La grieta de la inseguridad: entre el fallo garantista de Marta Pascual y la brecha ideológica de la sociedad

La Argentina atraviesa, una vez más, esa dolorosa dinámica donde las instituciones tropiezan con sus propias contradicciones y el debate público se degrada en un espectáculo televisivo. Lo ocurrido en los últimos días en materia de seguridad e imputabilidad juvenil sintetiza, con precisión casi quirúrgica, la distancia entre el pragmatismo judicial que exige la ciudadanía y el sesgo ideológico que paraliza al Estado.

Por un lado, asistimos al capítulo judicial: tras la votación en el Congreso Nacional que fijó la reforma al Código Penal Juvenil reduciendo la edad de imputabilidad a los 14 años, la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, decidió suspender su aplicación. Una decisión que generó un inmediato conflicto doctrinario e institucional. Más allá de la pirotecnia mediática, la respuesta técnica no tardó en llegar de la mano de fiscales como el doctor Cerruti, quienes recurrieron a las instancias superiores para apelar el fallo y exigir la plena vigencia de la norma aprobada por los representantes del pueblo.

Sin embargo, el problema de fondo no se agota en los tribunales. La traba judicial es apenas el síntoma de una sociedad profundamente dividida en el diagnóstico de sus propios males.

Juan Pablo Valdés advirtió sobre la falta de fondos para aplicar la baja en la edad de imputabilidad

Un reciente y riguroso estudio desarrollado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ofrece un mapa escalofriante sobre la percepción ciudadana. El informe, basado en un relevamiento del doble de casos respecto de los muestreos habituales, revela que si bien el temor al delito es un transversal a toda la población, las explicaciones sobre sus causas responden a una fractura política tajante.

Por un lado, los sectores identificados con el espacio de La Libertad Avanza y el centro-derecha atribuyen el fenómeno delictivo al avance del narcotráfico, las adicciones, la pérdida de autoridad y la descomposición social. En la vereda opuesta, los votantes alineados con el kirchnerismo insisten en atribuir el delito casi de manera exclusiva a la falta de empleo y a la vulnerabilidad económica.

Esta última postura no es nueva: es la derivación directa del garantismo y de las teorías "zaffaronianas" que han dominado el pensamiento socio-jurídico local durante las últimas décadas, justificando el accionar delictivo bajo el pretexto de la exclusión socioeconómica. Un enfoque que, valga señalar, se encuentra ampliamente superado en el debate criminológico internacional contemporáneo.

El drama argentino reside en que, mientras la política utiliza estas visiones encontradas para alimentar la polarización y el show diario, la realidad impone un costo altísimo. La seguridad exige respuestas operativas, leyes claras y jueces que apliquen el derecho, no un debate infinito que justifique la inacción a costa de las víctimas.

MEG