En la segunda jornada del juicio que se desarrolla en la Cámara 3a. del Crimen por la megacausa Bomberos, declaró el denunciante y querellante, el comisario retirado Guillermo Giraudo. “Después de hacer la denuncia quedé solo”, señaló con la voz quebrada. “Me sentí en soledad. Me tomé licencia. Por orden del director debía seguir renovándola; después de un año por un grupo de Whatsapp me enteré que mi nombre figuraba en la lista que pasaba a retiro obligatorio”. No tuvo una comunicación oficial.
El presidente del tribunal, Leandro Quijada, insistió: ¿Oficialmente seguiría gozando de licencia? y le respondió: “Sí”.
El aislamiento que describió Giraudo sucedió después de que presentó la denuncia. Formalmente lo hizo el 11 de julio de 2022. Refirió que su nombre, su firma y su sello figuraban en 17 certificados de Bomberos otorgados a empresas, dos eran de Cyre SA, la firma que explota los supermercados Cordiez.
Actualmente es querellante en el proceso judicial, al igual que la Municipalidad de Córdoba representada por los abogados Fabio Gutiérrez y Marcos Rojas Moresi.
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Cómo comenzó la investigación
El primer testigo que declaró por videoconferencia este jueves, 19 de noviembre, fue Raúl Benito Jiménez quien refirió haber recibido, en forma sucesiva, dos sobres de papel madera en forma anónima. Contenían certificados de Bomberos que sospechó que eran apócrifos. Al detectar la firma de Giraudo en esos papeles, se comunicó con él, les mostró uno y le preguntó si lo había firmado. La respuesta fue que no se correspondía con su rúbrica.
El 11 de julio de 2022 presentó la denuncia judicial.
Luego, Giraudo contactó a sus superiores, el subjefe de Policía y la jefa de la fuerza, Liliana Zárate Belletti. Les dijo que había presentado la denuncia y le indicaron que debía hacer una presentación en Asuntos Internos.
Desde ese momento, fue conminado a tomar licencia.
A Jiménez le preguntaron si supo algo sobre el origen de los sobres anónimos. Respondió que sólo podía conjeturar que provendrían de alguien de la Municipalidad o, incluso, del interior de Bomberos.
También dijo que a él y Giraudo los trataron de “traidores” por denunciar.
La oficina paralela
Ambos se refirieron a una oficina que funcionaba en el primer piso de la sede central de Bomberos, al lado del despacho del director donde acudían gestores de grandes superficies.
Jiménez refirió que pensó que estaba destinada a agilizar los trámites. “Con el tiempo, recibí comentarios entre los cuales de la Cámara de Propiedad Horizontal que asesoré, de que ahí le habían cobrado”, señaló y agregó que la manejaban “(Eduardo) Rivadero, (Sergio Enrique) Sosa y (Gustavo) Folli”. Hay que aclarar que Rivadero confesó en un juicio abreviado inicial y recibió una pena de tres años de prisión condicional y Folli acordó en esta etapa de juicio un abreviado con la Fiscalía de Cámara. En la sentencia final se fijará la pena.
La oficina funcionaba a puertas cerradas y quienes trabajaban allí eran asignados por el director de Bomberos.
En la planta baja de la sede central de Bomberos funcionaba, en cambio, la Oficina de Asesoramiento y Proyectos Técnicos, el área encargada de certificar que negocios e instituciones cumplía con los requisitos exigidos para prevenir incendios, medidas adoptadas después de la tragedia de Cromañón.
Si bien Jiménez y Giraudo refirieron la existencia de la oficina paralela se basaron especialmente en “comentarios” porque dijeron desconocer qué trámites se hacían ahí.
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Un comisionado sin memoria
En tercer lugar, declaró un policía comisionado que llevó a cabo los primeros procedimientos de la causa cuando estaba radicada en la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
Matías Benítez también realizó transcripciones de intervenciones telefónicas.
Sin embargo, no pudo narrar con solvencia su investigación al señalar que pasaron años desde su participación en la causa y no recordaba los detalles.
El tribunal le llamó la atención y le sugirió que, a futuro, tome apuntes de las investigaciones o refresque su memoria antes de declarar como testigo.
Hay que recordar que el debate oral y público se realiza en relación a dos acusados: Julio Zárate y Sergio Enrique Sosa quienes no acordaron juicios abreviados como sí lo hicieron los ocho imputados restantes, entre los cuales el exsubjefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Folli Pedetta.