Hace unas semanas, en una conversación sobre contenido periodístico y herramientas de inteligencia artificial, mi editora me planteó una pregunta que me quedó dando vueltas: ¿qué pasa con la propiedad intelectual de un texto cuando parte de él fue generado con IA? ¿Queda "contaminado"? ¿Queda desprotegido? ¿O simplemente queda en una zona gris que la ley todavía no se sabe cómo nombrar?
La respuesta, como suele pasar con las preguntas buenas, es más compleja que cualquiera de esas tres opciones.
El IP no se contamina. Desaparece.
La legislación vigente en la mayoría de los países, incluyendo España, establece que los derechos de autor recaen exclusivamente sobre personas físicas o jurídicas. Un texto generado íntegramente por IA no tiene autor en términos legales: es, técnicamente, de dominio público. Cualquiera puede copiarlo sin consecuencias.
El caso más ilustrativo ocurrió en Estados Unidos con el cómic Zarya of the Dawn. La Oficina de Copyright primero registró la obra, y luego, al enterarse de que las ilustraciones habían sido generadas con IA, revocó la protección sobre esas imágenes, manteniendo solo la del texto escrito por la autora humana. El mensaje fue claro: la IA puede colaborar, pero no puede ser autora.
Pero acá aparece la pregunta que ninguna ley respondió todavía: ¿cuánta IA hace falta para dejar de ser el autor?
Si uso IA para corregir la ortografía de un texto, ¿perdí mi autoría? ¿Y si la uso para buscar datos pero escribo yo? ¿Y si le doy el prompt, edito el resultado y reescribo la mitad? La línea entre "asistido por IA" y "generado por IA" es filosóficamente borrosa y legalmente inexistente. La ley sabe que el problema existe pero todavía no encontró la regla para medirlo.
Para el periodismo y la producción de contenido, esto tiene consecuencias prácticas inmediatas. Un artículo generado con IA no tiene la misma protección legal que uno escrito por un periodista. Y eso no es un detalle menor en un sector que vive de sus contenidos.
Reglamento de la IA
La Unión Europea aprobó en 2024 el primer reglamento integral de IA del mundo, conocido como EU AI Act. Entró en vigor en agosto de ese año y se aplica por fases. Desde febrero de 2025 rigen las prohibiciones de prácticas de riesgo inaceptable. Desde agosto de 2025, los modelos de IA de propósito general tienen obligaciones específicas. Y desde agosto de 2026 entran en vigor las normas de transparencia: todo contenido generado con IA deberá estar etiquetado como tal.
Pero el reglamento no es estático. En mayo de 2026 se alcanzó un acuerdo político para postergar las obligaciones de alto riesgo en áreas como biometría, educación y empleo hasta diciembre de 2027. La ley existe, pero sigue moviéndose. Es una obra en construcción con fecha de entrega que se va corriendo.
Lo que sí es claro desde el primer día es su alcance: el reglamento es extraterritorial. Se aplica a cualquier empresa o individuo cuyos sistemas de IA generen contenido que se utilice dentro de la Unión Europea, independientemente de dónde estén ubicados. La lógica es la misma que la del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos): no importa dónde se esté, importa dónde llega lo que se hace.
¿Y desde Sudamérica? La pregunta práctica es inevitable: si estoy en Argentina usando una herramienta de IA para escribir, ¿me afecta una ley europea?
En términos directos, no. Las sanciones apuntan a los proveedores de IA y a los implementadores empresariales, no a usuarios individuales. Nadie va a multar a un columnista porteño por usar Claude o ChatGPT para escribir un artículo de opinión.
Pero la afectación indirecta es real y ya está ocurriendo. Cuando la UE le impone a Anthropic la obligación de etiquetar contenido generado con sus modelos, Anthropic modifica cómo funciona Claude para todos sus usuarios, estén en Bruselas o en Buenos Aires. Las reglas europeas terminan siendo reglas globales porque los proveedores no pueden tener una versión del producto para cada jurisdicción.
El fenómeno ya tiene nombre: Efecto Bruselas. Lo que regula Europa termina convirtiéndose en estándar mundial, igual que pasó con el RGPD y la privacidad de datos.
Hay todavía un problema que nadie menciona: deepSeek.
Hasta acá el análisis es técnico y legal. Pero hay una dimensión geopolítica que se suele eludir en estas conversaciones y que me parece urgente nombrar.
No todas las herramientas de IA son iguales. No en calidad técnica, sino en origen y en consecuencias.
DeepSeek, el modelo chino que generó revuelo a principios de 2025, opera bajo la jurisdicción del Partido Comunista Chino. La ley china de ciberseguridad de 2017 obliga a las empresas tecnológicas a cooperar con la inteligencia nacional cuando se les requiere. Eso significa que los datos que un usuario le proporciona a DeepSeek, los temas que consulta, los textos que genera, pueden ser accesibles al gobierno chino. No es especulación: es el marco legal bajo el que opera esa empresa.
El mundo de la IA se está dividiendo en tres ecosistemas con valores distintos. La UE regula con foco en derechos fundamentales. Estados Unidos desreguló bajo la administración Trump, apostando a la innovación de mercado. China controla centralmente qué hace la IA y para qué, con el Estado como árbitro final.
Sudamérica, como en tantos otros temas tecnológicos, está mirando el partido desde afuera sin haber decidido todavía de qué lado de la cancha quiere jugar. Y esa indecisión tiene un costo: mientras no existe un marco regulatorio regional propio, cada usuario, cada empresa y cada medio de comunicación toma decisiones individuales sobre qué herramientas usa y qué datos entregar, sin saber exactamente a qué sistema de valores está alimentando.
Hay una obra de 1897 que describe todo esto mejor que cualquier reglamento europeo.
En Cyrano de Bergerac, Roxane se enamora de las palabras sin saber quién las escribió realmente. Christian se lleva el mérito. Cyrano pone el talento. Y cuando la verdad aparece... ya es demasiado tarde.
Hoy Cyrano es un modelo de lenguaje. Christian es cualquier autor que firma contenido generado con IA. Y Roxane es el lector, el editor, o la ley que todavía no sabe exactamente qué está leyendo ni de quién es lo que lee.
La pregunta que Rostand dejó sin responder en 1897 sigue sin respuesta en 2026.
Elegir con qué IA trabajás no es solo una decisión técnica. Es una decisión geopolítica. Y pronto, también será una decisión legal con consecuencias concretas.
Cyrano esperó demasiado para decir la verdad. La ley, esperemos, no.
*Licenciado en Informática y en Ciencia de Datos, Profesor de Arquitectura de Computadoras, Paradigmas de Programación y Evaluación de Proyecto en la Universidad del Salvador, Quality Assurance Analyst en el Gobierno de la Ciudad, perito informático forense.
