Día 968: La soberanía personal versus la soberanía nacional

La soberanía como límite al anarco-capitalismo se sintetiza en la imagen que acompaña esta columna contraponiendo en el recinto del Senado la bandera argentina a la bandera anarcocapitalista. 

La derrota de fondo del Gobierno en el Senado por la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada expone el límite político e ideológico de un proyecto que, al colocar la propiedad privada por encima de todo, incluso sobre la soberanía nacional, entra en conflicto con uno de los consensos más arraigados de la identidad argentina, una identidad que vibró con los jugadores de la Selección levantando la bandera de Malvinas, por ejemplo.

Un fondo cultural muy identitario. El oficialismo perdió la disputa cultural al quedar asociado con la extranjerización de la tierra y la cesión de atribuciones del Estado, una tensión que no solo explica el fracaso parlamentario y el rechazo social a la iniciativa, sino que también remite a una concepción más profunda del rol del Estado, influida por el anarco-capitalismo que es la guía ideológica del presidente, y las corrientes neorreaccionarias del capitalismo tech que subordinan la soberanía popular a la lógica del mercado y de la propiedad privada.

La soberanía no es únicamente un concepto jurídico o político en la Argentina; funciona como un verdadero “fondo cultural” de la identidad nacional. Desde sus orígenes, la idea de defender un territorio propio frente a una potencia externa ocupa un lugar central en la memoria colectiva: las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 son recordadas como uno de los primeros momentos en que la sociedad rioplatense actuó en defensa de su autonomía, anticipando el proceso independentista. Más de un siglo después, la causa Malvinas condensó esa misma sensibilidad: la disputa por las islas no fue percibida solamente como un reclamo territorial, sino como una cuestión vinculada a la dignidad nacional, la integridad del territorio y la pertenencia histórica. La soberanía, en ese sentido, se convirtió en una idea asociada a la defensa de aquello que los argentinos consideran propio.

Esa dimensión simbólica atraviesa incluso ámbitos alejados de la política formal. La Selección Argentina de fútbol, por ejemplo, se transformó en uno de los escenarios donde la identidad nacional se expresa con mayor intensidad. Por eso, los debates que implican soberanía son interpretados desde una sensibilidad histórica construida durante generaciones. La soberanía funciona así como una de las capas más profundas del imaginario argentino.

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Pero antes de adentrarnos en la disputa alrededor de este concepto vamos a los hechos. La sesión de ayer en el Senado dejó como saldo para el Gobierno una derrota estratégica, simbólica y efectiva. La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo media sanción, pero despojada de dos de sus ejes más controvertidos: la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Fue el resultado de una combinación de resistencia parlamentaria por parte de la oposición, presión social y costos políticos que el oficialismo ya no pudo ignorar.

En los días previos, miles de personas manifestaron su rechazo en redes sociales, incluso muchas que no suelen expresarse por otras causas. Y bajo una persistente lluvia, un importante contingente de manifestantes se movilizó a las puertas del Congreso para rechazar la ley.

El Gobierno es percibido cada vez más como un Gobierno que entrega la soberanía del país. Desde el comienzo de su gestión el cántico contra Milei era “la Patria no se vende”. Luego, las críticas porque se pasaba más tiempo en el exterior que visitando el territorio del país. Sus reivindicaciones a Thatcher o su fanatismo por Trump ayudaron a consolidar esta imagen.

La fortaleza inicial en su “batalla cultural” se apoyó en gran medida en el fracaso del gobierno anterior, y también en un afán de libertad individual que se despertó con mucha fuerza tras el confinamiento obligado por el Covid-19. Ya veremos cómo Milei intenta contraponer esta “soberanía personal” a la “soberanía nacional”. Algo de eso hay en la disputa por el título de la ley que se votó ayer.

En Perfil.com, Felipe Leibovich analizó un relevamiento de QSocial Big Data sobre casi 2.800 publicaciones en redes sociales, que concluyó que el oficialismo perdió la disputa por el sentido del proyecto al no lograr instalar la denominación "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". En cambio, el término "Ley de Tierras", impulsado por la oposición, concentró el 61,1% de las menciones y casi el doble de las interacciones que el nombre oficial, además de dominar las búsquedas en Google en las 24 provincias. 

Más del 70% de las publicaciones expresaron rechazo a la iniciativa, frente a apenas un 0,9% de apoyo explícito. Vale recordarle al gobierno que las palabras con exceso de sílabas y resonancias negativas como violabilidad (profanar, ultrajar) resuenan contradictoriamente.

Bajo el rechazo a la ley, miles de personas se movilizaron incluso ante una fuerte presencia policial. La jornada volvió a estar marcada por gases lacrimógenos, balas de goma, carros hidrantes, veredas rotas, contenedores de basura incendiados y decenas de heridos también del sector policial y detenidos. Incluso hubo una fotógrafa gravemente herida, que fue internada con traumatismo de cráneo.

Aclaremos que el rechazo social a una política pública puede expresarse legítimamente mediante movilizaciones, reclamos y protestas. Pero esa expresión democrática no debe confundirse con episodios de violencia, destrucción de bienes o ataques contra las fuerzas de seguridad. Manifestarse es un derecho constitucional; incendiar, romper o agredir no forma parte de ese derecho.

Cuando un gobierno responde con represión frente a una movilización ciudadana que cuestiona una ley de sensibilidad política, transmite un mensaje preocupante. Pero del mismo modo, la existencia de un reclamo social legítimo no habilita prácticas violentas de quienes participan de una protesta. En una democracia, tanto el derecho a manifestarse como el límite frente a la violencia deben ser preservados.

La polémica alrededor del senador Joaquín Benegas Lynch fue otro elemento de desgaste que expuso al Gobierno. Benegas Lynch es dueño de Glocal Terra SRL, una empresa dedicada a la compra, venta y administración de tierras rurales para inversores, incluidos extranjeros. La senadora Juliana Di Tullio pidió que se abstuviera de intervenir y votar al considerar que cualquier cambio en la legislación podría beneficiar directamente a su actividad comercial, cuestionando que utilizara su banca para favorecer intereses privados.

Veamos cómo se justificaba Benegas Lynch al respecto.

También en el punto de flexibilizar la compra de tierras afectadas por incendios el oficialismo debió ceder cuando comprobó que no reunía los votos necesarios para sostener el proyecto.

Veamos el momento en que Mayans bromeaba al respecto en la sesión del Senado.

Finalmente, y a pesar de los recortes sobre los que bromea Mayans, la ley que pasó a Diputados endurece los requisitos para que el Estado pueda expropiar bienes privados. Limita el concepto de “utilidad pública”, eleva las exigencias para justificar una expropiación, obligando además a indemnizar no solo el valor del inmueble, sino también las pérdidas que el dueño considere derivadas de la medida. Además, acelera los procesos de desalojo en caso de ocupaciones o no pago de alquileres.

La aceleración de los procesos de desalojo ante incumplimientos contractuales puede ser una herramienta razonable para corregir una de las mayores deficiencias del sistema argentino: la demora judicial. Un mercado de alquileres necesita reglas claras y previsibles tanto para propietarios como para inquilinos. La discusión no está en si el propietario debe poder recuperar su inmueble —algo reconocido por la mayoría de los sistemas jurídicos—, sino en cómo garantizar que la rapidez del procedimiento no deje sin respuesta situaciones sociales de emergencia.

El régimen de desalojo por falta de pago presenta diferencias significativas entre los distintos países, no tanto porque el propietario pueda recuperar o no su inmueble —algo previsto en casi todos los sistemas jurídicos—, sino por la rapidez del procedimiento, su costo y el grado de protección otorgado al inquilino. Existen modelos de desalojo muy rápidos, como los de Singapur o algunos estados de Estados Unidos, donde el incumplimiento puede resolverse en pocas semanas mediante procesos simplificados. Un segundo grupo, integrado por países como Alemania o Japón, combina mayores garantías procesales con plazos relativamente breves, mientras que otros, como España, Francia o Italia, priorizan la protección del inquilino mediante notificaciones, suspensiones y la intervención de servicios sociales, lo que puede extender los procesos durante varios meses o incluso años. En América Latina, y particularmente en Argentina, los desalojos suelen verse afectados por procedimientos judiciales más lentos y la congestión de los tribunales.

Pero volviendo al título de esta columna. ¿Ante quién o ante qué mecanismos es violada la propiedad privada? En boca de un anarcocapitalista, no puede ser ante otra entidad que el Estado, que para Milei es “peor que la mafia”, como ha dicho en más de una ocasión.

Para un anarco capitalista como Milei, la propiedad privada deja de ser un derecho que convive con otros principios constitucionales y pasa a ocupar un lugar absoluto. El asunto es que en una sociedad regida por el mercado, el dinero otorga poder sobre otros individuos. Sin leyes o marcos nacionales que regulen esas relaciones, lo que impera es solo la soberanía del económicamente más poderoso.

La historia del concepto mismo de soberanía puede entenderse como una sucesión de profundas transformaciones en torno a una misma pregunta: ¿quién tiene la autoridad suprema para decidir? 

Si vamos a la Europa medieval, durante la Edad Media, el poder estaba fragmentado entre reyes, señores feudales, el emperador, el papa, ciudades y gremios, en una red de jerarquías cuya legitimidad provenía de Dios. Recién con el Renacimiento y la Modernidad comenzó a consolidarse la idea de una autoridad centralizada. Jean Bodin definió la soberanía como el poder absoluto y perpetuo del Estado, mientras que Thomas Hobbes sostuvo que un soberano fuerte e indivisible era indispensable para evitar el caos. 

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La Paz de Westfalia de 1648 terminó de consolidar este paradigma al establecer la igualdad jurídica entre los Estados, la no intervención en los asuntos internos y la autoridad exclusiva sobre un territorio. Más tarde, la Ilustración y la Revolución Francesa produjeron un giro decisivo: la soberanía dejó de pertenecer al monarca para pasar a residir en el pueblo y la nación, sentando las bases de la democracia representativa y el constitucionalismo.

Durante los siglos XIX y XX, la soberanía se identificó con el Estado nacional y con los movimientos nacionalistas que impulsaron la unificación de países como Italia y Alemania. En el siglo XX estuvieron los movimientos de liberación nacional, con aspectos revolucionarios. Sin embargo, tras las guerras mundiales comenzó a relativizarse con el surgimiento de la ONU, el derecho internacional y los tratados que limitan voluntariamente la autonomía estatal en materias como los derechos humanos o el comercio. 

La globalización profundizó la tendencia al desplazar parte del poder hacia los mercados financieros, las empresas multinacionales, los organismos internacionales y las redes digitales. Autores como Michel Foucault, Antonio Negri, Michael Hardt y Manuel Castells describieron un escenario donde el poder se distribuye entre múltiples actores más allá del Estado. La irrupción del neoliberalismo cuestionó esa idea de soberanía al producir una tendencia a la descentralización productiva.

Paradójicamente, desde la segunda mitad de la década de 2010 reapareció con fuerza el discurso soberanista, impulsado por fenómenos como el Brexit o los gobiernos de Donald Trump, Viktor Orbán y Giorgia Meloni, así como por distintas corrientes latinoamericanas. La contradicción es que Milei se alinea con estos políticos de la nueva extrema derecha, pero en defensa de los intereses de sus países del primer mundo, no de la Argentina.

Pero hay elementos de la actualidad que tienden a erosionar el concepto de soberanía. La revolución digital y las nuevas ideologías surgidas del capitalismo tech. Nunca el capital estuvo tan desterritorializado como en la actualidad. Nunca hubo empresas que centralicen de tal manera toda la circulación global de información, como Google o Meta.

En la economía del siglo XXI una parte creciente de la riqueza proviene de los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, las plataformas digitales, activos que atraviesan fronteras y desafían las categorías tradicionales del derecho y la política. En el siglo XXI ya no alcanza con controlar el territorio; también es necesario controlar la infraestructura, la información y las tecnologías sobre las que se construye la economía global. Surgen conceptos como la “soberanía digital” o “soberanía cognitiva”.

Estas empresas que tienen como horizonte las comunicaciones y los datos a escala global tienen intereses que chocan con las regulaciones estatales. Y deben tolerar tener que cambiar su funcionamiento en función de fallos y jurisdicciones propias de cada país. Recordemos el conflicto entre Lula y X, o entre Donald Trump y la empresa china detrás de TikTok.

Figuras como Curtis Yarvin, Nick Land o el propio Peter Thiel han desarrollado doctrinas teóricas para defender el avance sin barreras de este capitalismo tech. Como la llamada "Ilustración Oscura" (Dark Enlightenment), que lleva la primacía de la propiedad privada y del mercado a una conclusión radical. Para esta corriente, la democracia liberal es un sistema ineficiente que diluye la responsabilidad política, mientras que la gestión privada constituye el modelo más eficaz para organizar la sociedad. 

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Yarvin llegó incluso a proponer que los países funcionen como corporaciones con un propietario o director ejecutivo que ejerza el poder de manera análoga a un accionista mayoritario. El CEO no sería elegido democráticamente por la población, sino por los accionistas de esa empresa en función de la propiedad de las acciones.

Los ciudadanos serían en esta distopía usuarios o clientes de un “servicio de gobierno”, donde la legitimidad de la gestión de un territorio ya no surgiría de la voluntad popular sino de la eficiencia en la administración de los activos. Es una visión que invierte la tradición política moderna: la soberanía deja de residir en el pueblo para quedar subordinada completamente al derecho de propiedad.

Algo de este mismo espíritu se expresó en la ley impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger de otorgar personalidad jurídica a las inteligencias artificiales algunos meses atrás. En una nota publicada en el Financial Times, Milei citó como ejemplo la Compañía Británica de las Indias Orientales, una empresa privada que recibió personalidad jurídica y poderes extraordinarios para gobernar territorios, recaudar impuestos, administrar justicia e incluso mantener un ejército propio, convirtiéndose durante siglos en un poder casi soberano por encima de millones de personas. Algo muy similar al neocameralismo que propone Curtis Yarvin, inspirado en el antiguo cameralismo de las monarquías europeas.

Algo de esta ideología resuena también en un fragmento que se viralizó hace algunos días del canciller, Pablo Quirno, cuando dijo que “sería beneficioso” si una empresa extranjera compra, por ejemplo, una provincia.

Para un anarco-capitalista como Milei, la soberanía del Estado es ontológicamente ilegítima, porque todo anarquista, de izquierda o de derecha, brega por la destrucción del poder estatal. La única soberanía legítima es la del individuo, la soberanía individual. Pero con una salvedad, mientras que para el anarquista de izquierda la sociedad debería organizarse en cooperativas a través del apoyo mutuo y ser abolida la propiedad privada, para un anarcocapitalista la sociedad pos estatal debe seguir regulándose por el el mercado, que es elevado a la categoría casi teológica de una fuerza natural, metafísica, sin fallas. 

Veamos un fragmento del debate Milei-Grabois, donde el actual presidente expresa esta idea con toda brutalidad. La elección individual por sobre todo, abstrayéndose completamente de las desigualdades sociales o de las condiciones externas.

Las encuestas reflejan un cambio de clima para el oficialismo. La aprobación presidencial muestra una tendencia descendente de 12 meses consecutivos, aumenta la proporción de argentinos que considera que el país marcha en una dirección equivocada y se deterioran las expectativas sobre el futuro. Incluso entre quienes respaldaban el programa económico aparece una demanda creciente de mayor sensibilidad frente a los problemas cotidianos. La narrativa de que todo sacrificio será recompensado pierde fuerza cuando el horizonte de mejora comienza a alejarse.

La derrota en el Senado es una señal de que la narrativa libertaria encuentra límites cuando entra en tensión con símbolos profundamente arraigados de la identidad argentina. La defensa de la propiedad privada puede formar parte de un programa económico, pero cuando se percibe que esa defensa implica resignar capacidad de decisión sobre el territorio, los recursos o el destino colectivo de la Nación, el oficialismo choca contra un núcleo cultural mucho más resistente. La soberanía funciona en Argentina como una frontera simbólica que incluso gobiernos con amplias mayorías políticas han tenido dificultades para atravesar. La sociedad argentina no es anarcocapitalista.

La idea de que “la Patria no se vende” logró instalarse como una crítica transversal que conecta con memorias históricas, desde Malvinas hasta la defensa del patrimonio nacional. La disputa por la venta de tierras se transformó en otra batalla por el sentido del proyecto de país. Y en esa batalla, el Gobierno, a pesar de camuflar la derrota aprobando un proyecto mutilado, encontró un límite allí donde empieza la idea de soberanía nacional.

Paradójicamente, el Gobierno conserva una ventaja política importante: la oposición continúa fragmentada y carece de un liderazgo consolidado capaz de capitalizar plenamente el desgaste oficial. Sin embargo, esa debilidad ajena ya no alcanza para ocultar las propias dificultades. La sesión del Senado expuso que el proyecto mileísta tiene “pies de barro” y que, más temprano que tarde, podría entrar en una fase de declive difícil de revertir.

MEG/fl