Daniel Sabsay: “Milei quiere inventar un delito por decreto”

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó el decreto de necesidad y urgencia firmado por el Gobierno para modificar la Ley de Migraciones y aseguró que la medida constituye “un despropósito total”. Según sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el Ejecutivo pretende crear un delito por decreto, algo que consideró incompatible con los principios básicos del derecho penal y la Constitución.

Daniel Sabsay es un reconocido abogado constitucionalista, jurista y académico, con una extensa trayectoria en la defensa de las instituciones y el derecho ambiental. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y dicta clases de posgrado en las universidades Austral y Torcuato Di Tella. Se desempeña como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ha recibido distinciones internacionales, incluyendo las insignias de caballero y oficial de la Orden Nacional del Mérito, otorgadas por el gobierno de Francia.

—Comenzamos primero por la aspiración de la expresidente Cristina Kirchner respecto de obtener alguna forma de intervenir sobre la anulación de su fallo, la modificación de su proscripción desde su perspectiva a ejercer cargos públicos. En la apelación que hace a las Naciones Unidas, no la hizo oportunamente en lo que era más tradicional, que el organismo interamericano, pero lo está llevando adelante en las Naciones Unidas. Usted, como conocedor de todos estos temas, me gustaría una reflexión sobre esto que le acabo de contar.

—Mire, la decisión de recurrir a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Penal Internacional es algo que no tiene precedentes. Es un verdadero disparate. Y además, aunque se pronunciara a favor de su petición, eso no tiene cosas vinculantes, es decir, no obliga a nuestro país. Es la diferencia con el sistema interamericano, en donde primero se llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una suerte de filtro. Si ella considera que efectivamente la cuestión tiene entidad, entonces la eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allí, si fuera una resolución positiva, eso sí tiene fuerzas vinculantes. Pero pueden pasar años.

—Y tengo entendido incluso que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un plazo de proscripción bastante breve que se ha cumplido, o sea que no podría presentarse allí.

—Exactamente. De 60 días. El principio sería también aplicable para la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Penal Internacional.

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—En esta enorme cantidad de temas que atraviesan lo jurídico, ¿cuál es su opinión sobre el decreto de necesidad de urgencia de ayer, promulgado hoy por el gobierno sobre modificación de la ley migratoria?

—Bueno, me parece realmente un despropósito total, porque se está creando un delito por decreto. Y se sabe que hay un latín, que dice ni un delito ni un tema sin el ley. Así que lo digo en latín para que la gente se dé en cuenta de la antigüedad que tiene el tema. Y acá lo quiero revertir. Delito sin ley. Ahora, yendo a la caracterización, la otra exigencia en materia de delitos es la tipicidad, es decir, que esté perfectamente bien descrito en qué consiste. En este caso, para nada, es sumamente difuso que es expresión de odio. Y después tiene un tema de prueba. ¿Cómo se prueba? Sse habla de escrita o verbal. ¿Cómo se prueba lo verbal? O sea, está todo muy mal hecho. Una inconstitucionalidad e inconvencionalidad, porque ya también son venios internacionales, manifiestos.

—Y otro tema más. Hoy vamos a tener la oportunidad de entrevistar aquí al doctor Eduardo Sosa. Usted acompañó durante décadas el reclamo de la justicia que había apartado al procurador de Santa Cruz y que luego no cumplió la disposición de la Corte Suprema de Justicia de volverlo al cargo, cosa que finalmente acaba de suceder después de dos décadas de lucha. Me gustaría una reflexión general suya sobre la situación entre la justicia y los poderes ejércitos. ¿Cómo la Corte Suprema da órdenes que luego el Poder Ejecutivo no cumple? A partir del caso, yo diría, paradigmático del ex procurador Sosa.

—Es una situación absolutamente anómala y que rompe el sistema republicano. De ese modo no hay separación entre los poderes y no se respeta, sobre todo, la independencia de la justicia. ¿Qué sucede en este caso? Acabo de recordar que en su momento, cuando la Corte Suprema dejó la orden, en la restitución del doctor Sosa, el presidente Kirchner, poco antes de su muerte, dio una charla para todos los gobernadores de ese mismo paciente político en donde dijo que se trataba de un golpe de Estado contra la soberanía de la provincia de Santa Cruz.

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Las provincias no son soberanas, son autónomas. Por lo tanto, cuando se violan este tipo de cuestiones, deben obligatoriamente cumplir con las mandas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue un disparate total lo que dijo. Lo dejó como un testamento demostrando cuál era el respeto que él tenía por la Constitución y las leyes de la Corte Suprema.

—Esta enorme cantidad de nombramientos de jueces, modificaciones en la cantidad, o búsqueda de modificaciones en la cantidad de integrantes de reducción, en la cantidad de integrantes de algunos tribunales de segundo y tercer orden, y, por el contrario, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que primero la idea era que no los hubieran nombres nuevos, y ahora parece haberlos. Me gustaría su reflexión general sobre el trato que este gobierno tiene en la orientación a la designación de jueces.

—Es absolutamente invariable lo que da una enorme inseguridad jurídica. No hay previsibilidad. El gobierno que habla tanto de inversiones extranjeras, con un modo de actuación semejante, nadie va a invertir en las instituciones. Evidentemente, ¿qué previsibilidad puede existir si a los magistrados de la República se les trata de esta manera? Es muy preocupante, una vez más, desde la era Milei, nos encontramos con la verdadera destrucción del Estado de Derecho.

—Una pregunta más de orden general, y que trasciende a la Argentina. En Francia, la candidata de derecha, Le Pen, tiene una condena judicial, que en este caso todavía le impide ser candidata. En el caso del presidente, ya habiendo ejercido su cargo, Sarkozy, también tuvo una breve, incluso, detención física. En Brasil, tuvimos una detención física, tuvimos el caso de Lula en su momento. Ahora en Bolivia, en la misma situación con Evo Morales. Mencionábamos recién el caso de Argentina con Cristina Kirchner. No sé si tiene como origen el manipulite en Italia en los años 90, que transformó la política italiana, las distintas tensiones entre la justicia norteamericana y Trump. ¿Cómo explicaría usted a sus alumnos la relación en el mundo, entre los poderes ejecutivos y los poderes legislativos, por lo menos en Occidente, y las democracias liberales?

—Yo siempre les digo a mis alumnos que el sistema constitucional y la posibilidad del logro del sistema republicano del Estado de Derecho es un ideal. Y, por lo tanto, hay que luchar para lograrlo, independientemente de los distintos tumbos que haya en el medio.

Ahora bien, si nosotros observamos con cuidado lo que está ocurriendo en las distintas instituciones, que usted nombró, es positivo, porque precisamente se están aplicando, de parte del Poder Judicial, límites al ejercicio del poder ejecutivo, sobre todo cuando buscan el ejercicio de esos poderes.

RM