La Secretaría de Educación, con casi la mitad de actividades sin ejecución presupuestaria

“Llamar a las cosas por su nombre y hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa el país requiere mucho coraje”, afirmó el presidente Javier Milei durante la presentación del Plan Nacional de Alfabetización. Pero también requiere de fondos suficientes. El presupuesto abierto refleja la inversión del Estado en ochenta acciones que lleva adelante la Secretaría de Educación para cumplir con sus programas vigentes. De ese total de acciones, 34 no presentan ejecución en el primer trimestre del año, y otras cinco tienen números muy cercanos a cero. Es la situación, por ejemplo, de los comedores escolares, dependientes del programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, para los que el Gobierno proyectó una inversión total de $ 173 mil millones: nada de ese dinero asignado se ve reflejado entre los recursos devengados. La asistencia financiera a los comedores prevé la misma proyección de ingresos y gastos, debe alcanzar a 12 mil instituciones, a las que Nación provee de infraestructura, materiales o insumos para funcionar.

El Programa Nacional de Compensación Docente es el que le sigue en importancia en cuanto a cantidad de recursos no ejecutados. Cuenta con $ 26.424 millones para, según define la ley que lo creó, “contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades”. Se trata, en definitiva, de transferencias a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar la retribución de los docentes del país. Tampoco este programa invirtió un solo peso de acuerdo a lo informado en el presupuesto abierto.

Dependientes del programa de Educación Superior, las actividades de Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional y de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria (con $ 11.310 millones y $ 4.830 millones, respectivamente) tampoco registran movimientos presupuestarios. 

El Plan Nacional de Alfabetización, con doce acciones o proyectos, presenta ejecución en la mitad. Algunos presupuestos, incluso, se achicaron: la formación docente orientada a la alfabetización pasó de un presupuesto inicial de $ 14.818 millones a los $ 5.792 millones. Para la compra de materiales educativos como parte de este plan nacional habrá también menos dinero: los $ 18.352 millones presupuestados se convirtieron en $ 6.816 millones.  Las acciones complementarias para el fortalecimiento del plan –prioritario, según lo ha ratificado en su discurso en más de una oportunidad el Presidente– mantienen los $ 7.000 millones asignados para 2026, que tampoco se invirtieron, ni siquiera parcialmente, en el primer trimestre.

Los programas dirigidos a garantizar la terminalidad educativa tampoco parecen ser prioridad en términos de asignación de dinero para mantenerlos. Tenían un presupuesto inicial de $ 3.000 millones que se convirtieron en $ 1.854 millones y que tampoco se devengaron. Cabe aclarar que todas estas reducciones de las que se habló hasta ahora se registran durante el año en curso. Es decir que, por ejemplo, para 2026 el Estado presentó –y el Congreso aprobó– un proyecto de presupuesto con $ 3.000 millones disponibles para este ítem.

Superávit y gasto devengado en otros organismos

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), “si se hace un análisis de la reducción acumulada del peso relativo del gasto público primario nacional durante los últimos 26 meses, se obtiene una baja equivalente a 10,4 puntos porcentuales del PBI”, un número que asciende a 11,1 puntos porcentuales si se considera también la reducción del gasto destinado al pago de intereses. “En este caso, el 91% de la baja del gasto se destinó a financiar la reversión del déficit fiscal y la generación de superávit fiscal y el 9% restante a financiar la pérdida de ingresos no tributarios”, explicaron en un informe. En definitiva, la diferencia entre lo proyectado y lo efectivamente utilizado por el Estado contribuye a mantener el superávit fiscal, uno de los mayores logros que se atribuye Milei.

El gasto se redujo, pero no para todas las áreas por igual. A los casi cuarenta proyectos de Educación que no presentan ejecución en el primer trimestre se suman otros dependientes de otras carteras como la de Justicia, que lideran la lista en el ranking de menor porcentaje devengado en total. 

Con el 25% del año ya transcurrido, el ministerio que dirige Bautista Mahiques devengó el 15,6% de su presupuesto. De las treinta acciones que figuran en los datos abiertos once aún no presentan ejecución (o presentan un gasto prácticamente nulo). Se destacan, como ha señalado en varias oportunidades este medio, los relacionados con la reparación y restitución de derechos a personas víctimas de trata.

El Ministerio del Interior, con un 13,4% devengado, presenta un porcentaje menor de acciones sin ejecutar. Entre ellas, las orientadas a los clubes de barrio (cuya crisis por el aumento de las tarifas y su reducción de actividades también fue ampliamente tratada aquí). El programa Deporte comunitario, infraestructura deportiva y predios deportivos nacionales tiene $ 250 millones disponibles para estas instituciones comunales que tampoco invirtió hasta el momento. 

El ajuste no llegó, sin embargo, a otros organismos. En servicios de mantenimiento, reparación y limpieza “no especificados”, la Secretaría de Inteligencia de Estado ya invirtió varias veces lo presupuestado: presenta el 3.426% devengado según el presupuesto abierto, ya que asignó $ 88,4 millones a este fin cuando tenía un total de $ 2,5 millones. Con los servicios financieros y comerciales (también bajo la figura de no especificados o n.e.p.) sucedió algo similar: ya se gastaron $ 244 millones cuando el presupuesto vigente es de $ 111 millones. 

En el pago al personal, como se ha señalado, la SIDE lidera el ranking de ejecución presupuestaria: el 32,12% del total del dinero vigente para el año en retribuciones al cargo y contribuciones patronales.