La conflictividad social en Francia vuelve a intensificarse con nuevas movilizaciones y una huelga general impulsada por las organizaciones sindicales. Aunque el Gobierno aceptó aumentar el salario mínimo y abrió negociaciones paritarias para diferentes sectores profesionales, las medidas no alcanzaron para desactivar el malestar.
“El gobierno se ha visto obligado por toda esta presión a aumentar el salario mínimo, pero ha sido considerado ampliamente insuficiente por parte de los sindicatos”, explicó el periodista Juan Francia en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. En ese contexto, señaló que las principales reivindicaciones continúan siendo el incremento de los salarios, el rechazo al proyecto de presupuesto de ajuste y la adopción de medidas urgentes para contener el costo de vida.
Los reclamos sindicales y el conflicto con el Gobierno francés
Entre los reclamos también se encuentra el congelamiento de los precios de productos esenciales, especialmente alimentos y combustibles. A estas demandas se suman las movilizaciones estudiantiles, que desde septiembre reclaman mejoras en la calidad educativa.
La tensión aumentó después de una reunión entre representantes sindicales de los empleados públicos y el primer ministro, Sébastien Lecornu. Según relató el corresponsal, los dirigentes abandonaron el encuentro disconformes con las respuestas oficiales. “Fue una reunión para nada”, resumió al describir la evaluación sindical.
Además, la CGT denunció que, tras el incremento del salario mínimo, unos 850.000 empleados públicos quedaron por debajo de ese nivel salarial, una situación que profundiza el conflicto.
El empleo público, en el centro del debate electoral francés
La disputa social también se proyecta sobre la campaña presidencial, a menos de seis meses de las elecciones. Los candidatos presentan propuestas contrapuestas sobre la dimensión del Estado y la cantidad de trabajadores que deberían integrar la administración pública.
Entre las iniciativas de la derecha aparecen fuertes recortes. Éric Zemmour propone eliminar 800.000 puestos, Bruno Retailleau plantea suprimir 400.000 y Édouard Philippe, 250.000. Gabriel Attal, por su parte, propone reducir 100.000 empleos públicos.
“Ahí vienen todos con la motosierra”, ironizó Francia al describir estas iniciativas. En contraposición, el Partido Comunista plantea incorporar entre 400.000 y 500.000 trabajadores, mientras que los ecologistas proponen sumar 250.000 puestos. Jean-Luc Mélenchon, candidato de La Francia Insumisa, anunció una inversión de 22.000 millones de euros en servicios públicos.
“Tenemos también dentro de este debate dos posiciones diametralmente opuestas respecto a qué rol va a ocupar el Estado en los próximos años en Francia”, concluyó.