Más ecología para una mejor economía

Durante décadas, el debate económico y político trató a la ecología como un tema accesorio, casi decorativo. Algo importante, pero secundario frente a las prioridades “reales” del desarrollo: comercio, inversión, crecimiento. Hoy esa idea se desmorona porque la evidencia económica se volvió contundente: sin naturaleza funcional, no hay economía posible.

Para entender por qué, conviene repasar el origen de las palabras.

Ambas palabras comparten una raíz común: “eco”, del griego oikos, que significa casa. La ecología estudia el funcionamiento de la casa. La economía, su administración.

La encíclica Laudato Si’ del papa Francisco ofrece una definición clara: “La ecología estudia la relación entre los organismos vivos y el entorno en el que se desarrollan. Esto implica necesariamente la reflexión y el debate sobre las condiciones necesarias para la vida y la supervivencia de la sociedad, y la honestidad necesaria para cuestionar ciertos modelos de desarrollo, producción y consumo”.

La economía, por su parte, estudia cómo las sociedades asignan recursos escasos para producir bienes y servicios para satisfacer necesidades múltiples. Es una ciencia social, basada en percepciones de lo que tiene valor, las expectativas y decisiones humanas. La ecología, en cambio, es una ciencia biológica que describe los procesos que sostienen la vida, como el ciclo del agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad, la estabilidad climática.

Por eso, en términos estructurales, la ecología es superior a la economía. La economía depende de la naturaleza. La naturaleza no depende de la economía.

Este reconocimiento, hoy se convierte en una condición concreta del comercio internacional y de las inversiones globales.

La gobernanza ambiental, en este contexto, deja de ser una agenda marginal para convertirse en un habilitante del comercio y la inversión. Y los acuerdos comerciales más relevantes del mundo ya lo reflejan.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur establece que el acceso preferencial al mercado europeo estará condicionado al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, protección de los bosques, gestión del agua y conservación de la biodiversidad, además de estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo y principios de debida diligencia de la OCDE. Esto implica que el comercio ya no se define únicamente por aranceles o cuotas, sino también por el cumplimiento verificable de estándares ambientales y sociales en las cadenas de producción.

En la práctica, estas reglas pueden determinar si un producto entra o no a un mercado. Por ejemplo, el reglamento europeo contra la deforestación exige demostrar que exportaciones como soja, carne o madera no provienen de áreas deforestadas después de 2020, mediante sistemas de trazabilidad geográfica. A su vez, nuevas normas de reporte de sostenibilidad obligan a las empresas a informar riesgos climáticos y ambientales en sus operaciones. Esto introduce nuevos costos de cumplimiento, pero también redefine las reglas del comercio internacional, donde la sostenibilidad se vuelve una condición de acceso a los mercados.

Un estudio reciente de la Royal Society analizó los agroquímicos utilizados en cultivos clave de América del Sur y encontró un dato contundente: el 49% de los agroquímicos utilizados en la región están prohibidos en la Unión Europea.

La pregunta es inevitable: ¿un productor europeo aceptará competir con productos elaborados bajo estándares ambientales que su propio país prohíbe? La respuesta, evidentemente, es no.

Algo similar ocurre en la relación económica con Estados Unidos. La eventual profundización de los vínculos comerciales y financieros entre Argentina y ese país se da en un contexto donde los estándares ambientales de la OCDE funcionan como referencia internacional para evaluar la calidad institucional, la transparencia regulatoria y la sostenibilidad de las cadenas de valor.

La gobernanza ambiental es ya parte del lenguaje de la competitividad.

Y el cambio no se limita al comercio. También avanza en el sistema financiero.

Un estudio reciente de la London School of Economics (LSE) advierte que los países que no protejan su naturaleza ni desarrollen marcos regulatorios e institucionales adecuados enfrentarán mayores costos para acceder al financiamiento internacional. La degradación ambiental comienza a ser incorporada por los mercados como un factor de riesgo económico y fiscal. Esto refuerza la idea de que el riesgo país ambiental será cada vez más determinante para la estabilidad económica y la competitividad de las naciones.

En Argentina, la Comisión Nacional de Valores aprobó recientemente la Resolución General 1115/2026, que redefine el régimen informativo de las empresas que cotizan en el mercado de capitales. Entre sus novedades más relevantes se encuentra la incorporación obligatoria de información vinculada a sostenibilidad dentro de la memoria anual de las compañías. No se trata de responsabilidad social empresaria ni de marketing verde. Se trata de gestión de riesgos.

El sistema financiero internacional está empezando a exigir información sobre cómo las empresas gestionan sus impactos ambientales, su exposición a riesgos climáticos o su dependencia de recursos naturales críticos. 

En otras palabras: la ecología empieza a influir en la definición del valor y el precio del dinero.

Frente a este escenario, la pregunta para países como Argentina es inevitable: ¿cómo nos estamos preparando?

Porque la paradoja es evidente. Mientras el sistema financiero global, los acuerdos comerciales y los estándares corporativos avanzan hacia una mayor integración entre economía y naturaleza, algunos países discuten si la gobernanza ambiental es un obstáculo o una herramienta para el desarrollo.

La evidencia sugiere lo segundo.

La naturaleza no es solo patrimonio ambiental. Es también infraestructura crítica económica, social, cultural, territorial, laboral.

Tal vez por eso el papa Francisco insiste en una idea que resulta particularmente lúcida para nuestro tiempo: la necesidad de una ecología integral.

El crecimiento económico –señala– tiende a simplificar la realidad para reducir costos y aumentar eficiencia. Pero la protección del ambiente no puede considerarse aisladamente del desarrollo. Forma parte de él.

Los problemas ambientales están entrelazados con los sociales, los laborales, los culturales y los territoriales. Los ecosistemas están interconectados entre sí, y también lo están las sociedades.

En ese entramado complejo, comprender la relación entre economía y naturaleza no es una cuestión ideológica. Es una condición para la supervivencia.

Porque, como recuerda Francisco, “el todo es mayor que la parte”.

Y la economía, en última instancia, siempre será parte de algo más grande: la casa común que hace posible la vida.

*Exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Docente Unsam.