Juicio a las Juntas 27-09-2026

Este libro examina el Juicio a las Juntas Militares argentinas, celebrado en Buenos Aires a lo largo del año 1985, y ofrece al lector un conjunto heterogéneo de artículos, que incluye tanto la visión canónica como aproximaciones que introducen nuevas preguntas y enriquecen el debate historiográfico, jurídico y político, sin excluir miradas biográficas y testimonios personales.

La propuesta es reabrir el debate en torno al Juicio a las Juntas, porque hacerlo implica volver a discutir los modos en que se gestó y organizó la democracia argentina a lo largo de estos cuarenta años. Renovar la democracia exige hoy un debate más amplio y profundo que apunte a una reconstrucción de sus bases normativas, institucionales y culturales. El viejo motor de la democracia argentina muestra signos de agotamiento y requiere una rectificación profunda.

El juicio fue el fruto de un impulso ético y político que buscaba restaurar el imperio de la ley y que consideraba que esa cuestión era decisiva a la hora de inaugurar una nueva y duradera etapa democrática. La principal dificultad residía en determinar quién arrojaría la primera piedra: es decir, quién asumiría el riesgo de enfrentarse al poder militar, aún poderoso en su retirada.

Ese actor fue el gobierno de Raúl Alfonsín. Su herramienta central fue el Juicio a las Juntas, cuya importancia por ese motivo trasciende con creces tanto el plano estrictamente jurídico como el nacional. No solo prohijó la democracia, sino que alumbró el proceloso camino de la justicia transicional.

El juicio permitió reconstruir –y, por lo tanto, dejar asentada de manera documentada– la anatomía de un sistema de represión estatal que, si bien alcanzó durante la dictadura una escala y una sistematicidad sin precedentes, había comenzado a gestarse y a aplicarse ya bajo los gobiernos peronistas que la precedieron.

En la actualidad, pocos saben quiénes son los jefes de las distintas Fuerzas Armadas o quién ocupa la conducción del Estado Mayor, cosa muy común antes de 1983. Los integrantes de las fuerzas están ausentes de los medios de comunicación, y sus opiniones –más allá de temas de su saber estrictamente profesional– han dejado de tener relevancia en el devenir político y social del país.

Lo que hoy resulta completamente normal –especialmente para quienes ingresaron a la vida pública a partir del nuevo siglo– era muy distinto para quienes vivieron en el país desde la década de 1930 en adelante. Para ellos, la voz de los militares y su presencia en la vida pública constituía una constante. (…)

La envergadura del Juicio a las Juntas lo sitúa en una categoría excepcional. Para empezar, representó una verdadera proeza jurídica: dos toneladas de material probatorio, nueve excomandantes en el banquillo –tres de ellos, expresidentes de facto–, 839 testigos, 12 abogados defensores y 900 horas de testimonios. Tras casi nueve meses de audiencias públicas, el tribunal dictó una sentencia condenatoria para cinco de los nueve imputados, plasmada en 1300 folios, y estableció la consigna de que los procesos debían continuar con los mandos inferiores.

Todo el momento previo a la instancia judicial –la decisión, el diseño y la estrategia para llevarla adelante– involucró debates filosóficos y éticos, junto con discusiones partidarias y jurídicas que se desarrollaron de manera simultánea. También requirió la creación de una comisión investigadora, un proceso de reforma institucional en las reglamentaciones militares y debates parlamentarios destinados a modificar leyes y a designar jueces.

Y esto se realizó en un contexto en el que era necesario eludir las trampas provenientes de sectores de la derecha y de la izquierda mencionados en las acusaciones. A ello se sumaban las operaciones de inteligencia y las maniobras de los propios militares, que buscaban, al menos, entorpecer el avance de la investigación.

Como si ello fuera poco, la labor investigativa de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) se desarrollaba a plena luz del día, incluso en instalaciones militares todavía activas. A esto se añadía, por supuesto, la tarea de la Cámara Federal: revisar las evidencias, conducir el juicio y dictar sentencia en un tiempo que no admitía demoras. 

También es necesario considerar la tarea del gobierno constitucional que, además de impulsar el juicio, debía llevar adelante de manera simultánea la administración de un país atravesado por expectativas sociales heterogéneas y por las demandas, a menudo contradictorias, provenientes de todo el arco político.

Este episodio histórico colocó a la justicia ante su propio espejo y reveló sus posibilidades, sus límites y su relación pasada y presente con la política. Antes de que ocurriera, un juicio de esta naturaleza resultaba inimaginable, y de ello se desprenden varias cuestiones que irán desgranando los artículos que componen esta obra.

*/**/*** Compiladores de El juicio a las Junta Militares, editorial Eudeba (Fragmento).