La clandestinidad de un aborto legalizado

Una mala praxis, la atención de un "médico incompetente" y el afán de ciertos sectores por obtener "beneficios económicos" con la salud de las mujeres, empujaron a Luisa a endeudarse en su desesperada búsqueda por acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Un procedimiento que, lejos de garantizar sus derechos, terminó poniendo en riesgo su integridad física.

A casi tres años de la promulgación de la Ley 27.610 (IVE/ILE), aún persisten circuitos clandestinos habilitados por las fallas de un sistema ineficiente. Desde el mercado negro de misoprostol, hasta profesionales que brindan una atención deficiente para luego lucrar en clínicas privadas, las personas gestantes siguen enfrentando obstáculos para acceder a un aborto seguro, legal y gratuito.

Son muchas las historias como la de Luisa que resuenan a lo largo del país. Algunas logran ser denunciadas e investigadas por el ministerio de Salud y su equipo legal, pero muchas otras quedan silenciadas por el peso del estigma que todavía existe en torno a este procedimiento. 

Según el último informe publicado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), alrededor del 30% de las asistencias técnicas realizadas entre abril y junio de este año por la línea 0800 Salud Sexual (0800-222-3444), y vinculadas al aborto, fueron denuncias sobre vulneraciones en el acceso a este derecho, tanto en el sistema público como en el privado. 

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Existen múltiples razones por las que muchas mujeres no logran acceder a una IVE de manera eficiente. Más allá de la estigmatización, persisten barreras estructurales como la insuficiencia de recursos, las desigualdades territoriales en el acceso, la objeción de conciencia de profesionales que no realizan derivaciones a otros especialistas, y la falta de información clara sobre el tratamiento.

Estas dificultades empujan a muchas personas gestantes a buscar alternativas por fuera del sistema de salud. Así es como toma forma el “circuito clandestino del aborto”, tal como lo denomina María José Corvalán, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y de la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“En tres años no vamos a desestigmatizar el aborto. Lo que cuentan muchas mujeres es que no quieren ir a pedir la consulta en el hospital, en el centro de salud de su pueblo, porque después las señalan. Eso les da miedo, les da vergüenza”, explicó Corvalán.

Además, advirtió: “No hay forma de buscar las pastillas (misoprostol/mifepristona) sin tener que dar la historia clínica y un nombre. Es por eso que tienen miedo, porque todavía hay señalamientos, y esto se convierte en una barrera”.

El caso de Luisa, espejo de una realidad silenciada

Un nuevo embarazo llegó a la vida de Luisa, una mujer de bajos recursos que no cuenta con estudios formales. Lejos de ser una alegría, se convirtió en un tormento para ella, ya que apenas puede mantener a sus otros hijos. Su deseo era acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, pero se encontró con complicaciones en el proceso para conseguirlo.

En busca de poder realizarse una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), Luisa se dirigió a un hospital en el interior de San Luis, confiando en que los especialistas la guiarían según lo estipulado por la ley. Sin embargo, el médico que la atendió no siguió el procedimiento difundido y recomendado por el ministerio de Salud.

En lugar de recetarle un blister de doce pastillas de misoprostol, como señala el tratamiento acorde, el especialista le indicó tomar solo dos píldoras: una ese día y otra al día siguiente. Además, le recomendó ingerirlas por vía oral, como un medicamento común, y no de forma sublingual, tal como establece el protocolo oficial.

La mujer siguió los pasos señalados y, debido a su desconocimiento sobre el tema y que a los dos días tuvo una mínima pérdida de sangre, consideró que el procedimiento había sido exitoso. Sin embargo, todo comenzó a ir en declive cuando al mes volvió al hospital para hacerse un ecografía de control y descubrió que aún estaba embarazada.

Con el reloj corriendo en su contra, tras haber pasado la semana 14 de gestación, Luisa recurrió nuevamente al doctor que le recetó las pastillas para poder finalizar con la IVE de la manera correcta.

En ese momento, el especialista le recomendó someterse a un AMEU (aspiración manual endouterina) y le explicó que él no lo practicaba en el sistema público, sino únicamente en un consultorio propio donde cobraba el tratamiento. Este ‘centro privado’ estaba ubicado en una casa particular de la ciudad vecina, donde trabajaba junto a otros dos médicos que actuaban de manera similar.

“Tenían un consultorio de aborto clandestino. Hacían fracasar los tratamientos en el sistema de salud público para después ofrecer el tratamiento por privado a precios desorbitantes”, mencionó Corvalán.

En su desesperación, Luisa accedió, pero la falta de recursos la llevó a endeudarse tomando un crédito y pidiendo dinero prestado para poder llevar a cabo el procedimiento. Después de realizar el pago, se le practicó un legrado uterino sin anestesia, un tratamiento que ocasiona un dolor tan intenso que algunas mujeres expresan haber deseado la muerte al sentirlo.

Así está el aborto en Argentina y en el mundo

“Encima que le sacaron plata, la hacen ir a un sistema clandestino de aborto en la noche y con mucho miedo”, cuestionó la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Luego de pasar un suplicio, Luisa logró dar con redes de contención sobre el acceso a una interrupción del embarazo segura, donde se le informó cómo debería haber sido el debido proceso. Finalmente, la mujer se atrevió a denunciar y actualmente el caso se encuentra en la justicia para su investigación. 

Esta historia se suma a la de muchas otras mujeres que atraviesan diferentes problemáticas para acceder a la IVE. Según señala Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud, al mes se realizan más de 30 denuncias a la línea 0800 salud sexual sobre casos en los que se presentan obstáculos para acceder al aborto.

El nombre de la víctima fue modificado para preservar su identidad y se omitió especificar la ciudad donde ocurrió por cuestiones de privacidad y para preservar la investigación. La información sobre este caso fue brindada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la justicia aún no se ha promulgado sobre el mismo. 

Clínicas clandestinas y misoprostol por Marketplace: el circuito ilegal continúa activo

“Si busca un aborto gratuito acérquese al hospital más cercano a su domicilio. No hacemos abortos gratuitos, como toda práctica en un lugar privado tiene costo, ya que realizamos aspiraciones mecánicas (practica no marcada como gratuita por la ley)”, así comienza el mensaje que envían desde una clínica de aborto publicitada en redes sociales.

Esta es una de tantas páginas que pagan por publicidad para posicionarse en las búsquedas de aborto o misoprostol en Internet y que, a través de la utilización de imágenes que hacen alusión a que son parte del ministerio de Salud, incitan a las mujeres a consultar por sus tratamientos.

El inconveniente con estas clínicas reside en que al intentar buscar un nombre, una dirección o algún indicio de que se trata de un centro médico legalizado, no se encuentra información alguna. Únicamente emplean imágenes y nombres genéricos como "Protocolo ILE Argentina" o "Centro Ginecológico". Además, la única forma de obtener una dirección es a través de un proceso tedioso en el que se deben proporcionar datos personales y enviar una fotografía del DNI.

Los costos de una interrupción del embarazo en estas "clínicas clandestinas" varían según la semana de gestación. Incluso llevan a cabo procedimientos más allá de la semana 14, algo que la Ley solo permite en casos de violación o cuándo la salud física o psicológica de la persona gestante está en riesgo.

A fecha del cierre de esta nota (18 de octubre del 2023), el precio de un aborto por AMEU en estos lugares es de $140.000 para un embarazo de 3 a 10 semanas; de $170.000, desde la semana 11 a la 14; $230.000, en las semanas 15 y 16; y $345.000, desde la semana 17 de gestación en adelante. 

“Dejan un WhatsApp y cuando hablás ahí te derivan a otro WhatsApp y a otro, y así te van pasando de un lugar a otro hasta que te desinforman o te desalientan. Son comerciantes que te dicen 'mira tené cuidado porque eso que hacen desde el ministerio de Salud no es bueno, el misoprostol es peligroso'. Dicen una cantidad de barbaridades y vos te la crees cuando no hay información bien difundida”, explicó Corvalán. 

Durante el desarrollo de esta investigación se consultó a las páginas mencionadas, si bien durante la conversación no hicieron alusión al supuesto daño que hace el misoprostol, sí señalaron que el AMEU no está contemplado por la ley de acceso a la interrupción del embarazo, algo que es incorrecto. 

Según sostiene la Ley 27.610 en su artículo 5°, inciso F, "el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La atención será brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.

En este sentido, el ministerio de Salud aclaró que el AMEU y el aborto con medicamentos se consideran procedimientos de primera elección para evacuar el contenido del útero antes de las 13 semanas de gestación. Asimismo, las dos técnicas están recomendadas por la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

Facebook se volvió una herramienta para todas aquellas personas que buscan venderle un tratamiento a las personas gestantes que, por diversos motivos, huyen del sistema público y no tienen el dinero suficiente para pagar un tratamiento en una clínica privada debidamente aprobada. 

Es por ello que también surge la venta ilegal de misoprostol y mifepristona por Marketplace. Basta con colocar “aborto” o “miso” en el buscador de la tienda de Facebook para que se despliegue una larga lista de publicaciones donde se ofrecen estos medicamentos.

Al contactar con estas páginas, muchas ofrecen promociones por cuatro pastillas de misoprostol, las cuales rondan entre los $16.000 y los $35.000. A pesar de que el tratamiento recomendado por el ministerio de Salud se realiza con doce pastillas, estos vendedores sostienen que “depende de la semana de gestación”. 

Cabe destacar que muchos también ofrecen promociones por una pastilla, por ocho y por doce, para que sus "clientas" puedan elegir lo que más se acomode a su bolsillo. El problema radica en que esta desinformación lleva a una mala práctica del aborto, la cual puede ocasionar severas infecciones y la necesidad de acceder a futuros tratamientos, como ocurrió en el caso de Luisa. 

Las dificultades persistentes en el acceso a la IVE

Las mujeres buscan opciones alternativas para poder realizarse a un aborto debido a que en la actualidad todavía persisten problemáticas en el acceso legal, seguro y gratuito de este derecho.

Desinformación

Una de las mayores barreras que se presentan en relación a la IVE es la desinformación que existe en torno al tema, especialmente en provincias del interior o en los sectores económicamente vulnerables de la sociedad, donde las desigualdades también se profundizan en el ámbito comunicacional.

“En algunas localidades, en algunas zonas rurales, no se sabe que el aborto es legal. Hay profesionales de la Salud que son médicos unipersonales en la salita y que dicen ‘a mi del ministerio no me llegó nada, yo no sé. Viene la paciente a preguntarme y no se que decirle porque no tengo idea’”, comentó Corvalán desde la Campaña Nacional de Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Por su parte, desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio también enfatizaron en la falta de información como una problemática actual. “Está claro que un gran pendiente es una campaña masiva de comunicación sobre este derecho, que no la hubo. Me parece que sería algo muy necesario porque hay lugares donde no circula esta información”, comentó la directora Valeria Isla.

Desde Amnistía Internacional Argentina señalaron que no solo no hay campañas públicas de información, sino que se toleran altos grados de desinformación, como la difusión de cartelería sobre líneas telefónicas “para acompañar embarazos inesperados” que es atendida por personas que buscan disuadir a las mujeres de su decisión de abortar.  

En este sentido, durante la investigación se identificaron páginas en redes sociales que, aunque se promocionan como clínicas de aborto, en realidad no son establecimientos médicos. Al avanzar en el proceso, se constató que se trata de grupos que intentan disuadir a las mujeres de su decisión mediante insistentes llamados telefónicos y la organización de encuentros presenciales bajo el pretexto de ofrecer "asesoramiento".

Barrera cultural y estigmatización

Otra de las problemáticas que vulneran el acceso a una IVE segura y gratuita es la barrera cultural, la cual trae aparejada una fuerte estigmatización y el miedo de las mujeres a ser juzgadas por su decisión. La referente social Mayra Arena señaló en una entrevista previa lo que sucede en los estratos más bajos a la hora de hablar sobre el tema.

“En los barrios cuando una chica no quiere tener al bebe, es tan dura la palabra aborto, culturalmente por nuestra formación que tiene mas influencia del cristianismo, es tan imposible pensar en el concepto de abortar, que en todo caso vos te podes encontrar con chicas pobres que te preguntan como perderlo”, señaló la dirigente. 

Estas barreras no solo son evidentes en los estratos socioeconómicos bajos, sino también en pueblos de las provincias argentinas, donde muchos profesionales de la salud hacen uso de la objeción de conciencia para no atender a sus pacientes, sin ofrecer la correspondiente derivación a otro médico.

Según el informe de Amnistía Internacional Argentina, uno de estos casos se puede encontrar en Tierra del Fuego, siendo que en Río Grande el único hospital público que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los 13 médicos de su servicio de tocoginecología son objetores de conciencia. 

Por esta razón, desde que la Ley 27.610 entró en vigencia, al menos 34 personas de esa ciudad con embarazos de más de 12 semanas tuvieron que viajar más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional de Ushuaia para acceder a un aborto. Estos traslados aumentaron en un 50% la demanda del hospital de Ushuaia. 

“Los grandes desafíos también radican en seguir disminuyendo las brechas de desigualdad territorial que hay en el acceso al aborto, ya que se nota que hay distintas situaciones en las diferentes provincias”, mencionó Isla, la directora de la DNSSR.

En este sentido, añadió: “Hay provincias difíciles, como San Juan, donde hay una red de profesionales por debajo que hacen circular la información, porque en algunos lugares las autoridades políticas e institucionales no están promoviendo la garantía del derecho”. 

Falta de recursos

Finalmente, otras de las principales problemáticas en las que hacen énfasis diferentes activistas es la falta de insumos y centros médicos dentro del sistema de salud público donde se practique el aborto de manera segura. 

Según el tablero de monitoreo de la DNSSR publicado sobre los resultados del último año concluido (2022), del total de efectores que ofrecen al menos una prestación de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), solo el 25,2% realizan interrupciones voluntarias del embarazo. 

Cabe resaltar que la cantidad de efectores que otorgan al menos una prestación de SSR es de 7.113, mientras que los que realizan la IVE alcanzan apenas los 1.793 centros públicos en todo el país. 

Asimismo, el informe de gestión trimestral de la DNSSR, publicado en octubre de 2023, señala que entre abril y junio de este año se distribuyeron en todo el país 18.856 tratamientos de misoprostol y 13.784 de combipack (misoprostol y mifepristona), facilitados por el comienzo de la producción nacional de estos medicamentos.

Sin embargo, en el caso de los instrumentos para realizar un AMEU, se observa que hay una deficiencia de insumos. En esos meses se distribuyeron a penas 25 equipos, los cuales se concentraron en cuatro provincias: Río Negro (6), Santa Fe (10), San Juan (4) y Neuquén (5). 

Desde el ministerio de Salud reconocieron esta problemática, aunque enfatizaron en que la mayor barrera radica en la capacitación de los médicos. “Es cierto que no hay tanta oferta de AMEU, pero es más que nada porque no hay tantos equipos profesionales que la puedan poner a disposición”, sostuvo Valeria Isla.

Y subrayó: “El problema más grande es que las instituciones permitan y habiliten a los equipos médicos. Hay algunas provincias que se resisten a la práctica de AMEU, por ejemplo en La Rioja”.

El 30 de diciembre se cumplirán tres años desde la sanción de la Ley 27.610 por la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo. A pesar de los avances alcanzados, aún persisten una serie de desafíos que deben ser enfrentados. La desinformación, la estigmatización, la escasez de insumos y una fuerte barrera cultural, sumadas a la desigualdad en un país poco federal, hacen que todavía existan circuitos clandestinos y que el acceso a un aborto seguro aún sea un privilegio para pocas.

Por Romina Veloso, estudiante de la Escuela de Comunicación de Grupo Perfil.

Investigación nominada a los Premios FOPEA en la categoria Estudiantes Universitarios, reconocimiento especial James Rowe. Trabajo hecho en el marco de la materia Periodismo de Investigación a cargo de Juan Luis Gonzalez y Juan Kavanagh.