En este segundo día del juicio que la Corte Suprema brasileña lleva contra Jair Bolsonaro quedó en evidencia cierta desesperación en la ultraderecha brasileña por conseguir a toda costa la libertad del expresidente. La Cámara de Diputados, donde esa rama política junto a la derecha convencional tienen mayoría, decidió revivir un proyecto de ley de amnistía, que de ser aprobado en la práctica significaría anular la condena.
Para tornar ese plan más popular, la propuesta abarca a todas las personas detenidas el 3 de enero de 2023 en Brasilia por la destrucción de los tres edificios del Poder: el Planalto, el Palacio de Justicia y el propio Congreso. La revitalización de ese proyecto parlamentario contó con la ayuda de un personaje especial: Tarcísio de Freitas, gobernador del estado de San Pablo.
Trump trae el "Juego del Encarcelamiento" a Estados Unidos
Este político estuvo esta semana en Brasilia para conversar con los legisladores sobre la “imperiosa” necesidad de lograr la absolución del exmandatario. La inusual batalla emprendida por Freitas tiene una explicación: él quiere granjearse la confianza del propio Bolsonaro para que le dé su apoyo en las presidenciales de octubre de 2026. Cuenta a favor con el hecho de que si bien el exmandatario puede quedar libre, de cualquier manera estará impedido de participar como candidato en los comicios del próximo año.
En este segundo día del proceso judicial los abogados de Jair Bolsonaro, Paulo Amador Bueno y Celso Verardi, hicieron una larga exposición que tendió a demostrar la “inocencia” del expresidente en relación a los delitos de los que se lo acusa, que son cinco en total. El más importante es que la Policía Federal y la Justicia descubrieron su participación en el intento de golpe de Estado y el plan “Puñal verde-amarillo” que preveía el asesinato de Lula da Silva, su vice Geraldo Alckmin y el juez de la Corte Alexandre de Moraes.
Según estos defensores “no hay pruebas” que indiquen la intervención del exjefe de Estado en esas acciones, por lo cual –dijeron—corresponde la absolución del imputado.
También les tocó el turno de hablar a los abogados de los siete exministros y aliados del expresidente. Tres de ellos son generales retirados, pero con peso en las bases del Ejército: Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sergio Nogueira (exministro de Defensa). Uno del grupo es el almirante Almir Garnier y otro, el coronel Mauro Cid, que se acogió a la delación premiada.
Donald Trump tras el rumor que lo dio por muerto: “Nunca me he sentido mejor en mi vida”
El defensor de Nogueira sostuvo que el marino “fue un freno para los planes golpistas”. Pero también se quejó de desconocer la totalidad de los documentos recogidos por la Federal, como testimonio de los hechos delictivos. El abogado de Braga Netto optó por criticar la “delación premiada”, argumentando que el delator Cid llegó a presentar siete versiones distintas de un mismo hecho, a lo largo de las investigaciones.
No hay certeza sobre los años de punición que adjudicarán a la totalidad de los procesados, incluidos el exmandatario. Tampoco se sabe si tendría prisión domiciliaria o en alguna dependencia especial de la Policía Federal. Lo cierto es que el proyecto de amnistía de la Cámara de Diputados ha generado conflictos con el Supremo Tribunal Federal (la Corte) y en especial con el magistrado que conduce el juicio, De Moraes. Si esa norma prosperara implicaría sancionar a la propia Justicia, en una situación donde lo que se condena en esencia es el atentado contra la democracia en la sociedad brasileña.
ML
