COP30 en Belém: cómo la protección social puede acelerar la acción climática

De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), los países son instados a adoptar un enfoque en el que la protección social se convierta en el eje de las estrategias climáticas y financieras. Vincular ambos ámbitos es crucial para proteger la dignidad humana, fortalecer la resiliencia comunitaria y maximizar el uso de los recursos disponibles.

En la COP29, las economías desarrolladas acordaron movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales en financiación climática para los países en desarrollo de aquí a 2035, como parte del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado. Sin embargo, los países menos desarrollados (PMD) y los pequeños Estados insulares criticaron la meta por ser vaga, inejecutable e insuficiente. Apenas el 0,8% de los fondos rastreados llega a los sistemas agrícolas de pequeña escala, una muestra de la ineficiencia del mecanismo actual.

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Aquí entra en juego la protección social. Un estudio de 2019 de la Iniciativa para la Adaptación y Resiliencia Efectiva de los PMD (LIFE-AR) demostró que estos programas pueden ser determinantes para construir comunidades resilientes al clima. El Sexto Informe del IPCC (2023) confirmó esta conclusión. Además, una revisión conjunta de 23 proyectos del Fondo Verde para el Clima (GCF) y la FAO evidenció que integrar los objetivos climáticos en los sistemas de protección social mejora la eficiencia y el alcance de los fondos.

Existen ejemplos exitosos. El Programa de Red de Seguridad Productiva de Etiopía asiste a más de ocho millones de personas mediante transferencias de dinero y alimentos, y restaura tierras degradadas frente a sequías. En la India, el Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi alcanza a 60 millones de hogares rurales, financiando medidas de recolección de agua de lluvia y reforestación. En Brasil, el Bolsa Verde vincula apoyo económico con conservación ambiental, promoviendo el uso sostenible del suelo y la protección de bosques.

Entre los proyectos del GCF destacan el de Paraguay, que combina transferencias condicionadas con metas de bienestar social y la participación indígena, y el de Botsuana, que promueve adaptación y mitigación basada en ecosistemas, con una participación femenina del 60%.

Aun así, la inclusión sigue siendo un desafío. La mitad de la población mundial carece de una red de protección social, y solo tres proyectos del informe se implementaron en países de bajos ingresos. Muy pocos contemplaron a personas con discapacidad, jóvenes, migrantes o pueblos indígenas.

Los resultados también fueron dispares. Según la FAO, el estrés térmico amplía la brecha de ingresos entre hogares encabezados por mujeres y hombres en 37.000 millones de dólares anuales, y las inundaciones, en 16.000 millones. Pese a que varios proyectos fueron sensibles al género, ninguno fue transformador. Además, menos de la mitad buscó fortalecer los sistemas nacionales existentes, debilitando su sostenibilidad.

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Mejorar estos resultados exige un cambio estructural en el diseño y la financiación de la protección social. Se necesitan iniciativas a largo plazo, coordinadas y centradas en fortalecer capacidades nacionales, en lugar de depender de subvenciones cortas y dispersas. Un enfoque integral de gobierno —que involucre a los ministerios de clima, protección social y gestión de emergencias— es esencial. La inclusión debe ser transversal a todas las etapas.

El Fondo Verde para el Clima puede desempeñar un papel clave, catalizando financiación a largo plazo mediante mecanismos innovadores como los canjes de deuda por clima y los bonos verdes. También ha introducido reformas de transparencia y eficiencia, aunque los países más pobres aún requieren mayor flexibilidad.

Sin embargo, el GCF no puede hacerlo solo. Otros fondos climáticos multilaterales deben crear canales de financiamiento específicos y simplificar el acceso. Los gobiernos, por su parte, deben consolidar la protección social como pilar de sus estrategias climáticas nacionales, mientras que los socios de desarrollo y agencias de la ONU deben priorizar el apoyo técnico sostenido, no solo proyectos efímeros.

Designada como la “COP de la implementación”, la COP30 representa la oportunidad de transformar los compromisos en acciones reales, aplicando las lecciones del informe FAO-GCF y ampliando la protección social como motor de la acción climática inclusiva.

*Tracy Kajumba es directora de la Iniciativa para Países Menos Desarrollados para una Adaptación y Resiliencia Efectivas en el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED).

Project Syndicate