Prevén utilizar solo un tercio de lo recaudado para arreglar rutas

El abandono de las rutas nacionales alcanzó a su punto máximo este año, con un incremento galopante de los siniestros viales. Algunas provincias llegaron a exigirle a Nación que les ceda la administración para al menos poder arreglarlas con recursos propios o hacerse cargo de alguna forma. Mientras, el Gobierno subejecuta los fondos que recauda específicamente para el mantenimiento de los caminos y privatiza tramos donde los usuarios volverán a pagar por los baches. En el año próximo prevé hacer lo mismo.

En su ley de leyes, el ministro de Economía, Luis Caputo, calcula que recaudará $ 1.529.186 millones en 2027 por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), destinado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), el fideicomiso creado para el arreglo de las rutas. Desde que asumió Javier Milei, este tributo duplicó su peso, ya que el Gobierno lo llevó desde el 8,9% del precio final de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% actual, precisó el Instituto Argentina Grande.

De esos $ 1,5 billones, sólo le girará $ 503.882, el 33%, a la Dirección Nacional de Vialidad, según consta en la planilla 5A anexa del título 3 del Presupuesto 2027. El ICL lo abonan todos los conductores para financiar fines específicos, pero el Gobierno utilizará ese $ 1 billón restante para maquillar el superávit.

Este año, a través del expendio de combustible amasó $ 1,4 billones del ICL que no asignó para los caminos, tal como realiza seguimiento PERFIL de los números oficiales. Al cierre del ejercicio mediante una readecuación presupuestaria la Jefatura de Gabinete podría afectarlo a rentas generales. Con este sencillo y elegante pase contable se redirecciona para engrosar el superavit fiscal primario. Se trata de uno ficticio, porque para conseguirlo Caputo incumple con la ley que lo rige, mientras las rutas quedan abandonadas. Un trato similar reciben las universidades, con fondos que en lugar de dirigirse a pagar salarios, gastos edilicios y su normal funcionamiento quedan dentro de las cuentas bancarias del Tesoro.

En el caso de las rutas, el desfinanciamiento implica que no se construyen nuevos caminos ni se amplían los carriles de los existentes desde 2023 y que empeoraró significativamente el estado de las que corresponden a Nación. El Gobierno accedió en algunos casos, como Río Negro y Santa Fe, trasladarle el peso de los arreglos a las provincias. Pero la mayoría no cuenta con el sobrante suficiente para hacerse cargo de una responsabilidad que no le corresponde.

La rápida privatización de las vías argentinas que llevó adelante Caputo tampoco solucionará el problema, de acuerdo a lo que denuncian quienes siguen los casos. La diputada nacional Marina Salzmann aclaró que los peajes que se crearán en estas rutas donde antes no había para arreglar los cráteres que quedaron será un segundo pago que realizarán los argentinos por esa obra pública, ya que la primera se realiza a través del propio ICL que el Gobierno incumple en utilizar.