El Presupuesto 2027 del gobernador Martín Llaryora tomó estado parlamentario en la sesión de este miércoles en la Legislatura y puso en marcha la hoja de ruta que el oficialismo diseñó para avanzar con el tratamiento del paquete económico en las últimas sesiones de diciembre. Con un cronograma que contempla la exposición de ministros en comisión, dos lecturas parlamentarias y una audiencia pública, el PJ comenzó a ordenar los tiempos de una discusión que promete trasladar al recinto la confrontación de modelos económicos y fiscales con la oposición.

El paquete enviado por el Poder Ejecutivo está integrado por tres iniciativas: el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para 2027 (Expediente 48844/L/26); las modificaciones al Código Tributario, junto con la creación del Programa de Promoción para el Desarrollo y Consolidación de la Actividad Comercial (48845/L/26); y la Ley Impositiva para el próximo ejercicio fiscal (48846/L/26). Los proyectos fueron girados a las comisiones de Economía y Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y Legislación General.

"Este presupuesto comienza ya la etapa de tratamiento en las distintas comisiones, con la presencia de ministros y funcionarios provinciales", aseguró el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, al confirmar el inicio del recorrido parlamentario.

El legislador peronista también defendió el contenido del paquete económico y buscó instalar los principales argumentos de la gestión LLaryora ante un año marcado por el pulso electoral. "Lo más importante es que se trata de un presupuesto que genera herramientas de alivio para los cordobeses: reducciones impositivas, sostenimiento de las políticas de educación, de seguridad y también en materia social. Fundamentalmente implica un alivio para que Córdoba siga esta senda de progreso", afirmó.

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La hoja de ruta del PJ

La Comisión de Economía y Presupuesto, que preside el schiarettista Ricardo Sosa, será el ámbito central de la discusión legislativa. El cronograma informado establece que el próximo 25 de noviembre comenzarán las exposiciones de los funcionarios provinciales. En esa primera jornada concurrirán el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, y otros integrantes del equipo del Ministerio de Economía que conduce Guillermo Acosta.

Al día siguiente será el turno del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, quien expondrá sobre las partidas y previsiones presupuestarias de su área. El 3 de diciembre, en tanto, la comisión recibirá al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

La hoja de ruta comunicada por el PJ a las representaciones opositoras prevé que la primera lectura del Presupuesto y de las otras dos leyes económicas se de en el recinto el 9 de diciembre. Posteriormente, los días 14 y 15, concurrirán a comisión los ministros Julián López (Justicia y Trabajo) y Horacio Ferreyra (Educación), respectivamente.

Antes de la segunda lectura deberá realizarse la audiencia pública de rigor. Finalmente, el oficialismo proyecta llevar el paquete económico a la sesión del 22 de diciembre para avanzar con su aprobación definitiva.

De esta manera, el PJ busca llegar al cierre del período legislativo con el tratamiento económico encaminado y un calendario que permita ordenar las exposiciones, canalizar los cuestionamientos opositores y asegurar los consensos necesarios para sancionar las tres iniciativas.

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El alivio fiscal, en el centro de la disputa

El debate legislativo tendrá como telón de fondo la presentación que el propio Llaryora encabezó al inicio de la semana. El gobernador puso el acento en una "fuerte baja de impuestos" y en la prioridad de la inversión social para generar trabajo. Pero, sobre todo, aprovechó el anuncio para marcar diferencias con el modelo económico de Javier Milei, en un contexto que describió como complejo por el deterioro de la actividad, el cierre de PyMEs y las dificultades que atraviesan las familias para llegar a fin de mes.

El paquete contempla una reducción del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de los inmuebles y una baja de la alícuota general de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,50%. También prevé incorporar a 40.000 nuevos contribuyentes al régimen de alícuota reducida de ese tributo y crear un programa de promoción comercial para incentivar inversiones y generar empleo.

Según las estimaciones del Ejecutivo, el esquema de reducción tributaria permitirá que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses, mientras la Provincia sostiene la inversión en salud, educación, seguridad y programas sociales.

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Sin embargo, el planteo oficialista ya encontró sus primeros cuestionamientos. La oposición levantó la guardia y lanzó los primeros cañonazos sobre el gasto público, la estructura estatal y la consistencia de las cuentas provinciales. La propuesta del libertario Gabriel Bornoroni de eliminar el Impuesto Inmobiliario Urbano y la dura crítica por la incidencia 000.del alivio fiscal anunciado por Llaryora, abrió uno de los primeros focos de confrontación.

Desde la UCR, el Frente Cívico, Encuentro Vecinal y el PRO pusieron bajo observación el alcance efectivo de las rebajas tributarias y, especialmente, la ausencia de señales concretas de reducción del gasto estatal. De hecho, la representación juecista encabezada por Walter Nostrala ya adelantó su rechazo a la aprobación del presupuesto 2027.

El contrapunto expone distintas concepciones sobre el rol del Estado y la política fiscal. Mientras el oficialismo reivindica el alivio impositivo sin resignar el equilibrio de las cuentas públicas, el arco opositor plantea eliminar tributos mediante un recorte del gasto político. A su vez, reclama revisar la estructura estatal, el nivel de inversión y la consistencia de las proyecciones presupuestarias.

Con las elecciones de 2027 como telón de fondo, el paquete económico de Llaryora empieza a perfilarse como un nuevo escenario de confrontación política. El PJ ya puso en marcha el cronograma para buscar su aprobación antes del cierre del año. Sin embargo, la discusión excederá los números: el oficialismo deberá defender su modelo de gestión frente a una oposición que prepara su artillería para reclamar una mayor reducción del gasto y una poda de la estructura del Estado provincial.