Sin balas no hay disparo

América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo. La tasa de homicidios triplica la media mundial, a pesar de concentrar solo el 8% de la población y de no registrar conflictos armados entre Estados. El 75% de esas muertes se cometen con armas de fuego.

Desde comienzos de los años 2000, tanto los países de la región como la comunidad internacional han concentrado sus esfuerzos en controlar las armas. Sin embargo, las municiones, que las hacen alimentan, han quedado relegadas del foco de atención. Tanto unas como otras llegan a manos del crimen organizado y del narcotráfico por tráfico ilícito o por desvíos de arsenales estatales y de empresas de seguridad privada. La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay ha sido identificada como un punto crítico para ese tráfico.

En un operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro en las favelas de Alemão y Penha, realizado en octubre de 2025 contra el Comando Vermelho, organización criminal de Brasil dedicada al narcotráfico, el tráfico de armas y el control territorial, se encontró un fusil FAL perteneciente a las Fuerzas Armadas argentinas. La principal hipótesis sobre su origen es el robo de 43 fusiles FAL y 2.500 partes que podrían ensamblarse para producir otras 400 armas, ocurrido en 2011 en el Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, al que se suma el robo de 19.600 municiones calibre 9 y 32 milímetros en 2015. Desde entonces, distintos operativos han dejado en evidencia la ruta ilícita de estas armas e involucrado a empresarios, narcotraficantes, hechos de corrupción y un lento accionar de la Justicia.

Otra evidencia clara del desvío de arsenales policiales es el caso del asesinato, en 2018, de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro y activista de derechos humanos. Su crimen constituyó un caso de violencia política, ya que fue ideado por políticos con intereses inmobiliarios y ejecutado por dos expolicías con armas y municiones robadas que, según confesaron, provenían del arsenal de la Policía Federal de Brasil. El arma utilizada era una subametralladora alemana de uso restringido y, según su marca, las municiones pertenecían a un lote que había sido vendido por la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC) a esa misma fuerza policial.

Durante años, Estados Unidos dificultó la adopción de regulaciones más estrictas sobre municiones. Sin embargo, el impulso de las Naciones Unidas y el compromiso de algunos Estados permitieron la aprobación del Marco Global para la Gestión de Municiones, adoptado por la Asamblea General en 2023. Aunque no es jurídicamente vinculante, ofrece una hoja de ruta para gestionar las municiones durante todo su ciclo de vida.

La información obtenida a partir de incautaciones en operativos de las fuerzas de seguridad es una muestra de la falta de control de los arsenales, ya que las municiones son detectadas cuando ya están en manos de la criminalidad y no a partir de controles internos que permitirían implementar medidas preventivas.

El intercambio de información en tiempo real sobre delitos, incautaciones, pérdidas y robos permitiría reforzar la colaboración entre los países de la región y facilitar operativos preventivos conjuntos.

El Marco Global de Municiones ofrece una hoja de ruta para gestionar las municiones durante todo su ciclo de vida. Ahora el desafío es político: transformar ese compromiso en medidas concretas de registro, seguridad física, intercambio de información y cooperación regional. Reducir el desvío de municiones no es solo una cuestión de control de armamentos, sino también una política de seguridad ciudadana y de prevención de la violencia.

*Coordinadora de Sehlac, directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), especialista en temas de seguridad internacional y control de armas.