El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atraviesa su momento más crítico desde que abandonó el poder. Este viernes fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia para que le colocaran una tobillera electrónica con geolocalización, por orden del Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco del juicio por intento de golpe de estado que marca una crisis institucional inédita en la primera economía de Iberoamérica.
La decisión, firmada por el juez Alexandre de Moraes, también establece el arresto domiciliario nocturno entre las 19 y las 7 horas, vigente los fines de semana y la prohibición de comunicarse por redes sociales. También ordenó el impedimento de contactar con embajadores, diplomáticos o cualquier otro implicado en la causa, incluido su hijo Eduardo, actualmente en Estados Unidos, en función de la investigación por presuntas presiones internacionales con el objetivo de desacreditar el proceso judicial que lo tiene como principal acusado.
"Puñal Verde y Amarillo", el complot que complica a Bolsonaro
Las nuevas medidas cautelares se inscriben en el marco de la megacausa por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, pero su alcance ya desborda el eje original. La investigación sostiene que Bolsonaro no solo promovió un plan interno para evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023, sino que también fue cómplice de un complot para asesinar al entonces flamante presidente, su vicepresidente Gerardo Alckmin y el juez supremo de Moraes.
Se trata del expediente más sensible de la causa por la que Bolsonaro podría ser condenado a 40 años de prisión. Conocido como "Puñal Verde y Amarillo", es la pieza clave de la instrucción que describe un plan con respaldo oficial para eliminar físicamente a la dupla presidencial y al juez supremo, que se convirtió en foco de los ataques de la militancia bolsonarista en los úlitmos años.
Ese plan, concebido a fines de 2022 por militares leales al entonces presidente, proponía el uso de métodos extremos, desde detenciones ilegales hasta envenenamientos y asesinatos selectivos, para desarticular el proceso de transición democrática. Según la investigación, el general Mario Fernandes, uno de los implicados, imprimió el documento desde una impresora del Palacio del Planalto. Luego fue entregado personalmente a Bolsonaro en la residencia oficial de Alvorada. Las pruebas reunidas por la Policía Federal, según informaron medios locales, demuestran que el expresidente no solo conocía el contenido del plan, sino que "avaló su ejecución".
EEUU y la dimensión internacional del caso
Recientemente, la causa no solo provocó una crisis política en Brasil sino que sumó una dimensión internacional. Según señaló Alexandre de Moraes en una reciente resolución, Bolsonaro y su hijo Eduardo habrían intentado intervenir en la causa penal desde el exterior, promoviendo sanciones económicas a Brasil a través del gobierno de los Estados Unidos, cuyo jefe de estado, Donald Trump, anunció un 50% de aranceles a importaciones brasileñas como "castigo" por el proceso judicial contra el condenado líder del Partido Liberal.
La estrategia, de acuerdo a la Policía Federal y a la Procuraduría General de la República, fue "crear una crisis económica deliberada" que generara presión interna sobre el Supremo Tribunal Federal. El juez citó mensajes, publicaciones, testimonios y documentos que revelan una “alianza informal” entre el clan Bolsonaro y el entorno de Trump. Acto seguido, el gobierno republicano revocó la visa estadounidense al magistrado de Moraes, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes 18 de julio por la tarde.
Brasil: la fiscalía le pidió a la Corte Suprema condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
Pero el episodio más contundente ocurrió el pasado 7 de julio. Tras una serie de reuniones de Eduardo Bolsonaro en Washington, Trump anunció la imposición de aranceles del 50% sobre productos brasileños importados en otro gesto de unilateralismo. Acompañó la decisión con un mensaje en sus redes sociales, donde calificó el juicio contra Bolsonaro como "una vergüenza internacional" y una "caza de brujas".
Desde el Palacio del Planalto, la bajada de línea sigue siendo la misma: las instituciones en Brasil funcionan. Mientras que, ante la consulta de PERFIL, reiteraron con que se trata de un asunto interno. A nivel institucional, en tanto, Brasilia sostiene una respuesta anclada en el derecho internacional, la misma que usaron para evitar referirse a la ratificación de la condena a Cristina Kirchner e incluso para rechazar el "castigo" arancelario de Donald Trump por la situación judicial de Bolsonaro.
Sin embargo, el expresidente brasileño sí aludió a la intromisión del presidente estadounidense. Tanto que republicó el mensaje y comenzó a agitar discursos contra el máximo tribunal de justicia en sus propias plataformas. Al día siguiente, Bolsonaro difundió un nuevo comunicado sugiriendo que las sanciones económicas podrían cesar si se le concedía una amnistía. "La advertencia ha sido dada, no hay más lugar para omisiones", escribió. Para la justicia brasileña, esas declaraciones constituyen una confesión directa de intento de extorsión institucional.
Moraes también destacó que Jair Bolsonaro mantuvo encuentros con representantes del Departamento de Estado de EEUU. Aunque el contenido del diálogo fue reservado, el juez resaltó que Bolsonaro publicó luego una nota convocando a las “potencias” extranjeras a actuar con urgencia para “restablecer la normalidad institucional en Brasil”. En tanto, la Procuraduría General interpretó esa frase como una solicitud directa de intervención extranjera en asuntos internos brasileños.
En ese contexto, las medidas cautelares dictadas esta semana son más que una advertencia judicial: representan el cerco legal más riguroso impuesto hasta ahora a un expresidente de Brasil en democracia. La defensa de Bolsonaro, a cargo del abogado Celso Vilardi, sostuvo que "no existe peligro de fuga ni indicios de obstrucción". Sin embargo, las evidencias acumuladas hasta el momento contradicen esa versión, según votó el TSF mayoritariamente.
Por su parte, Bolsonaro reconoció públicamente al diario Folha de San Pablo haber transferido dos millones de reales a su hijo Eduardo, exiliado en Estados Unidos, por fuera de cualquier canal oficial. Eduardo, que se perfila como sucesor de su padre, se jactó en redes de haber influido en las decisiones del gobierno norteamericano, incluyendo las sanciones arancelarias. Ambos celebraron públicamente esas medidas, interpretadas por el Supremo como actos hostiles dirigidos a presionar al Poder Judicial.
El juicio contra Bolsonaro
El expediente que involucra a Bolsonaro ya lo imputa por intento de golpe de Estado, asociación ilícita armada, tentativa de homicidio agravado, uso indebido de instituciones militares, obstrucción de la justicia, coacción en el curso del proceso y conspiración con potencia extranjera. La pena acumulada podría alcanzar hasta 43 años de prisión.
En medio de esta escalada institucional, Lula da Silva rompió el silencio. “Voy a ser candidato en 2026 para no entregarle el país a esa panda de enojados”, declaró el presidente en referencia al bolsonarismo. Es su definición más clara hasta ahora sobre su eventual reelección, y un mensaje directo a quienes todavía ven en Bolsonaro una figura viable políticamente, a pesar del cerco judicial.
La Corte Suprema prepara el inicio del juicio oral para los primeros meses de 2026. Mientras tanto, Bolsonaro quedó bajo vigilancia permanente, con movilidad restringida y aislado de sus aliados más cercanos, ante el riesgo de que se fugue a través de la embajada bajo la figura de "asilo político".
CD
