El PJ impulsa una ley para impedir que tierras fiscales de Chaco queden en manos extranjeras

El debate nacional por la extranjerización de la tierra tuvo su réplica en la Legislatura del Chaco. Diputados del Frente Chaqueño presentaron un proyecto para impedir que los campos pertenecientes al Estado provincial sean adjudicados a personas extranjeras o sociedades comerciales.

La iniciativa, que tendrá estado parlamentario en la sesión del próximo miércoles, propone que las tierras fiscales rurales solamente puedan venderse o entregarse mediante arrendamientos con opción a compra a ciudadanos argentinos —nativos, naturalizados o por opción—, cooperativas, asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro.

El proyecto fue impulsado en medio de las negociaciones en el Senado por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, promovida por el gobierno de Javier Milei. Ante la falta de votos entre sus aliados, el oficialismo nacional retiró el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales y habilitaba una mayor participación extranjera.

Uno de los autores de la propuesta, el diputado provincial Santiago Pérez Pons, sostuvo en diálogo con Radio Libertad que la marcha atrás del Gobierno nacional fue consecuencia del rechazo expresado por distintos sectores políticos, sociales y ambientales. “Fue el pueblo argentino el que pudo impedir este avance”, afirmó el legislador, quien consideró que la discusión permitió instalar la necesidad de proteger las zonas fronterizas y los territorios cercanos a reservas de agua, bosques y otros recursos naturales estratégicos.

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Qué establece el proyecto chaqueño

El texto define a las tierras fiscales como bienes estratégicos, escasos y no renovables que integran el patrimonio provincial. Su utilización deberá estar vinculada con el arraigo rural, la producción, la creación de empleo, el desarrollo de las comunidades y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Las personas extranjeras y las sociedades mercantiles quedarían excluidas de las adjudicaciones ordinarias. Las empresas solamente podrían acceder a un inmueble fiscal mediante un régimen excepcional aprobado por los dos tercios de la Cámara de Diputados, tal como establece la Constitución provincial.

La propuesta también incorpora mecanismos para evitar que las restricciones sean eludidas mediante prestanombres, fideicomisos, empresas pantalla, cesiones de uso o contratos privados. El Estado provincial podrá investigar quién controla efectivamente una organización y revocar la adjudicación cuando se comprueben maniobras fraudulentas, transferencias no autorizadas o daños ambientales.

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Además, las condiciones de nacionalidad deberán mantenerse durante todo el proceso de adjudicación. Una vez cancelada la deuda y aprobada la mensura, el beneficiario recibirá un dominio imperfecto y no podrá transferir libremente el campo durante un plazo de diez años.

No afecta las operaciones entre privados

Pérez Pons aclaró que el proyecto no prohíbe que una persona extranjera compre un campo privado en el Chaco. La limitación alcanzará exclusivamente a las futuras adjudicaciones de tierras que todavía pertenecen al Estado provincial y son entregadas mediante políticas públicas.

Tampoco se modificarán los contratos ya celebrados ni los derechos territoriales reconocidos a las comunidades indígenas, que continuarán regulados por la Constitución del Chaco y la legislación específica.

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El legislador argumentó que actualmente existe un vacío normativo que podría permitir que una tierra fiscal adjudicada con objetivos productivos o sociales termine indirectamente controlada por una empresa o una persona que no reúne las condiciones exigidas inicialmente.

La iniciativa provincial avanza así en una dirección opuesta a la reforma que había propuesto el Poder Ejecutivo nacional. La versión original buscaba eliminar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, mientras que una redacción posterior elevaba ese techo al 25%. Finalmente, el capítulo fue retirado para evitar una derrota en el Senado, aunque desde el oficialismo señalaron que la discusión podría retomarse más adelante.

“Es necesario que el Estado pueda proteger las tierras”, remarcó Pérez Pons. Y concluyó: “Esperemos poder dar una discusión sana. Las tierras no se reproducen y el Estado debe administrarlas pensando en el beneficio de toda la comunidad”.