"Mamarracho jurídico"

El ministro de Justicia de Kicillof propuso indultar a Cristina Kirchner “el primer día” y reavivó el debate político y judicial

En una entrevista, Juan Martín Mena defendió que el indulto repararía una persecución judicial y mediática contra la expresidenta. A la par, insistió en que Cristina prefiere no un "perdón", sino un juicio justo.

Cuestionó causas como la de los Cuadernos, llamándola un "mamarracho jurídico" con evidencias manipuladas Foto: Noticias Argentinas

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, generó fuerte repercusión este miércoles al manifestarse a favor de un eventual indulto presidencial para Cristina Fernández de Kirchner. Ante la posibilidad de un futuro gobierno peronista, aseguró que impulsaría la medida desde el inicio de la gestión, incluso si la propia exmandataria se opusiera, y fue categórico al referirse a su situación judicial, ya que cumple prisión domiciliaria.

“Si de mí depende, el día uno se la indulta a Cristina”, afirmó, y remarcó que la exmandataria “no quiere el perdón, sino justicia”, en alusión a su rechazo histórico a esa herramienta constitucional.

Además, sostuvo que la causa que derivó en la condena de Kirchner fue acompañada por una “construcción mediática”.

La propuesta reavivó tensiones políticas, con opositores recordando limitaciones constitucionales al indulto por corrupción 

Figuras como Juan Grabois ya exigían lo mismo en enero, condicionando liderazgos peronistas a firmarlo primero

En ese sentido, cuestionó el accionar del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, a quienes señaló como responsables de impulsar investigaciones con irregularidades. Además, reiteró denuncias sobre presuntas presiones a testigos, mencionando el caso de Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner, quien declaró como arrepentido.

Sus declaraciones coincidieron con la reciente presentación judicial de la expresidenta en los tribunales de Comodoro Py, en el escenario de la Causa Cuadernos. El funcionario calificó ese expediente como un mamarracho jurídico” y lo definió como un ejemplo de persecución política a través del Poder Judicial.

A partir de lo que detalló, peritajes realizados sobre los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno detectaron numerosas irregularidades, como más de 1.500 enmiendas y la presencia de distintas grafías, lo que —a su criterio— pone en duda la validez probatoria del material. Para Mena, este tipo de causas representan la “máxima expresión del lawfare”, término utilizado para describir el uso de herramientas judiciales con fines políticos.

Qué dice el artículo 36 de la Constitución sobre indultos

El debate sobre un eventual indulto a Cristina Fernández de Kirchner tras la condena firme en la Causa Vialidad enfrenta un obstáculo clave en el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994. 

  • Declara insanablemente nulos los actos de fuerza contra el orden institucional.

  • Excluye a sus autores de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

  • Incorpora que también atentan contra la democracia quienes cometan “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.

  • Prevé sanciones severas, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y habilita la imprescriptibilidad de estas acciones.

En el plano jurídico, existe una discusión abierta. Constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez y Christian Cao consideran que el artículo 36 configura una prohibición implícita pero contundente del indulto para delitos de corrupción, al colocarlos en el mismo plano que los atentados contra la democracia. Aun así, una postura minoritaria interpreta que la inhabilitación expresa solo rige para los actos de fuerza y que sería necesaria una ley específica.

Sin embargo, un antecedente en este debate se dio en 2016, cuando la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción al invocar el artículo 36, al entender que afectan el orden democrático. Ese fallo reforzó la idea de que estos delitos poseen una gravedad institucional equiparable a la de los quiebres del sistema.

Insistió en que Cristina prefiere no un "perdón", sino un juicio justo, aunque él lo aplicaría de inmediato

En términos políticos y jurídicos, si prevalece la interpretación más restrictiva, ningún presidente podría indultar o conmutar una pena por delitos como la administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. En ese escenario, cualquier intento de aplicar un indulto no solo generaría un fuerte conflicto institucional, sino que probablemente sería impugnado de inmediato ante la Corte Suprema por violar el principio de supremacía constitucional.

MV