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El Gobierno homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

La Secretaría de Trabajo oficializó el acuerdo salarial del sector agrario en el marco de la Ley de Modernización Laboral. Sandra Pettovello destacó que se trata de “un paso clave” hacia un sistema de negociación colectiva “más moderno, ágil y transparente”.

La confianza del campo está en su nivel más alto. Foto: reperfilar.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, anunció la homologación de la primera paritaria del peón rural formalizada bajo el nuevo régimen Ley de Modernización Laboral N° 27.802, donde la negociación colectiva se realiza directamente entre representantes sindicales y trabajadores.

Anteriormente, los montos mínimos para los salarios de los trabajadores rurales eran determinadas por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

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Según se informó en un comunicado oficial de Capital Humano, el acuerdo fue celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

Los detalles del acuerdo

La medida fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley N° 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio. En concreto, alcanza al personal permanente de prestación continua, tractoristas, trabajadores porcinos, personal olivícola, aplicadores de fitosanitarios, empleados del sector cáñamo, riego presurizado y tareas de alambrado en Patagonia.

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El esquema salarial prevé incrementos escalonados entre marzo y julio de 2026 para la mayoría de las actividades, aunque en algunos sectores específicos la vigencia se extiende hasta agosto o septiembre.

Para el personal permanente de prestación continua, categoría “Peones Generales”, el jornal mínimo pasó de $44.913,61 en marzo a $47.880,16 desde mayo y hasta julio, acompañado por sumas no remunerativas decrecientes. En términos mensuales, el salario básico alcanza desde mayo los $1.088.358,51, sin incluir adicionales por antigüedad o zona desfavorable.

Uno de los puntos relevantes del acuerdo es que mantiene la metodología de negociación por “categoría testigo”, es decir, tomando determinadas categorías representativas como base para definir las escalas del resto de los trabajadores. Además, el acta ratifica beneficios ya previstos en el régimen agrario, como la bonificación por antigüedad —del 1% por año hasta los diez años y del 1,5% luego de ese período— y el adicional del 20% para quienes prestan tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En cuanto a las actividades específicas, los trabajadores dedicados exclusivamente a tareas de aplicación de productos fitosanitarios tendrán desde mayo un salario mensual de $1.761.296,80 para la categoría “Peón auxiliar”, mientras que los conductores de equipos autopropulsados superarán los $2,5 millones mensuales. Por su parte, en la actividad olivícola los incrementos fueron pautados entre mayo y septiembre, con remuneraciones para personal de riego calificado que llegarán a $60.596,75 por jornal hacia julio.

El acuerdo también incorpora una cláusula de revisión, mediante la cual las partes podrán reabrir la negociación salarial si las condiciones económicas afectan las remuneraciones pactadas. A su vez, se estableció una cuota de solidaridad sindical del 2% sobre las remuneraciones para los trabajadores no afiliados a UATRE, que deberá ser retenida por los empleadores durante toda la vigencia del convenio.

Celebra el Gobierno

Desde el Gobierno calificaron la decisión como “un hecho histórico” para la actividad, ya que es la primera vez que la negociación salarial del sector rural se formaliza mediante el régimen previsto por la Ley N° 14.250, con homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas del sector eran determinadas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Con la reforma introducida por la Ley N° 27.802, las condiciones salariales pasan a acordarse entre las representaciones sindicales y empleadoras conforme al régimen de negociación colectiva vigente.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la medida en sus redes sociales y afirmó: “Hito histórico en materia laboral. Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral”.

“Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo”, agregó la funcionaria en una publicación en X.

El comunicado oficial sostuvo además que la homologación representa “un avance en materia de institucionalidad laboral”, al fortalecer el diálogo social y otorgar mayor previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores del sector rural.

Diferentes posturas

Sin embargo, desde UATRE cuestionaron el nuevo esquema. El secretario general del gremio, José Voytenco, afirmó que para el sindicato “no es ningún hecho histórico”, sino “una regresión en materia de negociación colectiva”.

“Con el esquema anterior de la CNTA teníamos una negociación aceitada donde las resoluciones salariales salían en 48 horas. Pasaron 45 días con acuerdos cerrados de las partes y recién ayer salió la resolución, después de una tranca burocrática que impone el nuevo esquema de homologación”, sostuvo.

Voytenco remarcó además que “el aumento homologado es a marzo” y advirtió que “la inflación se comió el aumento de los trabajadores rurales”. En esa línea, consideró que el nuevo sistema “es un traje a medida para el sector empresario y vuelve a cortar el hilo por lo más delgado: los trabajadores”.

El dirigente sindical también sostuvo que la reforma implica “una regresividad en la negociación colectiva” y cuestionó que el nuevo régimen “no respeta las características propias del sector rural, como la estacionalidad".

 

FN