Durante décadas, la Argentina padeció un fenómeno tan peligroso como dañino: la naturalización de la injusticia. Nos acostumbramos a que las normas fueran simples sugerencias, a que usurpar una propiedad privada fuera considerado un atajo tolerable y a que quienes trabajan, invierten o construyen el patrimonio de toda su vida tuvieran que resignarse ante el atropello. En la Ciudad de Buenos Aires esta pasividad no solo generó angustia en miles de familias y comerciantes, sino que fracturó la convivencia social y degradó barrios enteros.
Siempre sostuve que la propiedad privada no es un privilegio ni una categoría puramente económica; la propiedad privada es una garantía moral de libertad. Sin ella, ningún proyecto de vida puede prosperar, ninguna inversión encuentra certeza y el Estado termina convirtiéndose en un espectador cómplice del delito.
Desde mi trabajo legislativo e ideológico dentro del liberalismo republicano, impulsé una premisa infranqueable: el que usurpa una propiedad o toma lo ajeno comete un delito. No hay vueltas. Bajo esa concepción, diseñamos proyectos clave dentro de nuestra batería de propuestas legislativas para dotar al sistema de herramientas rápidas y contundentes.
En mi período como legislador, con las iniciativas de Desalojo Express I y II, planteamos la necesidad imperiosa de acelerar los procesos judiciales para ejecutar desalojos de inmuebles tomados en un plazo máximo de cinco días. A su vez, propusimos la quita absoluta de subsidios e incentivos estatales para los “okupas”.
El Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, financiar con el dinero de los contribuyentes a quienes violan la ley. A esto sumamos el proyecto de Ley Anti-Toma de Colegios y diversas propuestas orientadas a resguardar la seguridad y el orden en el espacio público.
El objetivo era claro: cambiar el paradigma procesal. Pasar de un modelo garantista que castigaba al propietario con años de litigios interminables a un esquema donde el derecho constitucional a la inviolabilidad de la propiedad privada se defienda de manera ejecutiva y sin fisuras.
Las leyes y las ideas, por más sólidas que sean, cobran verdadero valor cuando se transforman en políticas públicas concretas. La decisión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de poner fin a las usurpaciones en la Ciudad de Buenos Aires marca un hito fundamental en este cambio de época.
Hace poco el Gobierno de la Ciudad anunció que alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas y restituidas a sus legítimos dueños. No es una cifra estadística más: es la reparación histórica para cientos de familias porteñas que esperaron durante años —y en algunos casos décadas— para volver a cruzar la puerta de su casa o comercio.
Inmuebles recuperados en Balvanera, Constitución, Flores, La Boca o Almagro pasaron de ser aguantaderos, búnkers de droga o talleres clandestinos a volver a manos de quienes los construyeron con su esfuerzo.
Cuando el Estado recupera una propiedad tomada o desaloja un predio intrusado no solo solo le devuelve un bien a su dueño que equivale a cientos de millones de dólares; también recupera la paz social del barrio. Se termina el apriete al vecino, se restituye la seguridad en la puerta de las escuelas y se le envía un mensaje inequívoco a la delincuencia: en la Ciudad de Buenos Aires se terminó la impunidad.
Mi decisión de ponerme al frente del Parque de Innovación, primero, y de sumarme a la defensa de la gestión del Gobierno porteño nace de este convencimiento. Hoy encontramos una gestión ejecutiva en la Ciudad que tomó sin vacilaciones la agenda de orden, seguridad, responsabilidad fiscal y respeto a las libertades individuales que venimos defendiendo desde hace 20 años.
Existe una sinergia indiscutible entre las batallas legislativas que dimos en la Legislatura y la ejecución práctica que hoy realiza Jorge Macri. Mientras otros se quedan en lo declamatorio o en la crítica de redes sociales, en la Ciudad mostramos con hechos cómo se defiende la libertad en el terreno: poniendo los recursos, coordinando a las fuerzas de seguridad con la Justicia y respaldando a los ciudadanos de bien.
El camino trazado es claro: la Ciudad de Buenos Aires cambió y no tolera más medias tintas, ni concesiones al pobrismo o al desorden. Defender la propiedad privada es defender a la persona que trabaja, que emprende y que sueña con dejarle algo a sus hijos. Desde la gestión pública y desde el ámbito de las ideas, vamos a seguir profundizando este rumbo: más orden, más libertad y tolerancia cero a la delincuencia.