Con marchas en todo el mundo, mañana se conmemora el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, práctica con un status muy desigual en el planeta. Mientras que en casi toda Europa se permite con la sola petición de la embarazada, en África suele autorizarse únicamente por motivos de salud o socioeconómicos. En Asia predominan las posturas en contra.
América muestra un panorama contradictorio. Aunque la Suprema Corte de México lo despenalizó este mes, su par estadounidense dictaminó el año pasado que ya no es un derecho constitucional federal, dejándolo en manos de cada estado.
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El aborto es legal en Colombia, Uruguay y Cuba, mientras que Bolivia, Ecuador y Perú lo permiten en casos de violación, incesto, problemas de salud mental y riesgo de vida para la mujer. En Brasil, Paraguay y Venezuela está prohibido, con excepciones para esa última situación.
Este 30 de diciembre se cumplirán en Argentina tres años de la sanción de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La norma reconoce el derecho a la IVE hasta la semana catorce de gestación, sin necesidad de explicar motivos. A partir de la semana 15, solo se contempla para las víctimas de violencia sexual o si hay peligro para la salud de la mujer. Los sectores público y privado deben garantizarlo de forma gratuita.
A fines del año pasado, el Ministerio de Salud informó que el sistema público había reportado 132 mil abortos desde la sanción, un 60% más de los declarados en 2020. Antes de la ley, un informe de distintos organismos especializados en género y derechos humanos había revelado que se practicaban más de 460 mil abortos clandestinos por año, el 15% de ellos a niñas y adolescentes.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la despenalización total e insta a los estados a eliminar maniobras dilatorias como períodos de espera o reflexión, internación compulsiva, consentimientos de padres, cónyuges o representantes legales y autorizaciones administrativas o por comités de ética.
