Día 620: Escándalos de corrupción, ¿efecto retardado o efecto dominó?

Un escándalo de corrupción funciona como una bomba de tiempo o como el efecto dominó. Es decir, una vez iniciado el escándalo, una vez detonada la bomba o tirada la primera pieza de dominó, se inicia un proceso que reserva el resultado más dramático para el final. La diferencia es el tiempo. Así al menos lo explican varias investigaciones que parten de ejemplos concretos a lo largo del mundo y en diferentes momentos históricos. Watergate, Lava Jato, los escándalos que envolvieron a Silvio Berlusconi en Italia o inclusive la corrupción en el kirchnerismo que terminó con Cristina Kirchner presa en Argentina. En todos estos casos se esperaron años para tener una resolución.

¿Cómo será el proceso que se desató tras la filtración de los audios de Spagnuolo en relación al escándalo en Discapacidad? ¿Tendrá un efecto en estas elecciones o deberemos esperar para el 2027 para que impacte en la imagen del Gobierno? ¿Será el fin de la carrera de Karina Milei? ¿Cómo puede impactar esto teniendo en cuenta la relación simbiótica que tiene con el Presidente? ¿Las piedras que le tiraron en Lomas de Zamora a la caravana de Milei son efecto del deterioro de la imagen presidencial o es el boicot organizado por un sector de la oposición aprovechando el mal momento del Gobierno, finalmente parte de lo mismo? ¿Funcionará el caso de corrupción como una bomba de tiempo retardado, como un efecto dominó o tendrá un poco de ambos? Intentaremos responder estas preguntas a lo largo de esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El efecto retardado es aquel en el que una causa se produce en un momento pero sus consecuencias se manifiestan mucho más tarde. Es un fenómeno de latencia, de espera, de algo que ya está en marcha pero todavía no estalla. Puede ser deliberado, como en un artefacto explosivo programado para detonar después de cierto tiempo, o puede ser natural, como en una crisis económica cuyos efectos sociales no se sienten hasta meses o incluso años después de que se tomaron determinado tipo de medidas.

La clave está en el diferimiento: la acción y la reacción no están pegadas, se separan por un lapso. El efecto dominó, en cambio, es la representación opuesta: la causa desencadena de inmediato una cadena de consecuencias. Una pieza golpea a la siguiente y todo se precipita con rapidez, sin pausas ni silencios. Es la lógica de la propagación lineal y acelerada, donde cada caída asegura la siguiente. Mientras el efecto retardado se mide en el reloj y en la espera, el efecto dominó se mide en la velocidad de la secuencia y en la inevitabilidad de su propagación.

Vamos a presentar diferentes escándalos de corrupción y luego explicar el funcionamiento de su desenlace para tener claves para pensar el escándalo presente en Discapacidad y cómo puede afectar el futuro.

Empecemos con el ejemplo clásico, el Watergate. El caso comenzó cuando cinco hombres fueron detenidos en el allanamiento en el complejo Watergate del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington el 17 de junio de 1972. Fueron acusados de revisar documentos, intentar colocar grabadoras y robo. El objetivo de la intrusión era espiar y sabotear la campaña demócrata rumbo a la elección presidencial de noviembre de ese año, en la cual Richard Nixon buscaba reelegirse. 

La Casa Blanca negó cualquier relación con el escándalo y el evento no tuvo repercusión en las elecciones. Nixon asumió nuevamente la presidencia, aunque no por mucho tiempo. Bob Woodward y Jonathan Bernstein, periodistas del Washington Post, publicaron la nota de que el intento de robo en el edificio Watergate había sido financiado por el comité para la reelección del Presidente. La fuente de Woodward y Bernstein fue conocida como Garganta Profunda, cuya verdadera identidad no fue revelada hasta 2005: Mark Felt, un alto directivo del FBI.

La situación se volvió insostenible y finalmente, el 8 de agosto de 1974, el presidente Nixon renunció, el único que lo ha hecho en la historia de Estados Unidos. Es decir, desde que fueron descubiertas las cinco personas dentro del Cuartel General del Partido Demócrata hasta que renunció Nixon pasaron dos años. Fue un efecto retardo bastante rápido, teniendo en cuenta que en la causa Vialidad por ejemplo pasaron 17 años.

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Vamos al siguiente caso, un ejemplo más cercano en el tiempo y geográficamente es el de Fernando Collor de Mello, primer presidente electo por voto directo en Brasil tras la dictadura, quien asumió en 1990 con un discurso modernizador y anticorrupción bastante parecido al actual.

Dos años después, en 1992 estalló un escándalo cuando su hermano, Pedro Collor, denunció que Paulo César Farias, tesorero de campaña, operaba como recaudador de sobornos a cambio de favores del gobierno. La revelación movilizó a la opinión pública, sobre todo a los jóvenes “caras-pintadas”, que se revelaban en contra de la corrupción y salieron a la calle en marchas masivas. Interesante que aquí también la denuncia se genera desde dentro mismo del círculo presidencial.

El Congreso creó una comisión investigadora que confirmó las irregularidades, detectando cuentas secretas y desvíos de dinero. En septiembre de 1992, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el pedido de impeachment, enviando el caso al Senado. Al igual que en Argentina, en Brasil la Cámara Baja actúa de fiscal y la Alta de juez. Collor intentó resistir, incluso pidió apoyo popular en cadena nacional, pero fracasó. El 29 de diciembre de 1992 presentó su renuncia, buscando frenar la destitución. Sin embargo, el Senado prosiguió el juicio político y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por ocho años.

El escándalo de Collor de Melo tuvo un claro efecto dominó. En mayo de 1992 su hermano Pedro destapó las maniobras de corrupción de tesorero Farias, la prensa amplificó las denuncias y la oposición en el Congreso exigió una investigación. En paralelo, las marchas estudiantiles de los “caras-pintadas” comenzaron a llenar las calles, aumentando la presión social. La Cámara de Diputados formó una comisión que confirmó el desvío de fondos y sobornos, lo que disparó la votación de impeachment en septiembre, y el caso pasó al Senado, que enjuició a Collor. 

Su intento de resistir con discursos televisados fracasó y al perder todo respaldo político presentó la renuncia el 29 de diciembre de 1992, pero ya era tarde: el Senado igualmente lo destituyó e inhabilitó, cerrando en pocos meses una cadena de hechos que cayeron uno tras otro como fichas de dominó.

Ahora vamos a un caso menos conocido, pero también muy revelador, que es el caso Gürtel, en España. Es una trama de corrupción cuyo líder, el empresario Francisco Correa, sobornaba a cargos del PP (Partido Popular) con dinero, comisiones y regalos a cambio de la adjudicación de contratos para sus empresas o para las de terceros. Según la fiscalía, el entramado se enriqueció ilícitamente con fondos públicos desde 1999 hasta 2009.

El caso estalló en 2007 cuando José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, denunció el caso llevando al juzgado unas grabaciones. Lo interesante es que nuevamente la denuncia vino de adentro, de un funcionario del propio PP. 

En 2009, el juez Baltasar Garzón ordenó las primeras detenciones y 37 personas fueron acusadas. Entre ellos, Correa, el líder de la trama, también conocido como “Don Vito”, está acusado por varias causas; Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia y número dos de Correa; Álvaro Pérez, “El Bigotes”, responsable de la sucursal de la Gürtel en Valencia y Luis Bárcenas, extesorero del PP, que se enriqueció utilizando la influencia que tenía sobre otros cargos públicos. 

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Ahora vamos a analizar un caso francés, el de Francois Fillon, exprimer ministro francés François Fillon es condenado por escándalo de falsos empleo. El 5 de marzo de 2017, Fillon era uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales francesas. Pero 9 días después, el candidato de la derecha fue acusado de malversación de fondos públicos, complicidad y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

Es el conocido Penélope Gate, llamado así por su esposa Penélope, un caso de supuesto empleo ficticio en la Asamblea Nacional. Fillon obtuvo finalmente más de 20% de los votos, pero apenas quedó tercero, por detrás de Emmanuel Macron y Marine Le Pen, ambos clasificados a segunda vuelta. 

Un año después de las elecciones, los tribunales dictaron sentencia y Fillon fue condenado a 5 años entre rejas, uno en arresto domiciliario, 375.000 euros de multa y 10 años de inhabilitación. En el caso del primer ministro de Francia, que es el jefe de Gobierno, pasaron menos de 2 meses entre el escándalo inicial y el derrumbe definitivo de su candidatura.

Por su parte, Silvio Berlusconi estuvo involucrado en múltiples escándalos de corrupción y judiciales a lo largo de su carrera, por lo que es importante precisar de cuál hablamos. Tomando como ejemplo el caso Rubygate -relacionado con fiestas con menores y pagos irregulares, el escándalo comenzó a ser público alrededor de 2009, y aunque los procesos judiciales se prolongaron varios años, el efecto más fuerte sobre su credibilidad política y mediática se consolidó entre 2013 y 2014, cuando hubo condenas y juicios confirmados en instancias superiores.

En el caso de Fillon, en total pasaron menos de dos meses entre el escándalo inicial y el derrumbe definitivo de su candidatura a la presidencia francesa. En el caso de Berlusconi, pasaron más de 45 meses desde el escándalo hasta el efecto en la credibilidad del político. El de Collor de Melo fue el más corto, mientras que en el caso Gürtel pasaron 120 meses, casi diez años. 

¿Ven la enorme diferencia entre los casos? ¿De qué depende que un gobierno como el de Fernando Collor de Melo caiga en un par de meses o pasen años como en el caso de Berlusconi?

Y ahora analicemos otro gráfico que ubica a todos en la misma intertemporalidad. Esto nos da una perspectiva de los años que llevan los casos. En este escándalo de Discapacidad llevamos semanas prácticamente. Incluso pareciera que cada vez que termina un escándalo de corrupción, el otro sale a la luz. 

Vamos a ordenar las razones de por qué se dan estas diferencias. La percepción pública sobre la fuente que revela un escándalo de corrupción influye de manera decisiva en la duración del impacto que este genera sobre la credibilidad de los políticos.

Un estudio realizado por la revista LatAm Politics & Society de la Universidad de Cambridge evidenció que los ciudadanos son menos propensos a penalizar a políticos corruptos cuando la información proviene de redes sociales, dado que estas plataformas suelen percibirse como menos confiables que los medios tradicionales. Obviamente, en todos estos casos no había redes sociales. Podríamos afirmar que los casos de corrupción que se desaten en el gobierno de Milei serán los primeros en Argentina en los que las redes sociales jugaran un papel. Esta diferencia en la percepción de la fuente explica por qué algunos escándalos parecen tardar más en erosionar la credibilidad de un político, mientras que otros provocan reacciones inmediatas y profundas.

La teoría del “efecto durmiente” desarrollada principalmente por Carl Hovland y sus colaboradores del Yale Communication Research Program en la década de 1940 y 1950 aporta otra explicación al fenómeno. Según la teoría, un mensaje persuasivo asociado a una fuente de baja credibilidad puede perder fuerza inicialmente, pero con el tiempo, la influencia del mensaje persiste mientras que la desconfianza hacia la fuente disminuye. Esto significa que ciertos escándalos pueden tener un efecto retardado sobre la opinión pública, generando un desgaste gradual de la confianza política en lugar de un golpe inmediato.

Además, la respuesta institucional y el contexto político juegan un rol central en la duración del impacto. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona demostró que en España, por ejemplo, la reacción institucional frente al escándalo Bárcenas, un caso similar al caso Gürtel, demostró que la confianza en los políticos disminuyó de manera significativa en los días posteriores a la revelación, independientemente de las preferencias partidarias de los individuos. Cuando los organismos estatales actúan con rapidez y visibilidad frente a la corrupción, el efecto sobre la credibilidad se prolonga y consolida.

La duración del efecto también depende de las características del electorado. Las personas con mayor sofisticación política y cognitiva tienden a mantener evaluaciones negativas más sostenidas frente a políticos corruptos. Es decir, con mayor conocimiento político y académico en general. 

En Argentina, estudios nuevamente de la Universidad de Cambridge han mostrado que los ciudadanos procesan la información sobre corrupción de manera distinta según su nivel de sofisticación política e identificación partidaria. Esto explica por qué en algunos casos la opinión pública tarda meses en reflejar un cambio significativo en la evaluación de un político acusado de corrupto, mientras que en otros casos la reacción es casi inmediata.

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Por último, factores como el llamado “intercambio implícito” también amortiguan el impacto negativo. Votantes que perciben beneficios tangibles a nivel local pueden perdonar a políticos corruptos, incluso cuando la evidencia de corrupción es sólida. Estudios han mostrado que tanto la credibilidad de la información como estas percepciones de beneficio político influyen en la resiliencia del apoyo electoral a políticos involucrados en escándalos.

En conclusión, la duración del efecto de los escándalos de corrupción sobre la credibilidad política es compleja y multifactorial. Depende de la percepción de la fuente de información, la respuesta institucional, las características del electorado y las estrategias percibidas de intercambio implícito. Estos factores interactúan, haciendo que algunos escándalos generen un impacto inmediato y otros tarden meses en erosionar la confianza pública.

La historia reciente de la política argentina muestra que los escándalos de corrupción rara vez tienen un impacto inmediato sobre la reputación de los involucrados. Más bien, la erosión de la credibilidad suele ser gradual, dependiendo de procesos judiciales, exposición mediática y contextos políticos cambiantes.

Un caso paradigmático es el de Carlos Menem, cuyo gobierno en los años 90 estuvo marcado por múltiples denuncias de corrupción, incluyendo el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la adjudicación de privatizaciones sospechosas.

Sin embargo, el efecto real sobre su imagen pública sólo comenzó hacia fines de los 90, fundamentalmente después de haber sido reelecto, y se consolidó definitivamente tras perder elecciones en 2003 y previamente haber enfrentado condenas judiciales, reflejando un retardo de aproximadamente una década entre los hechos y el daño reputacional efectivo y definitivo. Incluso fue condenado a prisión domiciliaria. 

Cristina Kirchner experimentó un patrón similar, aunque más acotado en el tiempo. Durante su segundo mandato, entre 2013 y 2015, resurgieron denuncias de corrupción vinculadas a obras públicas y a la concesión de hoteles estatales. La repercusión sobre su imagen se intensificó tras dejar la presidencia, cuando se abrieron causas judiciales entre 2016 y 2019 y finalmente con el juicio de Vialidad en 2022, provocando un retardo de entre 3 y 7 años según el caso.

Mauricio Macri enfrentó acusaciones de corrupción más recientes, como su aparición en los Panamá Papers en 2016 y las disputas judiciales por el Correo Argentino. En el momento, estas revelaciones no erosionaron sustancialmente su imagen pública, pero tras dejar la presidencia en 2019, los procesos judiciales y nuevas filtraciones reforzaron la percepción de negocios poco transparentes, mostrando un retardo de aproximadamente 3 a 5 años.

Por último, el caso de Amado Boudou, vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, evidencia cómo la duración del proceso judicial puede condicionar el impacto sobre la reputación. El caso Ciccone no tuvo un efecto inmediato en 2012. Recién con la condena firme en 2018 la opinión pública consolidó su percepción negativa, es decir, un retardo de seis años.

En un gráfico que compara los casos argentinos se ve que el impacto de los escándalos tardó 10 años en el caso de Menem, 6 en el de Boudou, 5 en el de Cristina y 4 en el de Macri. Como ven, la línea de abajo está medida en años, a diferencia del gráfico anterior que estaba medida en meses. En Argentina los casos de corrupción tienen de por sí un efecto retardado mayor. Sin embargo, hay diferencias según el impacto y la imagen. El actual caso de corrupción en Discapacidad tuvo una primera ficha de dominó que se cayó tras la denuncia, que fue la caída de Diego Spagnolo. 

Según diferentes encuestas, hay un 16% que podría cambiar su voto por este escándalo. Hay quienes analizaron que es poco, pero luego de todo este análisis que hicimos, probablemente sea un efecto rápido sobre una considerable cantidad de personas. 16% n una semana tampoco sería tan poco. Además, lo sucedido ayer con las piedras que se le tiraron a Milei en su caravana, un hecho que obviamente repudiamos, puede también verse como un efecto.

Sea una reacción popular o un acto organizado por un sector irresponsable de la oposición, sería mucho más difícil en un momento de fortaleza del Gobierno. Se produjo porque los manifestantes en contra eran bastantes más que los que apoyaban al Gobierno. Es decir, no fue la piedra lo que impidió que la caravana siguiese, porque vale aclarar que el día que asumió, una botella voló mucho más cerca de su cabeza, pero la caravana continuó. Ayer, no pudo seguir porque había muchos más manifestantes en contra de los que lo apoyaban. 

Además, el impacto de los escándalos de corrupción sobre la percepción pública y la credibilidad de los políticos está fuertemente mediado por el contexto económico. Varios autores han señalado que los electorados reaccionan de manera más intensa cuando la economía está en crisis, ya que los recursos públicos son percibidos como más escasos y cada acto de corrupción se siente más gravoso.

Por ejemplo, Philippe Keefer y Stephen Knack destacan que en contextos de bajo crecimiento y desempleo elevado, la corrupción genera un rechazo más fuerte, ya que se percibe como un robo directo al bienestar de los ciudadanos.

De manera similar, Paolo Mauro señala que los escándalos de corrupción tienden a erosionar la confianza en las instituciones especialmente cuando la ciudadanía enfrenta dificultades económicas, porque la corrupción se interpreta como un factor que agrava la desigualdad y limita los servicios públicos.

Por otro lado, en períodos de bonanza económica, los efectos reputacionales pueden ser más atenuados. La teoría del “efecto amortiguador”, de John Ferejohn, explica que cuando los ciudadanos perciben mejoras en su calidad de vida, pueden tolerar parcialmente la corrupción, enfocándose en los resultados económicos positivos en lugar de los procesos éticos de los políticos.

El particular momento de baja de la inflación con aumento de recesión y temor a la pérdida del trabajo da una combinación particular. Por un lado, se le puede reconocer al Gobierno la baja de la inflación y esperar a que se resuelva el parate económico. Por el otro, se puede creer que la manera de bajar la inflación es la que generó esta recesión, lo que es correcto. En ese sentido, tal vez el caso de corrupción incline en algo la balanza de esta segunda percepción negativa del Gobierno en una parte del electorado.

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