Industriales bonaerenses denuncian una “aduana interna” en Ramallo y advierten que podrían cerrar fábricas
UIPBA y ADIBA rechazaron el nuevo registro municipal para el transporte de cargas y advirtieron que las sanciones podrían alcanzar a las empresas que contratan a los transportistas.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron las nuevas exigencias impuestas por el municipio de Ramallo al transporte de cargas y alertaron sobre su impacto en los costos logísticos y la actividad fabril. Las entidades advirtieron que el incumplimiento de los requisitos administrativos podría derivar en multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos, con consecuencias que incluso podrían poner en riesgo la continuidad de las fábricas que contratan esos servicios.
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El conflicto se profundizó con una ordenanza del 19 de octubre que creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP). El régimen que impulsa el municipio gobernado por el intendente Mauro Poletti (MDF) exige que los transportistas se registren y tramiten autorizaciones para circular por la zona industrial y acceder al puerto de San Nicolás, un corredor relevante para la producción y las exportaciones argentinas.
Para UIPBA y ADIBA, el sistema vuelve a imponer obligaciones burocráticas que habían sido eliminadas por el Gobierno nacional en 2024, en el marco de las medidas de desregulación del transporte de cargas. Según denunciaron, el nuevo registro municipal recrea exigencias similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), suprimido para simplificar la actividad logística.
Uno de los puntos que más preocupa a las entidades es que la ordenanza establece la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga ante eventuales incumplimientos de los transportistas. De esta manera, las consecuencias del régimen podrían extenderse más allá de quienes conducen los camiones y alcanzar directamente a las industrias que necesitan trasladar insumos, materias primas y productos terminados.
Un peaje de hasta $62.000 por recorrer cinco kilómetros
El nuevo sistema administrativo se suma a otra medida que las entidades ya habían cuestionado en septiembre, el de la creación de un peaje para el transporte pesado que circule por un tramo de apenas cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87, uno de los accesos habilitados para el tránsito de cargas en la zona.
Según UIPBA y ADIBA, el cobro puede oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje. Las organizaciones estimaron que la medida afecta a más de 100 empresas argentinas y que el costo anual podría llegar a $500 millones por organización.
Además, señalaron que el sistema de cobro fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación. De acuerdo con el comunicado, la firma ya instaló un pórtico de telepeaje en el ex Camino Provincial 87, mientras que el municipio comenzó a intimar a los transportistas por WhatsApp y otros medios para que soliciten el dispositivo TAG y se incorporen al sistema.
Las entidades consideran que la combinación del peaje y los nuevos requisitos administrativos agrega costos a una actividad que ya enfrenta dificultades. En ese sentido, cuestionaron que el corredor logístico se convierta en una fuente de recaudación y advirtieron sobre el efecto que puede tener sobre la competitividad industrial.
La advertencia de la industria por el “costo argentino”
En su comunicado, UIPBA y ADIBA sostuvieron que “un municipio no puede gravar mercaderías por el solo hecho de atravesar su territorio y menos aún bajo el rótulo de tasa vial”. Las organizaciones argumentaron que las medidas generan barreras a la circulación de bienes y encarecen el traslado de mercadería sin aportar valor adicional a la cadena productiva.
En esa línea, afirmaron que las iniciativas de Ramallo implican una nueva capa del denominado “costo argentino”, en un contexto en el que la industria necesita reducir los gastos logísticos para competir en el mercado interno y en el exterior.
El planteo de las entidades también apunta al efecto que podría tener la replicación de este tipo de regulaciones en otros distritos. “La creación de medidas de este tipo puede generar una red de barreras económicas superpuestas a lo largo de todo el país”, advirtieron.
Según señalaron, un esquema de estas características podría multiplicar los costos asociados al traslado de una misma carga a medida que atraviesa diferentes municipios, con consecuencias para la industria, el comercio y las exportaciones.
FN