Proteger un país ya no es solo cuidar sus fronteras

Una ciudad puede quedarse sin luz, sin agua, con las comunicaciones interrumpidas o con su sistema financiero paralizado sin que se dispare un solo tiro. Lo que hasta hace algunos años parecía un escenario de ciencia ficción hoy forma parte de los riesgos concretos que enfrentan los Estados. 

Durante gran parte del siglo XX, proteger un país significaba defender sus fronteras, custodiar instalaciones estratégicas y garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado. La infraestructura crítica –centrales eléctricas, redes de agua, transporte, telecomunicaciones, hospitales, puertos, aeropuertos y sistemas financieros– era concebida como un conjunto de activos físicos cuya protección dependía principalmente de las fuerzas de seguridad, la inteligencia y la defensa. Ese paradigma ya no alcanza.

El siglo XXI dio lugar a una nueva forma de confrontación: la guerra híbrida. Estados y otros actores combinan ciberataques, desinformación, sabotaje, inteligencia y presión económica para debilitar a un adversario sin necesidad de una guerra convencional. La infraestructura crítica pasó a ser uno de sus principales objetivos.

Hoy un ataque informático puede cortar el suministro eléctrico, afectar el abastecimiento de agua, paralizar el sistema financiero o interrumpir las comunicaciones. La pregunta ya no es solo cómo proteger instalaciones, sino cómo garantizar la continuidad de los servicios esenciales frente a amenazas que actúan simultáneamente en el mundo físico y el digital.

La infraestructura crítica comprende los sistemas indispensables para el funcionamiento del país: energía, agua, telecomunicaciones, transporte, salud, sistema financiero, infraestructura digital y organismos públicos esenciales. Además, prácticamente toda la infraestructura física depende de sistemas digitales para operar. Un ciberataque puede generar consecuencias físicas y un sabotaje físico facilitar una intrusión digital. La seguridad ya no puede dividirse entre ambos planos: forman un único ecosistema de protección.

El desafío argentino. La Argentina posee activos estratégicos cuya protección adquiere una importancia creciente: el sistema energético, Vaca Muerta, la infraestructura portuaria, las redes de transporte, las telecomunicaciones, el sistema financiero, los satélites, los centros de datos y las futuras inversiones vinculadas a minerales críticos.

La creación del Centro Nacional de Ciberseguridad representa un avance, pero el escenario exige una política nacional que integre la seguridad física y la ciberseguridad bajo una estrategia común.

Como ocurre en la mayoría de los países desarrollados, gran parte de la infraestructura crítica pertenece al sector privado. Por eso, el Estado debe establecer estándares mínimos, coordinar el intercambio de información sobre amenazas y promover una gestión permanente del riesgo junto con los operadores. La inteligencia estratégica y la cooperación entre el sector público y el privado permiten anticipar amenazas, detectar vulnerabilidades y responder con mayor rapidez.

La guerra híbrida redefinió el concepto de seguridad. Hoy proteger un país implica resguardar tanto el territorio físico como el digital. La defensa del siglo XXI ya no comienza únicamente en una frontera: también empieza en una red eléctrica, un puerto, un centro de datos o una fibra óptica. Proteger esa infraestructura ya no es solo una tarea técnica: es una condición indispensable para preservar la seguridad nacional.

*Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, especialista en seguridad.