En diez días el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronunciará sobre el reclamo argentino para que se impida la explotación ilegal de hidrocarburos en aguas disputadas de Malvinas . 

El Gobierno espera con reservas el resultado de una apuesta sin antecedentes en torno al conflicto por las islas.

La iniciativa de recurrir al Tribunal acompañó la decisión del Gobierno de endurecer la posición en el diferendo con el Reino Unido. Un drástico giro a la política por Malvinas, derivada de una lectura entusiasta de declaraciones de Donald Trump, respecto de las relaciones de EE.UU. con Gran Bretaña.

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Recordemos. A finales de agosto, en una de las encerronas que le presentó la guerra contra Irán, Trump dio lugar a la posibilidad de que Washington altere su tradicional postura de neutralidad sobre la soberanía en las islas. La cuestión Malvinas surgió allí en el contexto de sus demandas a los países de la OTAN para que incrementen su gasto de Defensa, reclamo vinculado al distanciamiento de la Casa Blanca de sus aliados atlánticos. En cuanto a Londres, lo que hizo Trump fue deslizar una factura al gobierno laborista por lo que considera la falta de compromiso británico respecto de la guerra con Irán.

Las declaraciones de Trump despertaron la ambición del estratega político Santiago Caputo. Empujado por los vientos nacionalistas, tan de época, tan de las Fuerzas del Cielo, Milei salió por cadena a declarar Malvinas como una “causa sagrada”: anunció un endurecimiento de las sanciones a empresas que operen o colaboren en actividades en aguas en disputa —proyecto en trámite en el Congreso— y más recursos para la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. 

La decisión de llevar la cuestión de la explotación petrolera a arbitraje internacional se inscribe entre esas iniciativas.

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Trump, un hombre de opinión digamos influenciable, no volvió a hablar del asunto tras la reunión que mantuvo en septiembre con el premier Andy Burnham. Malvinas fue uno de los temas de ese encuentro.

El Gobierno tomó con cierta despreocupación la propuesta estadounidense de mediados de octubre de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, ámbito en el que año a año la Argentina expone su reclamo por las islas. Concentró sus esfuerzos en desafiar el proyecto Sea Lion (y en modificar la ley sobre Malvinas, tras un sonoro reclamo de Washington).

El miércoles pasado concluyeron en Hamburgo las audiencias del Tribunal del Mar. La delegación argentina pidió que se dispongan medidas urgentes que impidan el avance del proyecto que involucra a las empresas Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, británica. 

La demanda incluye cuatro puntos centrales: 

-Suspender las nuevas perforaciones 

-Impedir que información surgida de la exploración se use en perjuicio de derechos argentinos 

-Garantizar que Argentina pueda cumplir sus obligaciones ambientales 

-Evitar nuevas autorizaciones en aguas en disputa.

Marcelo Kohen, ex juez del Tribunal del Mar, fue uno de los expositores por la delegación argentina. Kohen recordó que en 1995, ambos gobiernos adoptaron una declaración sobre la cooperación en áreas marítimas bajo controversia. “El Reino Unido aceptó estos términos. Sin embargo, otorgó licencias de exploración de manera unilateral. Argentina intentó, sin éxito, lograr la aplicación de la declaración, hasta que la dio por terminada en 2007. No abandonó la cooperación; pero, como bien saben los argentinos, para bailar el tango se necesitan dos. Y el Reino Unido prefiere bailar solo”.

La participación de Kohen no es accesoria. Miembro y ex secretario del Instituto del Derecho Internacional, ha insistido, según fuentes diplomáticas, en que la Argentina exponga la cuestión Malvinas ante tribunales internacionales, contra la opinión tradicional de la Consejería Legal de la Cancillería. 

“Históricamente ha habido un grupo mayoritario en la Cancillería que cree que es exponerse, quizás, a perder diplomática o jurídicamente, lo cual podría hacer retroceder el reclamo 70 años”, dijo una segunda fuente diplomática consultada.

¿Qué plantearon los británicos? Que el tribunal no tiene jurisdicción para tratar el caso, no hay urgencia para el dictado de medidas provisionales, el riesgo ambiental es “muy bajo” y que bloquear el proyecto tendría consecuencias “devastadoras” para los isleños.

Voceros de la Cancillería dijeron que se aguarda el fallo con cautela, aunque no ocultan una cuota de optimismo. “Confiamos en el rigor técnico y la excelencia con la que presentamos nuestra posición ante el tribunal”, aseguran. Los especialistas coinciden en que el equipo argentino es sólido, y que el escenario más previsible, de acuerdo con los antecedentes, es que se apele a una solución salomónica.

Si el tribunal accede al pedido argentino y detiene la actividad petrolera, el Gobierno se habrá anotado una victoria como no ha habido sobre Malvinas desde el regreso de la democracia. Y ante la falta de resultados económicos, será una carta brava en el año electoral. 

Si en cambio hay un rechazo, buscará disimularlo. Pero las consecuencias podrían ser lesivas para los intereses argentinos. La moneda, en el aire.