Hay una discusión ideológica sobre qué lugar ocupa la educación pública en la Argentina
El Gobierno profundiza el recorte del gasto para sostener el superávit mientras crece el conflicto con las universidades. La discusión ya excede el presupuesto y abre un debate sobre el lugar de la educación pública en la Argentina.
Argentina ofrece a veces postales muy extrañas. Y esta semana aparecieron dos que, vistas juntas, explican bastante bien el momento actual. Por un lado, la histórica La Serenísima reportando pérdidas millonarias. Por otro lado, el Gobierno está avanzando con nuevos recortes sobre educación, universidades y programas de alfabetización para sostener el superávit fiscal.
Que una compañía emblemática como Mastellone Hnos. pierda más de 11.000 millones de pesos en un trimestre no es un dato menor. Estamos hablando de una empresa vinculada a productos básicos: leche, yogur, quesos, manteca. No de una firma tecnológica sofisticada ni de un sector experimental de la economía. Y aun así, los números no cierran.
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Detrás de esa noticia hay además una historia muy argentina. La de Pascual Mastellone, un empresario que durante los años del kirchnerismo sufrió una persecución feroz desde el aparato estatal. Muchos recuerdan el ensañamiento de Guillermo Moreno contra el sector empresario. Finalmente, la compañía terminó bajo control de Danone y Arcor, dos gigantes que seguramente tienen espalda suficiente para soportar semejantes pérdidas. Pero el dato sigue siendo impactante.
Al mismo tiempo, el Gobierno profundiza el ajuste fiscal. Según distintos economistas y también un reciente informe de Fundación Capital, la caída de la recaudación obliga a recortar todavía más el gasto público para sostener el superávit. El problema es que los recortes empiezan a tocar zonas extremadamente sensibles.
Esta semana el Ejecutivo avanzó sobre partidas vinculadas a universidades nacionales, infraestructura educativa y programas de alfabetización. Y naturalmente apareció otra marcha universitaria. El Gobierno sostiene que detrás de estas movilizaciones hay intereses políticos. Y probablemente algo de eso exista. La política atraviesa desde hace décadas la vida universitaria argentina. Pero reducir todo el conflicto a una mera maniobra partidaria sería una simplificación peligrosa.
Porque acá hay algo más profundo. Hay una discusión ideológica sobre qué lugar ocupa la educación pública en la Argentina.
El oficialismo parece mirar a las universidades con una mezcla de desconfianza política y desprecio conceptual. No es casualidad. Basta recordar algunas declaraciones de Alberto Benegas Lynch sugiriendo que, si un padre considera mejor que su hijo trabaje en un taller en lugar de asistir al colegio, eso debería aceptarse naturalmente. Fue una afirmación extraordinariamente desafortunada. Y reveladora.
Detrás de ese razonamiento aparece una idea bastante elitista de la educación: que estudiar es un privilegio reservado para quien pueda sostenerlo y no un valor colectivo que el Estado debe garantizar.
Y ahí aparece un choque cultural importante. Porque la Argentina construyó buena parte de su identidad moderna alrededor de la educación pública, gratuita y obligatoria. Desde la Ley 1420 hasta las universidades nacionales, existe una tradición profundamente arraigada que atraviesa generaciones y clases sociales. Es uno de los pocos consensos históricos que todavía sobreviven.
Por supuesto que las universidades argentinas tienen enormes problemas. Politización, estructuras burocráticas, falta de controles y déficits de gestión. Todo eso es cierto. Pero una cosa es discutir reformas y otra muy distinta es transmitir la idea de que la educación pública constituye un gasto molesto o un privilegio injustificado.
Además, cuando se recorta sobre universidades no solo se afecta a estudiantes. También quedan alcanzados hospitales fundamentales como el Hospital de Clínicas José de San Martín o el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, instituciones centrales para miles de argentinos.
Mientras tanto, la economía ofrece señales contradictorias. Hay sectores que siguen muy golpeados y salarios que continúan corriendo detrás de la inflación, con paritarias limitadas y nueve meses consecutivos de caída real en la recaudación tributaria. Pero también aparecen inversiones importantes, como la anunciada por Vista Energy en Vaca Muerta, impulsada por Miguel Galuccio.
La pregunta de fondo es si el programa económico logrará estabilizar la macroeconomía sin erosionar ciertos valores históricos que la Argentina todavía conserva. El equilibrio fiscal puede ser indispensable. Pero también importa cómo se llega a él y qué cosas se deciden sacrificar en el camino.