Andrea Castagnola, experta en justicia: "La domiciliaria a Cristina Kirchner apacigua la polarización en Argentina"

Andrea Castagnola, doctora en Ciencias Políticas y experta en instituciones judiciales, aseguró que “la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner apacigua la polarización en la Argentina”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), analizó la composición actual de la Corte Suprema, los desafíos de la justicia frente al poder político y las nuevas formas de manipulación judicial en las democracias latinoamericanas.

Andrea Castagnola es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh y posee un posdoctorado en métodos cuantitativos por la Universidad de Bergen, en Noruega. Es profesora visitante en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. También se desempeña como consultora externa del Banco Mundial, el BID, USAID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es experta en transparencia, justicia, instituciones, rendición de cuentas, género, lucha contra la corrupción y ciencia de datos.  

Para el Poder Judicial, el triunfo de Milei puede destrabar la designación de jueces y nombramientos en la Corte

Escribiste "Manipulating Courts in New Democracies: Forcing Judges Off the Bench in Argentina". Trata sobre cómo se manipulan las cortes en las nuevas democracias y, específicamente, el caso de la Argentina. En Brasil, el Supremo Tribunal tiene 11 miembros, la misma cantidad que los jugadores de la selección, y dicen en Brasil que se saben más los nombres de los jueces de la Corte que de los jugadores de fútbol, para dar dimensión del protagonismo que tienen en la vida cotidiana. Solo hay una mujer, Carmen Lúcia, y ahora hay todo un debate porque se crea la oportunidad de nombrar a un nuevo miembro del Supremo Tribunal y la discusión con Lula es que tiene que nombrar a una mujer. Así que quiero comenzar haciendo esa pregunta. ¿Creés que en la nueva composición de la Corte es fundamental que haya mujeres?

Estando en el 2025, que no haya ninguna mujer integrando nuestro máximo tribunal es un evento que no existe en América Latina. Seríamos hoy, actualmente, la única Corte en donde no hay una mujer, y sí es importante la diversidad. La Corte Suprema argentina se merece volver a tener representación de mujeres. Si vienen de carrera judicial, de perfil académico o de otro perfil más político, es algo que decidirá el Congreso. Pero sería un buen momento y una gran oportunidad para que entren juristas mujeres o académicas mujeres, que las hay.

Esa diversidad plantea mucho más que género.

Sí.

Por lo tanto, son muchas diversidades, para decirlo de alguna manera, ¿no? Puede ser generacional, de género, de nivel socioeconómico, origen, afiliación política o geográfica, representando distintos sectores. ¿En lo particular, sos más proclive a pensar que sería mejor que fueran más miembros de la Corte?

Recordemos que el Poder Judicial no es un órgano representativo. Los representativos son el Legislativo y el Ejecutivo. No obstante, dada que la Corte Suprema es la máxima instancia dentro del Poder Judicial, queremos que haya una deliberación con diferentes visiones, con diferentes voces, justamente para que se llegue a un debate mucho más rico. Sin una diversidad al interior de nuestro máximo tribunal, es difícil suponer que se va a llegar a este debate fortalecido.

Entonces, la diversidad tendría que ser la pluralidad de visiones, más allá del género, sino de perspectivas. Inclusive, una corte constantemente unánime lo que nos podría estar dejando abrir la puerta es que no hay un debate, que hay un consenso implícito. Y lo que nosotros queremos es que el máximo tribunal tenga la capacidad de deliberar, y cuanta mayor diversidad de voces, mayor va a ser el consenso a futuro como sociedad.

¿Vos decís que sería virtuoso que los fallos de la Corte no fueran por unanimidad?

No necesariamente digo que no es por unanimidad, simplemente que cuando la unanimidad se genera por la misma visión constante de varones blancos de clase alta es una unanimidad. Ahora, si generamos una unanimidad en función de una diversidad de perfiles, esa unanimidad genera un proceso de deliberación mucho más sofisticado, en donde diferentes personas logran ponerse de acuerdo en puntos comunes.

¿Cómo se manipulan las cortes en las nuevas democracias?

La manipulación en las cortes y las nuevas democracias viene en diferentes envases. Algo que se ve mucho hoy en día son las reformas a los poderes judiciales. 

¿México sería el caso?

México sería el caso, en donde lo que se vende a la ciudadanía es un proceso de una reforma o la democratización de la Corte, en donde el discurso muestra una cara diferente de cuál es la intención genuina por detrás de los políticos. Algo que se ve mucho y que desde la ciencia política lo venimos estudiando es que la erosión de las democracias empieza en los poderes judiciales. Las cortes son la última línea de batalla frente a los avances de los presidentes fuertes por sobre los otros poderes. Y el Poder Judicial es el último que tiene la capacidad de restringir esos avances. Entonces, cuando se manipula el Poder Judicial, se desestabiliza la separación de poderes y se amplía la permeabilidad de sobrepasar la función, por ejemplo, del Ejecutivo por sobre el Legislativo o sobre el Judicial.

¿La dificultad para nombrar procurador y un nuevo miembro de la Corte en Argentina debilita los fallos de la Corte? ¿Es un problema importante o puede continuar así hasta que haya un nuevo consenso político, aunque pasen dos o tres años?

La Corte está haciendo lo máximo con lo que tiene. Esta Corte de tres creo que sería mucho más interesante que pueda ser compuesta por dos personas más, que son las que estamos esperando. Está trabajando en su máxima capacidad y exige constantemente la generación de unanimidades. En tanto y en cuanto no haya unanimidad, tiene que convocarse a ministros suplentes, y eso genera mayor dilación. Y con la cantidad de causas que entran a la Corte Suprema...

El año pasado entraron 45 mil causas a la Corte Suprema, y la Corte resolvió 20 mil causas. No estamos hablando de una Corte Suprema al estilo Estados Unidos, donde resuelven 80 casos, sino que estamos hablando de miles y miles de causas. Yo creo que es momento de que haya un consenso para designar estas vacantes y que la Corte pueda empezar a agarrar velocidad y empezar a resolver temas más de fondo con un consenso mayor.

Marcabas que la Corte es el último límite a esta tendencia de presidentes autocráticos, que trasciende las ideologías. En el caso de México sería de izquierda, en el caso de la Argentina sería de derecha. ¿Encontrás allí que la Corte argentina, en 2024, no fue lo suficientemente activa para poner freno, por ejemplo, a una ley como el megadecreto? ¿Aspirabas una Corte que pusiera freno más rápido, que se pronunciara de alguna manera, y no lo fue por esa debilidad?

Milei llegó con muy buen apoyo después del balotaje y sacó este megadecreto. La ciencia política diría que una Corte Suprema, frente a un Poder Ejecutivo que llega con mucho poder, es cautelosa. Entonces, desde la ciencia política podríamos haber dicho que era esperable que la Corte Suprema no se haya expedido en el fondo de la cuestión, sino en cuestiones más procedimentales, y ya cuando la discusión estaba empezando a resolverse en los tribunales inferiores. Desde la ciencia política es esperable.

Ahora, yo, como ciudadana, hubiese esperado una Corte Suprema mucho más activa en la defensa de la separación de poderes, especialmente en las prerrogativas legislativas que el decreto que proponía el presidente se estaba abrogando. Entonces, como ciudadana, yo diría que es una Corte la que yo quiero que esté en la primera línea de batalla y constantemente velando por la separación de poderes.

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Previo al triunfo de Milei, el presidente de la Corte se había expresado de manera muy contundente. Dijo que no puede haber dolarización, no puede haber mención condescendiente respecto de la discusión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Ahora, cuando el Presidente ganó y asumió, esa asertividad se esfumó. ¿A qué lo atribuís? ¿A que cuando hablaba inicialmente podía llegar a suponer que, en realidad, no iba a llegar a presidente?

Los jueces son personas que cumplen una función judicial, que proveen el servicio de justicia, pero también son actores políticos desde el punto de vista de que resuelven temas de política pública. Nos puede gustar o no nos puede gustar: son actores políticos. Ahora, es diferente decir actores políticos partidarios que responden a un partido político.

Entonces, los jueces, habiendo pasado un proceso de juicio político están aprendiendo, especialmente los que vienen de carrera más académica, a jugar el juego político. Y aprender a jugar el juego político es bajar mensajes en función del timing y del momento. Justamente, cada juez y cada ministro tendrá su estrategia per se, pero sobrevivir en el cargo y ganar legitimidad es una de las estrategias que yo creo que cualquier ministro de la Corte Suprema tendría.

En sentido opuesto, ¿se podría decir que cuando Rosatti dijo “dolarizar es anticonstitucional”, le puso freno al presidente que luego fue electo y tuvo que cambiar de plan económico porque tuvo la advertencia del presidente de la Corte de que eso era inconstitucional? ¿Ejerció profilaxis, en lugar de a posteriori declarar inconstitucional una norma del Presidente?

Hubo muchos planes, políticas e ideas del Presidente cuando fue candidato que eran claramente inconstitucionales. La de dolarizar era un consenso dentro de los constitucionalistas, en donde difícilmente podría llegar a pasar. Fue una advertencia interesante de la Corte. Ahora, la pregunta que está es si efectivamente eso fue una amenaza disuasiva para el presidente, para no avanzar en esa línea, o fue meramente uno de esos planes de campaña que muchos tienen, en donde son más ambiciosos para captar votos de lo que efectivamente saben que pueden hacer una vez que están en el gobierno.  

Otro hecho que también lleva a suspicacias es que, inmediatamente después de las elecciones del domingo, la Corte tuvo una serie de decisiones en una proporción mucho mayor de lo que tenía habitualmente. ¿Ahí también hay una lectura política de que los miembros de la Corte esencialmente son políticos, aunque no sean partidarios?

Cuando uno analiza las decisiones de la Corte de forma histórica, desde el 73, que la ciencia política en el caso de Argentina ha analizado, se ve un comportamiento de los jueces en materia declaratoria de inconstitucionalidad que siguen los ciclos electorales, especialmente los ciclos presidenciales. Lo que estamos empezando a ver es que, dada la alta fragmentación al interior del sistema político argentino, las elecciones de mitad de término sirven mucho para entender la reconfiguración de las fuerzas políticas que antes tal vez no eran tan fuertes o marcadas como ahora. Entonces, dadas las elecciones del domingo pasado, la Corte es un actor estratégico que está atento a las cosas que están pasando, porque es algo que le afecta también el cumplimiento de sus sentencias.

Escuché muchas veces, entre personas que tienen tu especialidad, la discusión respecto de si el problema de la Argentina fue que la Corte de 1930 aceptó la legalidad del golpe de Uriburu. Si la Corte de 1930 se hubiese comportado de otra manera, Argentina no hubiera tenido los casi 50 años de dictaduras. Paralelamente, también me pregunto qué puede hacer la Corte. Si hay un gobierno que se impone por la fuerza, no va a reconocer lo que diga la Corte. ¿Cuál es tu propia opinión sobre ese dilema?

Lo que hace la Corte en 1930 es convalidar el golpe de Estado de Uriburu. Y lo que hace la Corte Suprema en ese momento es reconocer al militar como el representante del Ejecutivo. Si bien en la acordada los jueces, los ministros, dicen que van a estar velando por el respeto de los derechos individuales, civiles y políticos, lo que se ve es que en realidad no sucede eso en la práctica. Mi interpretación histórica del comportamiento de la Corte es que esa acordada es la semilla que planta o que convalida los excesos de los poderes ejecutivos que vinieron. De hecho, esa acordada de 1930 lo que genera es la doctrina de facto. Todos los gobiernos de facto se pararon sobre esa acordada, en donde cualquier acto emanado de un gobierno que llega por vía inconstitucional es legal. Esa acordada generó esta doctrina de facto, y en la reforma de 1994 se incorpora, en uno de los incisos, esta idea de que ningún acto emanado de un gobierno inconstitucional puede ser legal. La acordada de 1930 fue el inicio de una crónica de una muerte anunciada. 

¿Qué se hace? Porque la mayoría de las leyes vigentes son leyes que se fueron aprobando en gobiernos de facto. Si derogás todas ellas, el país se vuelve ingobernable, porque no habría tiempo para regular toda la cantidad de cosas necesarias mínimamente que se fueron haciendo a lo largo de 50 años, ¿no?

Es aprender a transitar la democracia y generar una gobernabilidad dentro de las instituciones democráticas y del principio republicano. Las democracias, especialmente las de América Latina, tienen estas historias de golpes de Estado y oscilación, tal vez no tan marcados como en Argentina. Algo que nos caracterizó a nosotros, a diferencia de América Latina, es la purga o el recambio completo de los jueces en las Cortes Supremas, de los gobiernos militares y de los gobiernos democráticos. Eso no sucedió en América Latina. En Argentina era fijo: llega un gobierno militar, tenemos que “desperonizar” la justicia, sacamos a todos. Llega un gobierno democrático, hay que sacar a los jueces militares.

Esa práctica de purga y oscilación es algo netamente argentino, pero cuando uno mira un poco más grande ve que la práctica también aparece en la región con diferentes patrones. Pero hay esta necesidad de aprender a jugar las reglas democráticas con las instituciones democráticas, habiendo heredado este pasado tal vez no tan democrático.

O sea que el caso inicial fue el de la Corte, porque a esa no la sacaron.

Esa no la sacaron. Es fácil hablar desde acá, muchísimos años después, pero la convalidación del golpe militar por la Corte Suprema, la máxima institución que había sobrevivido, porque el Congreso se cerró, generó cierta legitimidad e impermeabilidad, si se quiere.

Hasta facilitó los futuros golpes...

Facilitó y generó esta legitimidad implícita. Eso es algo que se ve mucho con los nuevos presidentes, esta idea que existe o que ha existido tradicionalmente en Argentina de que cada presidente tiene que tener su Corte o que cada presidente tiene que designar a sus jueces en la Corte, y que las Cortes tienen que acompañar las políticas de Estado o de los gobiernos. Eso es de 1930. Es difícil quitarle ese chip a un político.

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La defección estratégica, ¿a qué te resuena?

La defección estratégica es un concepto acuñado por una académica norteamericana que lo que nos dice es que los jueces de la Corte Suprema son actores estratégicos que van a estar votando en función de los intereses del presidente o de las fuerzas más importantes. Entonces, a medida que a un presidente se le está acabando la nafta o llega al final de su mandato, los jueces no tienen tanto interés estratégico en apoyar a ese presidente saliente, sino que necesitan o les interesaría más apoyar al presidente entrante justamente para garantizar su supervivencia en el cargo.

Ahora, algo que se ve muy claro hasta los 2000 es que no importa cómo voten o hayan votado los jueces de las Cortes Supremas: no sobreviven los cambios de gobierno, salvo algunos casos como Carlos Fayt, por ejemplo. Desde el 1983 hasta el 2016 sobrevivió radicalismo, menemismo, 2001 y kirchnerismo. Se ve que hay una salida bastante sincronizada de los jueces con los cambios de gobierno, con las reconfiguraciones políticas partidarias.

Tenemos el caso de Nicolas Sarkozy, condenado a ocho años de prisión efectiva en Francia. Ahí vemos cómo es este tema del lawfare. Al mismo tiempo, el conflicto que nos genera en Brasil, que el mismo Supremo Tribunal que había confirmado la condena de Lula, dos años después dijo que estaba mal hecha la condena. ¿Qué opinás del lawfare y qué nos dice de la condena de Sarkozy y la condena de Lula?

El lawfare sería la persecución de los políticos o expolíticos o exfuncionarios en los tribunales. Eso lo que nos está diciendo, si efectivamente existe un lawfare, es el uso político y la captura política de las cortes. Lo que se ve también es que muchos políticos, y en general, más allá de América Latina, tienen causas de corrupción. El tema de la corrupción es difícil de probar actualmente con las herramientas y los instrumentos legales, porque son figuras y delitos que están, algunos, en proceso de configuración y tipificación. Entonces, es un proceso judicial difícil de probar, a diferencia de un robo, sino que es algo más complejo. Dentro de esa complejidad procesal entran estos procesos de lawfare, o la persecución de la oposición en los tribunales.  

Por el otro lado, no quita que muchos de nuestros exgobernantes, en América Latina y en el mundo, tengan causas efectivas de corrupción. Y porque haya una causa comprobada de corrupción, eso no significa lawfare. El problema que estamos viendo en la sociedad es que no estamos acostumbrados a ver a estas personas enjuiciadas por ese tipo de delito. Es un delito que estamos empezando a entender cómo se prueba, y ver las condenas, especialmente en una sociedad que está cada vez más polarizada, genera tensión y deslegitimación, en algunos casos, de las sentencias de estos altos tribunales. Pero es un proceso hacia donde está yendo mundialmente: la persecución o la investigación de los delitos por corrupción, que son cada vez mayores y transnacionales.

El hecho de que Lula haya cumplido prisión verdadera en un centro de detención o el de Sarkozy ahora contrasta con el de Cristina Kirchner en su balcón, con el uso de las redes sociales. ¿Cuál es tu propia opinión sobre si la forma de detención de Cristina Kirchner y su continua intervención política es una forma de tensión aminorada?

En el caso de Sarkozy, él ya tenía otras causas probadas de corrupción, en donde había tenido hasta seis meses de condena en suspenso. Entonces, en ese caso sería un poco diferente al de Cristina, donde solamente tiene una causa comprobada. Después, el hecho de la prisión domiciliaria en Francia no es como en Argentina, en donde se puede pedir automáticamente a partir de determinada edad, sino que en Francia se solicita por otras cuestiones. Ya desde la movida estamos hablando de diferentes sistemas, en donde se habilitan determinadas concesiones a personas que están cumpliendo la condena.

El hecho de que Cristina la pueda estar cumpliendo en una prisión domiciliaria, a mí me parece correcto. Me parece que es una condena que fue bastante cuestionada por la sociedad, dada la polarización. Cuando uno analizaba la sentencia, independientemente de si la Corte avalaba o no la condena de la Cámara de Apelaciones, la sociedad iba a estar en contra, el Gobierno a favor y la oposición, no. Independientemente, iba a generar polarización. Me parece que la prisión domiciliaria genera una pacificación, entre comillas, porque no es lo que estarían esperando los seguidores de Cristina, pero sí me parece que es lo que, dentro del marco de la ley, estaría garantizado para una persona con las características que tiene Cristina.

No quiero dejar de hablar de Estados Unidos. Renunció el comandante en jefe de la Marina norteamericana, si bien no lo dice explícitamente, porque no está de acuerdo con que Estados Unidos mande portaaviones y buques de todo tamaño, sin autorización del Congreso, en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Trump tiene la mayoría de los jueces de la Corte afines. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, que era el, podríamos decir, el lugar donde la Corte Suprema se había caracterizado por desafiar al Ejecutivo, y nos encontramos con exactamente lo contrario?

Sí, es interesante lo de Estados Unidos porque, desde la ciencia política, los que estudiamos temas de justicia, el caso a seguir o nuestro caso modelo para comparar siempre fue Estados Unidos. Ya sabemos desde hace varias décadas que está dejando de ser nuestro caso de comparación. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es bastante alarmante, o por lo menos, si uno veinte años atrás se ponía a pensar en este escenario, era difícil de imaginar.

Están pasando cosas bastante preocupantes con el exceso de poder del presidente Donald Trump por sobre los otros poderes. Lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Estados Unidos se llama "docket shadow", que son los “casos en las sombras”. Si bien la Corte Suprema tiene la capacidad de elegir qué casos resolver, y por eso resuelven unos ochenta al año, hay una gran cantidad de casos que se están resolviendo en la Corte Suprema bajo el rótulo de emergencia y urgencia, que son justamente causas que desafían la legalidad de determinadas medidas del presidente en programas sociales o en temas de política pública a favor del presidente Trump. Es algo que está sucediendo en las sombras del Poder Judicial, y no se sabe cuáles son los argumentos de la Corte Suprema de Estados Unidos para respaldar estas políticas del gobierno de Trump, que son fuertemente cuestionadas por la oposición y también por la sociedad civil y la movilización legal. Es algo a seguir.

Yo diría que, con esta Corte y con este presidente, no hubiera habido Watergate, para ponerlo en términos concretos.

No hubiera habido.

TV cp