pudo haber inhibido a la Corte a imponer los límites esperables y, paradójicamente, esa debilidad se transformó luego en fortaleza para desembocar en un Poder Ejecutivo que ya no acata las órdenes del Poder Judicial, desoyendo sus órdenes de cumplir con las leyes sancionadas por el Congreso. El tsunami Milei no terminó allí, intentó nombrar dos nuevos jueces de la Corte Suprema por decreto y a uno de ellos, Manuel García Mansilla, le tomaron juramento aunque duró solo cinco días en el cargo, obligado a renunciar por presión del Poder Legislativo.

No solo a la Corte Suprema se le puede achacar la llamada “defección estratégica” que caracteriza a la mayoría de los tribunales latinoamericanos que son condescendientes con los gobernantes mientras ejercen el poder para juzgarlos recién cuando lo pierden, que en el extraño caso de Milei suma la condescendencia inicial por vacío de poder. La misma crítica les cabe a las organizaciones que agrupan a los medios de comunicación –con los periodistas como el primer auxiliar de la Justicia– que quedaron atónitos frente a la beligerancia de los embates de Milei. Y a las organizaciones empresarias en general, que si bien tienen la obligación diplomática de aplaudir a todos los presidentes, en el caso de Milei cruzaron cualquier límite de lógica cortesía institucional.

El radar político de la Corte Suprema presta atención a las señales que los poderes fácticos y permanentes –medios, empresarios– emiten con sus acciones y omisiones. La Corte Suprema debe mirar también qué sucede políticamente con los tribunales superiores vecinos, como el de Brasil, donde las peleas entre los integrantes de la numerosa máxima corte de ese país tienen enfrentados a sus integrantes con acusaciones de corrupción, videos y operaciones de comunicación pública inimaginables para un tribunal superior.

Si la Corte declaraba inconstitucional el decreto 70/2023 al inicio del nuevo gobierno, probablemente se hubiera desembocado en un vacío de poder peligroso institucionalmente. 

En síntesis, qué le paso a Corte: de todo. Pérdida de sus integrantes y como explica la teoría de Gestalt: cuando se retira un elemento cambian todos los demás porque cada parte adquiere un sentido por la relación con las otras y así el conjunto pierde su forma reconocible. El tsunami desinstitucional que representó la llegada de Milei, la “defección estratégica” de las organizaciones de medios de comunicación y empresarias en su conjunto. Las diferencias internas entre sus tres integrantes, que no llegan a tomar el estado público como en Brasil, pero son también importantes. 

Finalmente, la Corte, el periodismo, las empresas, nada funciona en vacío.