Ley de Propiedad Privada: “El problema es que los pobres no pueden acceder a una vivienda”, dijo Capitanich

El senador nacional por Chaco Jorge Capitanich rechazó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que la iniciativa utiliza la defensa de un derecho ya reconocido por la Constitución para introducir modificaciones regresivas en distintos regímenes legales.

Como miembro informante por la minoría, el exgobernador chaqueño cuestionó durante la sesión del Senado los cambios propuestos sobre expropiaciones, regularización dominial, registros inmobiliarios, desalojos y terrenos alcanzados por incendios.

“Acá no se discute la inviolabilidad de la propiedad privada”, afirmó Capitanich. El legislador recordó que el artículo 17 de la Constitución Nacional ya establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella sin una sentencia fundada en ley.

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Para el senador peronista, el proyecto presentado por el Gobierno concentra su protección en quienes ya poseen bienes, pero no ofrece respuestas a millones de familias que viven en barrios populares y todavía no lograron acceder al título de sus viviendas. “El problema de la República Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada: es el acceso a la propiedad privada por parte de los pobres”, sostuvo.

Objeciones a las expropiaciones

Capitanich rechazó las modificaciones propuestas sobre la Ley 21.499 de Expropiaciones. Entre otros puntos, cuestionó la incorporación de mecanismos de actualización, tasas de interés y compensaciones por lucro cesante en la determinación del monto que debe pagar el Estado.

Según advirtió, esas condiciones podrían elevar significativamente el costo de las expropiaciones necesarias para construir rutas, redes eléctricas, acueductos, cloacas, viviendas y otras obras de utilidad pública.

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El chaqueño también objetó que se reduzca la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y que la valoración de los inmuebles quede sujeta a consultorías o parámetros de mercado. “Si queremos custodiar la propiedad, custodiémosla siempre con los mismos principios y no solamente cuando se usa el Estado para satisfacer intereses personales o corporativos”, expresó.

Como ejemplo de la importancia de la intervención estatal, mencionó la expropiación de YPF concretada en 2012 y aseguró que aquella decisión fue determinante para recuperar la capacidad energética del país.

Desalojos y barrios populares

Otro de los cuestionamientos se concentró en los cambios al procedimiento de desalojo. Capitanich pidió diferenciar las usurpaciones de los casos en los que existe un contrato legal, pero el inquilino atraviesa dificultades económicas que le impiden pagar.

La propuesta oficial contempla procedimientos rápidos y plazos de intimación reducidos. El dictamen de minoría, en cambio, planteó otorgar hasta 180 días en determinadas relaciones contractuales cuando se demuestre una imposibilidad real de afrontar el alquiler. “No se puede equiparar el desalojo de una ocupación ilegal con el de una familia que tenía un contrato y no pudo cumplir porque perdió su empleo o sus ingresos”, argumentó.

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Capitanich también defendió la declaración de una emergencia dominial para facilitar la regularización de los barrios populares. Según los datos mencionados durante su discurso, existen 6.467 barrios relevados, donde viven alrededor de 1,2 millones de familias. “Nadie está amenazando la propiedad privada. Nosotros pretendemos garantizar el acceso a la propiedad por parte de los pobres”, insistió.

La discusión por las tierras extranjeras

Aunque el oficialismo retiró antes de la sesión el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, Capitanich defendió la vigencia del límite que impide que más del 15% del territorio rural quede en manos extranjeras.

El senador negó que el justicialismo rechace la inversión internacional y recordó que distintos gobiernos peronistas promovieron incentivos para atraer capitales destinados a actividades productivas.

Sin embargo, remarcó que esas inversiones deben estar sometidas a la capacidad regulatoria del Estado y ser compatibles con la protección de los recursos naturales y la soberanía nacional. “El peronismo establece claramente que el capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social”, expresó.

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Capitanich sostuvo que la tierra, el agua dulce, los minerales estratégicos, los glaciares, la energía y las zonas fronterizas forman parte de una disputa geopolítica mundial. “Una cosa es promover inversiones, otra es pretender enajenar el país y otra es regalarlo”, cuestionó.

El chaqueño recordó además que Milei intentó derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, pero ese apartado fue suspendido por la Justicia Federal después de una presentación de excombatientes de Malvinas.

Manejo del fuego y recursos naturales

Capitanich también rechazó las reformas sobre la Ley de Manejo del Fuego. El senador advirtió que flexibilizar las restricciones que pesan sobre los terrenos incendiados podría favorecer cambios en su utilización productiva o inmobiliaria.

A su entender, el proyecto debe respetar la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de consulta de las comunidades indígenas.

El legislador insistió en que el Estado necesita conservar herramientas para controlar el territorio, proteger las cuencas hidrográficas y regular la utilización de recursos que serán cada vez más demandados por las industrias tecnológicas.

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En particular, vinculó el debate con el crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial, actividades que requieren cantidades considerables de electricidad y agua para su funcionamiento.

“Libertad sin justicia social es vasallaje”

Durante su intervención, Capitanich apeló a la doctrina social de la Iglesia y a la Constitución de 1949 para defender la función social de la propiedad, el bien común y la intervención subsidiaria del Estado. “Libertad sin justicia social es vasallaje y es lo más próximo a la esclavitud”, afirmó.

El senador aclaró que la oposición reconoce la importancia de la inversión privada y del capital productivo, pero remarcó que el Estado debe contar con capacidad para orientar esos recursos hacia la creación de empleo y el desarrollo nacional.

En el cierre, calificó la denominación elegida por el Gobierno como un “título pomposo” que no refleja las consecuencias de las reformas incluidas en el texto.“La  inviolabilidad de la propiedad privada encubre maniobras para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”, concluyó.