La falsa inclusión universitaria

En los últimos días volvió a quedar en evidencia un hecho que no debería sorprender. El boletín del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, correspondiente a febrero de 2026, reporta que en 2023 la Argentina registró 564 estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, mientras Brasil tuvo 461 y Chile 352. Sin embargo, al observar la graduación, la relación se invierte: nuestro país graduó apenas 31 alumnos cada 10.000 habitantes, frente a 64 en Brasil y 57 en Chile. Tenemos, por tanto, relativamente muchos más estudiantes que ambos países, pero muchos menos graduados.

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La comparación es todavía más elocuente cuando se sigue la trayectoria de quienes ingresan. De cada 100 ingresantes en 2019, en 2023 se habían graduado apenas 23 en la Argentina. En Brasil lo habían hecho 38 y en Chile 76. A ello se suma otro dato igualmente revelador: entre 2013 y 2023 la cantidad de graduados universitarios creció en la Argentina apenas 18%, mientras que en Brasil aumentó 36% y en Chile 38%. No solo graduamos poco; además, avanzamos mucho menos que nuestros vecinos.

Estos números no describen una rareza estadística. Describen el resultado de un sistema que facilita el ingreso, pero no logra sostener las trayectorias. El propio informe subraya una diferencia central entre la Argentina, por un lado, y Chile y Brasil, por el otro: en nuestro país rige el ingreso irrestricto establecido por el artículo 7 de la Ley 27.204, mientras que en ambos casos existen exámenes generales al finalizar la escuela secundaria que luego son utilizados por las universidades para determinar el ingreso. El boletín recuerda que en Chile la actual PAES tuvo su primera evaluación en noviembre de 2022, mientras que en Brasil el ENEM se aplica desde 1998.

La contradicción argentina es evidente

Se exhibe como un logro una matrícula universitaria elevada, pero se omite mencionar que esa amplitud de acceso convive con una graduación muy baja. El sistema parece inclusivo al ingreso, pero resulta restrictivo al egreso. No selecciona antes de entrar; selecciona después, a través del abandono. 

Desde hace muchos años, junto a Alieto Guadagni, hemos sostenido que este esquema constituye una falsa promesa de inclusión. Ingresar a la universidad sin la preparación necesaria no equivale a contar con una oportunidad real. Por el contrario, implica muchas veces transitar durante años estudios que no habrán de concluir. Y ello perjudica especialmente a los jóvenes más vulnerables, quienes son precisamente los que menos margen tienen para perder tiempo, esfuerzo y expectativas en trayectorias inconclusas.

En junio de 2023, la Academia Nacional de Educación difundió una declaración titulada “La educación es una prioridad”. En ella enumeró once prioridades que, a juicio de la Academia, debían orientar cualquier intento serio de reforma educativa. La cuarta de ellas se refería al ingreso a la educación superior. Allí señaló: “Orientar a los alumnos que egresan de la educación secundaria para proseguir su formación facultando a las universidades a establecer las condiciones de ingreso, respetando la autonomía, en beneficio de la diversidad del sistema y promoviendo las acciones remediales indispensables para facilitar la integración y los aprendizajes, para lo cual debe modificarse el art. 7 de la ley 24.521”.

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No se trata de una idea abstracta. El reciente proyecto de Ley de Libertad Educativa propone precisamente sustituir el artículo 7 de la Ley 24.521. Su artículo 153 establece: “Para ingresar a la enseñanza de grado en el nivel de Educación Superior, las personas deben haber aprobado la Educación Secundaria. Las instituciones de Educación Superior deben establecer mecanismos de ingreso que respeten criterios de equidad y razonabilidad. Cuando existan cursos, trayectos o procesos de nivelación, las instituciones de Educación Superior deben ofrecer un examen de ingreso directo para quienes hayan optado por no realizarlos”. La propuesta es razonable.

¿No es preferible una evaluación al final del secundario que incentive el estudio durante ese nivel y oriente con mayor realismo las trayectorias posteriores? Chile y Brasil, con sistemas distintos entre sí, pero ambos basados en evaluaciones previas, muestran resultados claramente superiores a los nuestros.

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No se trata de cerrar las puertas de la universidad. Se trata de evitar que el ingreso irrestricto continúe funcionando como una ficción de inclusión que deriva, para miles de jóvenes, en frustración y abandono.

La verdadera inclusión no consiste en permitir simplemente entrar, sino en generar condiciones razonables para graduarse. Persistir en el esquema vigente implica seguir celebrando que ingresen muchos, aunque egresen pocos. Revisarlo, en cambio, permitiría comenzar a construir un sistema universitario más honesto, más eficaz y más justo.

(*) Miembro de la Academia Nacional de Educación y director del UCEMA Friedman Hayek Center

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