Macro saludable y clase media fulminada ¿es este el modelo definitivo de Javier Milei?
Cuentas públicas ordenadas y sectores privilegiados conviven con una mora récord en las familias y episodios de violencia desgarradores en la informalidad. El riesgo de la rigidez dogmática ante una sociedad exhausta.
En el análisis económico argentino actual suele instalarse un dilema recurrente: la coexistencia entre indicadores macroeconómicos alentadores y una persistente falta de sensación de bienestar en las calles. Sin embargo, cabe formular una pregunta incómoda pero sumamente necesaria: ¿no será este, acaso, el modelo definitivo del gobierno de Javier Milei?
Un esquema que logra sanear las cuentas públicas, equilibrar el presupuesto y ordenar el Banco Central, pero que al mismo tiempo deja a la clase media fulminada por un período prolongado. Una estructura que beneficia y consolida a cuatro o cinco sectores clave —el campo, la energía, la minería, los servicios y eventualmente la inteligencia artificial—, mientras el resto de la economía real, donde intervenimos y vivimos la enorme mayoría de los argentinos, queda relegada a una fragilidad permanente.
Esta inquietud conecta directamente con un agudo diagnóstico expuesto por el periodista Carlos Pagni, quien advierte sobre el peligro de la "rigidez tóxica" en la gestión oficial. La opinión pública comienza a dar señales claras de agotamiento: en las mediciones de opinión más recientes, las limitaciones del poder adquisitivo del salario y la angustia financiera diaria han pasado a preocupar más a la gente que los propios hechos de corrupción. La agenda de la sociedad ya no es la misma que cuando el oficialismo asumió el poder.
El impacto de este fenómeno se refleja con crudeza en los números oficiales del Banco Central. En el último año, la morosidad registró un salto alarmante: se incorporaron más de 2,3 millones de nuevos morosos al sistema. Hoy existen 5,8 millones de personas con atrasos superiores a los 90 días en sus obligaciones financieras, lo que representa cerca del 28% del total de deudores del país.
Ante esta asfixia, un porcentaje considerable de familias ha debido recurrir al financiamiento informal, derivando en un escenario aterrador. Reportes de inteligencia y análisis de coyuntura advierten que, en los sectores más postergados del conurbano bonaerense, se han multiplicado los crímenes contra deudores enviados por prestamistas y usureros de barrio. Un indicador drástico de la desesperación social al que la política no puede cerrar los ojos.
Frente a la magnitud de estas dificultades, la respuesta desde el Poder Ejecutivo oscila entre el dogmatismo y el menosprecio. Lejos de registrar la tormenta social, desde el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo se ha calificado de "especuladores" a quienes quedaron atrapados en el endeudamiento, argumentando que apostaron en falso a una devaluación que no ocurrió. De igual modo, las descalificaciones hacia economistas, analistas y sectores críticos —tildados indistintamente de "tarados" o "terroristas encubiertos"— revelan una seria dificultad para empatizar con la realidad cotidiana de las familias.
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A este panorama se suman los datos aportados por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, quien confirma que la pobreza real no experimentó las caídas drásticas enunciadas desde el relato oficial, fijándose en torno al 30% en la primera parte del año y mostrando un deterioro particular en los sectores medios.
El gobierno parece haber perdido puentes de interlocución política e institucional clave, acentuando un problema de comunicación y de sintonía fina con la sociedad. Gestionar la economía requiere flexibilidad y sensibilidad táctica. Si la receta oficial insiste en ignorar el ahogo de las mayorías en pos de una pureza teórica, el costo social y político de esta encrucijada puede ser infinitamente mayor al que la Argentina está en condiciones de tolerar.
MEG