Quién es Griselda Ortiz, la ex policía bonaerense detenida por el reclutamiento de argentinos para combatir en Ucrania

La historia de Griselda Inés Ortiz dio un giro radical en pocos meses. Hasta marzo de este año integraba la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde había trabajado durante más de nueve años e incluso había recibido un reconocimiento por su desempeño. Hoy permanece detenida, acusada de integrar una organización que reclutaba argentinos para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia mediante ofertas laborales presuntamente engañosas.

Ortiz, de 45 años, comenzó su carrera en 2015 como integrante de la Policía Local de Tigre, conocida en ese momento como la fuerza de las "Pitufas" por el color de sus uniformes. Tras incorporarse a la Policía Bonaerense, desarrolló su carrera sin sanciones y en 2022 recibió un premio "estímulo" por su desempeño. Su último destino fue la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tigre.

Su sueldo era de $1.200.000, por lo que solía completar sus ingresos con horas extras. El 11 de marzo de este año dejó formalmente la Policía Bonaerense, cuando se hizo efectiva su baja. Para entonces, la Justicia Federal ya la investigaba por su presunta participación en una red de reclutamiento de argentinos para combatir en Ucrania.

Madre de cinco hijos de entre 20 y 28 años, Ortiz viajó a Ucrania a fines de 2025 para combatir junto a las tropas ucranianas. En sus perfiles de Facebook e Instagram compartía fotografías con uniforme militar y armas largas, donde relataba esa experiencia como una misión de carácter heroico. Los investigadores sostienen que, tras su paso por el frente de batalla, encontró una actividad más rentable: el reclutamiento de argentinos para sumarse al conflicto. Recientemente se negó a declarar ante el fiscal Sergio Mola, a cargo de la pesquisa.

La acusación judicial

De acuerdo con la causa que impulsan la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Ortiz y su pareja, Jorge Alberto Otero —ex integrante de la Policía Federal y fisicoculturista—, organizaban contingentes de entre diez y quince personas para viajar a Ucrania. El hombre está prófugo. 

La investigación sostiene que ofrecían salarios de al menos 1.000 dólares mensuales y un bono adicional de 700 dólares para quienes fueran destinados a la primera línea de combate. Los pasajes eran financiados con fondos cuyo origen todavía se investiga y el viaje era únicamente de ida.

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Siempre según la investigación, los interesados desconocían las condiciones reales del contrato antes de viajar. Una vez en destino debían permanecer al menos seis meses y, si intentaban regresar antes, eran amenazados con ser denunciados por deserción o con pagar una indemnización de 2.500 dólares. La mayoría ni siquiera tenía celular propio "por miedo de que se comuniquen con el enemigo", tampoco pasaporte.

Los fiscales sostienen que entre los reclutados había ex militares y ex integrantes de fuerzas especiales, pero también jóvenes que apenas habían alcanzado la mayoría de edad y no tenían experiencia militar. Al menos quince de ellos terminaron pidiendo ayuda a la Embajada Argentina tras advertir que las condiciones reales diferían de las promesas recibidas antes de viajar.

La investigación y la alerta internacional

Ortiz fue detenida durante un allanamiento realizado en su domicilio de Tigre. La causa forma parte de una serie de investigaciones sobre posibles maniobras de captación de argentinos para participar en la guerra en Ucrania.

El expediente incorpora una "Alerta Morada" emitida por Interpol Colombia, que advierte sobre organizaciones que reclutan personas mediante ofertas laborales engañosas para trasladarlas a zonas de conflicto armado, donde enfrentan contratos en idiomas que desconocen, retención de documentación y condiciones coercitivas.

Además, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Cancillería argentina siguen de cerca este fenómeno, que los fiscales describieron como una modalidad con "indicios de organización estructurada y transnacional", orientada principalmente a captar ex integrantes de fuerzas de seguridad y militares para enviarlos a la zona de guerra.

RM