Régimen de Coparticipación Argentino para pensar el presente

¿Quién impulsó los regímenes de coparticipación de impuestos? En los libros aparece el clamor de las Provincias.

¿Arrastraron los Gobernadores la necesidad de su incorporación? La evolución de estos regímenes, desde su nacimiento hace ya 90 años, refleja una trama de relaciones de poder y de crisis económicas que forzaron a la Nación a apropiarse de tributos originariamente provinciales. Así surgió la coparticipación: un mecanismo de coordinación que nunca logró equilibrar del todo el federalismo.

El sistema constitucional de 1853 había previsto la separación de fuentes (aduanas para la Nación, tributos internos para las Provincias). Pero las recurrentes crisis y el crecimiento del Estado llevaron a un modelo de concurrencia de hecho, luego convalidado por la Corte en el caso Mataldi (1927) y consagrado definitivamente en la reforma de 1994 (art. 75 inc. 2). Desde entonces, lo transitorio devino permanente.

En esencia, la coparticipación nació como la compensación que obtuvieron las provincias por ceder—o más bien aceptar por la fuerza de los hechos—  la gestión recaudatoria de sus fuentes impositivas. Si bien la Nación los recauda, se trata de recursos compartidos por ambos niveles. El régimen no distribuye esencialmente potestades, sino recursos. Y en la práctica argentina cumplió dos funciones:

• legitimar la apropiación nacional de tributos al margen de la Constitución, y
• repartir la recaudación en un contexto de desequilibrio estructural.

El resultado fue una creciente dependencia provincial de las transferencias, lo que debilitó el federalismo real. Hoy esa tensión vuelve a escena: las provincias discuten con la Nación por los ATN, por la recaudación del impuesto a los combustibles, por la distribución de los recursos del Impuesto al Cheque y del nuevo diseño del IVA que quiere imponer gobierno; y también por la actualización de los envíos en concepto de coparticipación. En todos los casos, la pregunta de fondo es la misma: ¿cómo lograr un esquema de coordinación fiscal que permita sostener un federalismo del siglo XXI, justo y equitativo?

Transferencias a provincias crecieron 11,2% en julio pero siguen por debajo del promedio histórico

A ese viejo dilema se suma ahora una ofensiva del Congreso que abre una grieta en el “muro fiscal” construido por el Ejecutivo en nombre del equilibrio presupuestario, a fuerza de mayor discrecionalidad y centralización del gasto. Nos enfrentamos a una ciclogénesis institucional —una tormenta regulatoria en el cielo libertario— donde los intereses provinciales presionan por restaurar reglas claras de participación automática, sin discrecionalidad política, y restablecer un verdadero diálogo federal.

Mientras tanto, desde nuestro presente pero arrastrados como botes contra la corriente hacia el pasado, seguimos haciéndonos las mismas preguntas:

¿Cuál es el sistema de coordinación fiscal más adecuado para un federalismo que enfrente los desafíos del siglo XXI?

¿Cómo asegurar una unión indestructible de provincias igualmente indestructibles, con una participación justa de todos los niveles de gobierno y una distribución equitativa de los recursos?

¿Quién cocinará el banquete de la victoria? Cada diez años, un gran hombre. ¿Quién pagará los gastos? Tantas historias. Tantas preguntas.

*Docente, Magister en Derecho Tributario por la Universidad Austral