Un documental advierte sobre la contaminación de acuíferos con agroquímicos en la llanura cordobesa

La doctora en Ciencias Geológicas Verónica Lutri, investigadora asistente de Conicet y docente del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), presentó semanas atrás un documental que advierte sobre la contaminación de los acuíferos en la llanura pampeana cordobesa.

La producción audiovisual surge a partir de su trabajo como corresponsal del Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Agua Subterránea (Igrac), con sede en los Países Bajos y vinculado a la Unesco. Lutri investiga desde hace años los efectos del glifosato y la atrazina en los cultivos de soja y maíz de Córdoba; es decir, el impacto de los agroquímicos en el agua y cómo este fenómeno podría afectar a los usuarios. Ahora, lo cuenta en un documental, con la intención de la difusión a un público masivo.

“El documental consiste en una recopilación de los resultados científicos de mi tesis doctoral y de testimonios de habitantes rurales de la zona de estudio. Esta iniciativa fue impulsada por Igrac-Unesco, el centro mundial dedicado al monitoreo y evaluación de las reservas hídricas subterráneas”, explica Lutri. Mediante esta red de corresponsales  internacionales se pretende documentar y socializar realidades territoriales complejas.

Para ello, Lutri recopiló material audiovisual en salidas de campo, relevamientos de pozos y testimonios de pobladores rurales. “Nuestra contribución técnica se centra en evidenciar la relación entre las características del medio físico y la dinámica de transferencia de contaminantes hacia las aguas subterráneas”, detalla.

La filmación se realizó durante un año. Comenzó en 2023 en paralelo a las campañas de muestreo de campo de la beca posdoctoral de Conicet de la geóloga y de diversas tesis de licenciatura de estudiantes de la carrera de Geología de la UNRC. La investigación de Lutri revela que se ha detectado una mayor concentración de herbicidas en aguas superficiales de lagunas con muy baja o nula velocidad de flujo y de arroyos.

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La geóloga explica que, en los acuíferos, la presencia de contaminantes depende de factores como el espesor de la zona no saturada y los materiales que la constituyen; es decir, si son con arenas, limos, etcétera. “Los hallazgos indican que los herbicidas alcanzan rápidamente, por macroporos, al acuífero libre en época húmeda y coincidente con época de aplicación”, indica.

Incluso -dice- en acuíferos a 20 metros de profundidad, con zonas con suelos muy gruesos (gravas y arenas) facilitan la lixiviación del herbicida atrazina, que es uno de los más usados, junto con glifosato. La atrazina es un compuesto prohibido en la Unión Europea desde hace más de 20 años debido a su persistencia ambiental y a sus efectos como disruptor endócrino.

Contaminación invisible

El uso de atrazina y el glifosato ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. Lutri detalla que, según datos del ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento, desde la implementación del modelo de siembra directa en los años ‘90, el uso de agroquímicos en Argentina ha escalado de 30 millones a 600 millones de litros anuales, lo que representa un incremento del 2.000%. Es una “contaminación invisible” que ya se detecta en los recursos hídricos subterráneos que antes se consideraban protegidos.

La investigadora explica que desde la hidrogeología es posible analizar cómo las características geológicas, del suelo, del clima, y la hidrodinámica del acuífero  favorecen o limitan el transporte de pesticidas, así como las concentraciones en las que estos compuestos podrían encontrarse en diferentes épocas. “Existen pruebas de que estas sustancias son nocivas para anfibios, peces y, en altas concentraciones, para los seres humanos”, remarca la investigadora.

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La exposición crónica a estos químicos, por contacto directo o por consumo de agua contaminada, se relaciona con patologías diversas (alteraciones hormonales, nerviosas y daños a órganos vitales, entre otras). “El peligro concreto de esta situación es que sustancias persistentes, como ciertos pesticidas, pueden infiltrarse y alcanzar los acuíferos utilizados para abastecimiento humano, riego o consumo animal”, explica Lutri. Cuando eso ocurre -añade- la contaminación puede mantenerse durante períodos más largos que si estuvieran en superficie, debido al menor potencial de degradación por microorganismos y a la dificultad de diluir por dispersión hidrodinámica estos contaminantes.

A partir de esos datos hidrogeológicos y de concentración, luego pueden realizarse evaluaciones toxicológicas y epidemiológicas específicas para determinar los posibles impactos sobre la salud según el compuesto, la dosis, el tiempo de exposición y los organismos afectados. “Estos estudios y monitoreos se ven en la actualidad truncados por el ajuste brutal que se aplicó en ciencia y tecnología”, subraya Lutri. Desde 2023, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) no subsidia la investigación en Argentina.

Temor entre los pobladores

Los testimonios de pobladores del campo, recogidos para el documental, perciben el riesgo por el uso de herbicidas y sienten miedo a la manipulación constante de químicos. “La población rural se ha reducido y las docentes en escuelas rurales observan cómo se prioriza el aumento de la producción sobre la salud comunitaria”, apunta Verónica Lutri.

En relación a la capacidad de la naturaleza para recuperarse, la geóloga explica que los microorganismos y procesos como la fotolisis solar ayudan a degradar estos compuestos, pero los volúmenes vertidos suelen superar los umbrales de regeneración natural. “Es imperativo migrar hacia sistemas más equilibrados. La agroecología se presenta como la alternativa principal para reducir drásticamente el uso de herbicidas y fertilizantes (como urea o fosfato de amonio), los cuales también generan altos niveles de nitratos en el agua”, subraya.

En este contexto, la investigadora considera que la acción más urgente es la actualización del Código Alimentario Argentino. “Actualmente, el glifosato y la atrazina no están normados en los parámetros de potabilidad, por lo que los municipios no están obligados a monitorearlos. Incluirlos permitiría visibilizar una contaminación que ya es casi generalizada”, remarca. Agrega, además, que es fundamental que tanto el sector productivo como el Estado reconozcan esta problemática para frenar el avance de la contaminación en las reservas de agua más críticas.