Los ajustes en discapacidad buscan convertir al sistema en asistencialista

“Habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”, había afirmado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa tras el anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y su conversión en una Secretaría dependiente del Ministerio de Salud. La decisión, que se hizo oficial el 31 de diciembre de 2025, fue criticada por especialistas en el tema precisamente por darle ese carácter “sanitario” al tratamiento de la discapacidad. En definitiva, por quitarle transversalidad a su abordaje. 

En los números, este enfoque se hizo evidente en el ajuste en el área desde mucho antes: de 2024 a 2025 el dinero asignado al programa de Acciones de Integración de Personas con Discapacidad se mantuvo en $ 4.768 millones y para 2026 bajó a los $ 3.130 millones. En términos nominales –sin considerar la inflación– la caída de este programa, dedicado a brindar asesoramiento y capacitación a las personas con discapacidad y las instituciones especializadas, es del 35%. 

“Esto implica consolidar el modelo médico-hegemónico que nos reduce a las personas con discapacidad otra vez a la condición de enfermos o enfermas”, asegura a PERFIL Gabriela Bruno, activista por las personas con discapacidad. “Dimensiones como los apoyos para la vida independiente; la accesibilidad física, comunicacional y simbólica; la participación social, cultural y deportiva; el sostenimiento de redes comunitarias y la continuidad de trayectorias educativas y laborales no son cuestiones ‘extra’ en nuestras vidas”, enfatiza.

Del presupuesto de la antigua Agencia desaparecieron las acciones orientadas a la “asistencia financiera para la accesibilidad recreativa y deportiva” y las de “rehabilitación con técnicas deportivas”. 

Y, si bien no son cuestiones “extra” sino que hacen a la calidad de vida, el reclamo de hoy es sobre necesidades todavía más urgentes. La Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en septiembre de 2025 (que la Justicia le ordenó al Gobierno cumplir antes del 4 de febrero) “está pidiendo lo básico”, explica a este medio Valentina Bassi, actriz, madre de un adolescente que tiene un trastorno del espectro autista y que en los últimos meses se ha convertido en una de las voces más resonantes en las marchas y reclamos por el ajuste en discapacidad.  “Lamentablemente tuvimos que retroceder a pedir derechos ya adquiridos que teníamos y que se perdieron completamente en estos dos años. Hoy una persona con discapacidad tiene muchísimas dificultades para acceder a la medicación que requiere para vivir o a las terapias de rehabilitación que necesita para tener una vida más autónoma”, agrega. “Lo que la ley pide y no se cumple es volver a contar con los derechos básicos para que una persona con discapacidad pueda tener una vida digna”.

El Gobierno pretende que la discapacidad se trate solo como un tema médico

Como ya señaló en diferentes notas este medio, los centros de día, instituciones de rehabilitación, docentes y transportistas están en crisis: endeudados y, en algunos casos, dedicados a otro rubro. “Se está creando una generación de personas con discapacidad que ya no tuvieron los apoyos que necesitaban en el momento en que los necesitaban” y ese daño, afirma, es irreparable. “Por eso decimos que ya es tarde. Si la ley se hubiese cumplido cuando salió, íbamos a estar mejor, pero ahora ya se perdió un montón”.

Los atrasos en los pagos pueden superar los 120 días y los aranceles siguen muy por debajo de lo necesario, a pesar de que el Gobierno anunció una suba en tres tramos de hasta el 35,4% aplicable en los últimos tres meses del año 2025. Los valores para los prestadores son definidos por el gobierno nacional, que pone uno de cada cuatro pesos de los invertidos. El resto les corresponde a las entidades privadas de salud.

“Muchas mamás no saben a qué lugar van a mandar a su hijo este año porque no consiguen acompañantes o escuelas”. Un acompañante escolar está cobrando actualmente $ 3.000 por hora, detalla. “Esto es voluntad política. La frase de que no hay plata es mentira. El sistema de prestaciones básicas se sostiene con las prepagas, las obras sociales y un aporte mínimo del Estado”.

En este contexto, sintetiza, “pensar en propuestas más recreativas o más inclusivas es una utopía. Ahora necesitamos tener lo mínimo. Es, como la palabra lo dice, una ley de emergencia”. 

Bruno, sin embargo, opina que esta ley que el Gobierno incumple puede propiciar cambios más alentadores hacia el futuro. “Expone la regresividad de las decisiones presupuestarias y fortalece la disputa por una discapacidad entendida como ciudadanía y no como patología. Su sentido político es reconocer que está en riesgo la posibilidad misma de vivir con dignidad y autonomía”, remarca. “No hay vida independiente posible si yo no puedo hacer un trámite, si yo no puedo tomar un colectivo, si yo no puedo habitar una plaza, si yo no puedo acceder a un trabajo con las adecuaciones que requiera, si no puedo ir a la escuela y tener las adaptaciones necesarias”, concluye. 

Del presupuesto que era de ANDIS desaparecieron programas de rehabilitación

Si bien no hay estadísticas oficiales, informes privados estiman que la desocupación entre las personas con discapacidad supera el 85%. La ley también establece la obligación de cumplir con el cupo laboral del 4% en la administración pública que, según la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) hoy llega al 0,9%.

El programa nacional, cuya reducción en 2026 llegará al 35%, también comprende entre sus metas la capacitación, asistencia técnica y subsidios para instituciones y personas con discapacidad. Pero el dinero destinado a sostenerlo será menos que lo gastado en 2023: $ 3.479 millones.