En la agenda del “tal vez, algún día”

El Presupuesto 2026, con metas de crecimiento e inflación que todavía están por verse, supondría un aumento de la inversión educativa por parte del gobierno nacional de, en el cálculo más optimista, el 8% para el año venidero. Como para tener una pauta de largo plazo, en 2005, se destinaba el 0,92%. Incorporando la inversión de las provincias –que aportan 750 de cada 1.000 pesos que se gastan en educación–, la meta para 2026 queda muy lejos del 6% fijado por la Ley de Financiamiento. El Gobierno es consciente y declara que el 4% o 5% le parece adecuado. Por eso, derogó el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional que fijaba precisamente ese piso del 6% y la Ley de Financiamiento Educativo es letra muerta.

En rigor, lo era antes del ascenso de Milei: en veinte años, esa meta se cumplió solo uno (2015) y también es muy cierto que, si miramos el largo plazo, la inversión educativa se estanca en 2011, coyunturalmente crece en 2015, y a partir de 2017 cae de manera sostenida. Algunos sostienen que la derogación del artículo 9° “sincera” una realidad. Tienen razón. Pero no menos cierto es que fijar una meta es el primer paso para planificar y medir el cumplimiento o no de esos objetivos. Además, reducir el gasto no parece el mejor camino para esperar mejores resultados. Y el sistema educativo tiene mucho que resolver.

Esta no es la única pista que muestra la no prioridad de la educación. Las elecciones del 26 de octubre nos proporcionan otras señales. El partido que “pintó” de violeta el país, en medio de un abstencionismo electoral que supera el tercio, no destinó ni una sola línea en sus plataformas electorales a educación. Basta con ver los textos de PBA, Córdoba, Mendoza, CABA. En Santa Fe ni siquiera lo presentaron ante la Justicia electoral. Curioso, porque la plataforma es idéntica en todos los distritos. Sí, sabemos que les importa la ley antibarras, la reforma en el Código Penal juvenil, adecuar las FF.AA. ante hechos de terrorismo, disolver el vínculo matrimonial en sede administrativa, el manejo de incendios, entre otros. Agenda a la que se suma, como es sabido, las reformas laboral, tributaria y previsional.

Ese desinterés del bloque libertario se repite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. A lo largo de casi dos años de mandato, celebraron que la escuela privada Nordbridge de Mendoza incorpore el modelo educativo de Elon Musk, denominar escuelas malvinenses a las que cuenten con un padrino exveterano y declararon de interés cultural una diplomatura sobre Malvinas. También bregaron por la incorporación de educación vial en las escuelas y declararon el 15 de septiembre como Día Nacional de las Escuelas Evangélicas. En su pasado en el PRO, la diputada Ajmechet cuenta con un haber mayor incorporando, entre otros, el abordaje de la ludopatía, la introducción de la enseñanza financiera, de programación y robótica en las escuelas, la obligatoriedad de las pruebas Aprender y la difusión pública de los resultados, entre otros.

Nobleza obliga, sí existe un proyecto de fondo por parte del bloque libertario en la Cámara baja: eliminar el aporte a la caja complementaria previsional docente destinada a jubilaciones y pensiones. Entienden que debe ser una opción “libre” y voluntaria de los individuos, eliminando, además, la intermediación del empleador. No es claro, en el proyecto, hacia dónde iría el aporte. En suma, anticipan aspectos de la reforma previsional.

En este cuadro de abulia, el Gobierno, previo a las elecciones, anunció el “canje de deuda por educación”. ¿En qué consiste? Es un esquema de canje de deuda vieja, por deuda nueva, en teoría, a mejor tasa y/o plazo de pago con la garantía de distintos organismos internacionales para derivar el “ahorro” a inversión con fines sociales y/o educativos. Organismos como Unesco y Unicef promovieron ese esquema, en particular, en los 80 a partir de la llamada “crisis de la deuda”. Para nuestro país no sería un hecho inédito ya que, en 1993, canjeó deuda comercial con Senegal. Aunque ahora nuestros principales acreedores sean el tesoro norteamericano, el FMI y los fondos privados, entre otros.

Conviene recordar que la Argentina, a través del Tesoro Nacional, tiene actualmente bonos en moneda extranjera por unos 91.800 millones de dólares. Si se descuentan las tenencias del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el valor de mercado ronda, según Forbes, los 48.800 millones. Hasta el momento, 58 países, en 235 operaciones, descontaron deuda por 11.500 millones de dólares para desarrollo ambiental, centralmente. Como puede verse, con relación al contexto local, el impacto que puede tener esta medida es mínimo. Más bien se trata de un anuncio marketinero, más para el JP Morgan, que intervendrá en el diseño del canje, que para el país. Eso sí, de prosperar, Argentina se sumaría al pelotón que encabezan Ecuador, Belice, Gabón, El Salvador, Bahamas y Barbados, todo un síntoma del lugar que pareciera ocupar nuestro país hoy.

¿Un anuncio del nuevo “consenso”? Puede ser. Recordemos que Daniel Filmus acaudilló este proceso en octubre de 2003 cuando era ministro de Educación de Néstor Kirchner. También, en esos años, estuvieron dispuestos a incorporar algún mecanismo de desgravación impositiva para los tenedores privados de deuda que invirtieran en educación. La clave está en entender que no necesariamente implica recursos inmediatos y “frescos” para el sistema educativo. Tampoco un plan integral porque su alcance es escaso y está plagado de acuerdos de confidencialidad y lógicas sospechas.

Así las cosas, la deuda real con el sistema educativo permanecerá sólida. Esa que muestra que hace décadas la educación se degrada y pareciera no despertar el interés de quienes nos gobiernan ni siquiera cuando van a elecciones. Tal vez, la falta de un programa real para resolver esos problemas explique esa recurrente “desmemoria”.

*Docente. Investigadora. Directora del área de educación del Ceics. Miembro de Vía Socialista.