EE.UU. refuerza la asfixia del dólar sobre la democracia brasileña

ANGERS – En una carta dirigida a los principales bancos de Brasil, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos exigió saber qué medidas estaban tomando para cumplir con las sanciones impuestas recientemente al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, bajo la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos. La administración del presidente Donald Trump estaba enviando un mensaje inequívoco: Estados Unidos marca la cancha, y los demás deben alinearse.

La decisión de incluir a Moraes en la lista estadounidense de “Nacionales Especialmente Designados” no tiene precedentes, dado que no es ni un oligarca acusado de corrupción ni un violador de derechos humanos. En cambio, fue apuntado por supervisar causas penales relacionadas con la insurrección del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando seguidores del entonces presidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio presidencial en un intento de revertir su derrota electoral.

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Aunque pueda parecer un asunto técnico de cumplimiento normativo, las acciones de Trump son un ataque a la independencia del Poder Judicial brasileño. Sancionar a Moraes no solo restringe sus finanzas personales, sino que ejerce presión indirecta sobre las instituciones que representa. Además, obliga a los bancos brasileños a elegir entre respetar fallos judiciales internos –con el riesgo de duras sanciones de EE.UU.– o preservar su acceso a los mercados globales. Cualquiera de las dos opciones amenaza con socavar su legitimidad, tanto en casa como afuera.

La carta de la OFAC también resalta la fragilidad de la soberanía económica. Aunque la Ley Magnitsky es formalmente una norma estadounidense, el rol del dólar como principal moneda de reserva mundial extiende su alcance mucho más allá de las fronteras de ese país.

Los bancos brasileños, como los de todo el mundo, dependen de bancos estadounidenses para liquidar transacciones en dólares, y muchos tienen filiales en Nueva York y otros centros financieros. Ya sea para exportar soja a Asia o emitir bonos en Wall Street, la infraestructura financiera de la que dependen es estadounidense. Y esa dependencia implica que desobedecer a la OFAC no es un acto de rebeldía, sino un paso hacia el exilio financiero, si no hacia la ruina total.

Este es el dilema de la soberanía. Legalmente, los tribunales brasileños pueden fallar que las sanciones de EE.UU. no rigen en el país, ya que, según la Constitución y el derecho internacional, las medidas extranjeras deben ser formalmente adoptadas para tener efecto. Pero en términos económicos, cumplirlas es inevitable, porque su comercio y sistema financiero dependen de una infraestructura en dólares que no controlan. En la práctica, la soberanía monetaria termina en el borde del sistema del dólar.

La ironía es evidente. Estados Unidos utilizó en su momento la Ley Magnitsky para enfrentar abusos autoritarios en el exterior, especialmente sancionando a funcionarios rusos implicados en el asesinato en 2009 del asesor fiscal y denunciante Serguéi Magnitsky. Hoy, esa misma ley se usa para intimidar a un juez que busca defender el orden democrático en Brasil. Al convertir herramientas de política exterior en un arma para influir en procesos legales internos, la administración Trump redujo de hecho la soberanía brasileña a una prueba de obediencia.

Los responsables de política en Brasil enfrentan una situación difícil. Canalizar las transacciones personales de Moraes a través de cooperativas locales es, en el mejor de los casos, un parche temporal que no resuelve el problema de fondo. Y las alternativas de más largo plazo, como sistemas de pago globales basados en tecnología blockchain, todavía están lejos de ser viables.

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Con Brasil aún atrapado en la órbita del dólar, la crisis actual subraya la urgencia de invertir en alternativas al sistema basado en esa moneda. Como señalé en un reciente trabajo de política pública, nuevas tecnologías y plataformas –desde redes con base en blockchain hasta pagos transfronterizos instantáneos– podrían volver las liquidaciones más eficientes y, potencialmente, desafiar la hegemonía del dólar.

Por ahora, sin embargo, esas iniciativas no pasan de proyectos piloto fragmentados dentro de “coaliciones de dispuestos”, que a menudo dejan afuera a las economías en desarrollo más dependientes del dólar. Además, incluso las plataformas multimoneda más avanzadas terminan recurriendo al dólar o al euro cuando las monedas locales carecen de liquidez suficiente, reproduciendo la misma jerarquía que dicen cuestionar.

Dicho esto, estas innovaciones monetarias permiten vislumbrar un futuro en el que las infraestructuras multilaterales ya no estén controladas por un solo gobierno o por organizaciones privadas sujetas a la jurisdicción de un país. Pero concretar ese futuro requerirá una cooperación diplomática y técnica extraordinaria, junto con nuevos marcos de gobernanza. Hasta entonces, el poder extraterritorial del dólar seguirá siendo inigualable.

En ese sentido, la carta de la OFAC es más que un mensaje a los bancos brasileños; es un recordatorio para todos los países del poder extraordinario que EE.UU. ejerce mediante su control de la infraestructura financiera mundial. Para contrarrestarlo, deberán trabajar en conjunto para desarrollar alternativas creíbles, como monedas digitales de bancos centrales, redes de pago instantáneo interoperables y acuerdos multilaterales más amplios. De lo contrario, su soberanía monetaria y su autonomía política seguirán a merced de las decisiones de Washington.

(*) Camila Villard Duran es profesora asociada de Derecho en la ESSCA School of Management.

Project Syndicate