La política y su eterna tentación de cambiar las reglas del juego

Hay una constante en la política argentina que atraviesa gobiernos de todos los signos. Cambian los nombres, cambian los discursos, cambian las mayorías, pero hay una pulsión que permanece intacta: la de intentar acomodar el sistema electoral de acuerdo con las necesidades del oficialismo de turno. Es una práctica tan repetida que ya casi forma parte de la tradición política nacional.

Hoy esa discusión vuelve a escena. El Gobierno impulsa modificaciones al régimen electoral con dos objetivos claros: eliminar las PASO o, al menos, convertirlas en una instancia no obligatoria. El argumento oficial gira alrededor del ahorro de recursos públicos y de la necesidad de simplificar el calendario electoral. Sin embargo, detrás de esa explicación aparece una lectura política bastante más evidente.

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Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias no solo sirven para seleccionar candidatos. También funcionan, muchas veces, como un mecanismo para ordenar fuerzas políticas fragmentadas. Y justamente ahí aparece el interés del oficialismo. Mientras el Gobierno llega a la próxima elección con un liderazgo consolidado y un candidato prácticamente definido, buena parte de la oposición enfrenta dificultades para resolver sus propias disputas internas.

El PRO sigue atravesando una discusión sobre quién conduce el espacio. El peronismo tampoco logró cerrar la incógnita respecto de su liderazgo. En ese escenario, unas PASO competitivas podrían transformarse en la herramienta para legitimar candidatos y reorganizar esas fuerzas. Eliminar esa instancia, naturalmente, modifica el tablero político y obliga a la oposición a resolver sus conflictos por otros caminos, bastante más complejos.

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No se trata de una novedad. Cada administración intenta diseñar un sistema electoral que le resulte funcional. Es una lógica que ha atravesado distintas etapas de la democracia argentina. La diferencia es que cada gobierno encuentra una justificación distinta para defender el cambio que le conviene en ese momento.

A esa discusión se suma ahora el debate por las colectoras, un mecanismo que históricamente despertó fuertes cuestionamientos. La posibilidad de que varias listas provinciales queden enganchadas a una misma candidatura nacional vuelve a dividir aguas. El oficialismo necesita convencer a los gobernadores de acompañar la reforma, aunque todavía no resulta evidente cuál es la contraprestación política que recibirían para aceptar ese esquema.

Las resistencias existen y son numerosas. Sectores del radicalismo, dirigentes del PRO e incluso buena parte del peronismo observan con desconfianza la utilización de las colectoras y tampoco muestran demasiado entusiasmo con la eliminación de las PASO. El escenario parlamentario refleja esa complejidad.

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Por ahora, da la impresión de que el Gobierno todavía no reúne los votos necesarios, especialmente en el Senado, para avanzar con una modificación de semejante magnitud. Como ocurre casi siempre en la política argentina, la discusión terminará atravesando el terreno de las negociaciones. Recursos, acuerdos, concesiones, intereses provinciales y equilibrios de poder volverán a ser la moneda de cambio.

Porque las reformas electorales rara vez son solamente reformas electorales. Detrás de cada modificación aparecen cálculos políticos, estrategias de corto plazo y disputas por el poder. El problema es que las reglas de la democracia deberían pensarse para garantizar mayor representación y mejor calidad institucional, no para facilitarle el camino circunstancial al gobierno de turno.

Habrá que ver si esta iniciativa finalmente prospera o queda atrapada en el mismo laberinto legislativo que tantas otras. Pero, una vez más, la Argentina vuelve a discutir no quién juega mejor el partido, sino quién escribe el reglamento antes de que empiece.

CS/LT