"Propofest": qué se sabe de las causas por la muerte del anestesista y los dos médicos acusados de robo de fármacos

La Justicia investiga la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, de 31 años, y a dos médicos del Hospital Italiano acusados de robar fármacos, en medio de diferentes operativos para determinar las circunstancias de las llamadas "Propofest" o “fiestas controladas”, eventos clandestinos donde se ofrecía utilizar propofol y fentanilo con fines recreativos. Aunque las causas se tramitan por vías separadas, se esperan los resultados de las pericias para definir el vínculo entre ambos casos.

Zalazar, que se desempeñaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fue hallado muerto dentro de su departamento del barrio porteño de Palermo el 20 de febrero pasado. La Policía lo encontró con una vía conectada en el pie derecho -en el izquierdo tenía una marca similar-, y en el lugar se secuestraron medicamentos anestésicos, que posteriormente se descubrieron que pertenecían al Hospital Italiano.

"Propofest": la FAAAAR defiende la especialidad tras el robo de fármacos y la muerte de un anestesiólogo

Casi en paralelo, se abrió la causa para averiguar el faltante de este tipo de sustancias del centro de salud ubicado en la calle Juan Domingo Perón 4190 y las sospechas cayeron sobre dos profesionales de la salud del área de Anestesiología: Hernán Boveri, anestesiólogo de amplia trayectoria y con relevancia en la comunidad médica, y Delfina "Fini" Lanusse, una residente de tercer año.

A raíz de la muerte de Zalazar y el avance de las sospechas, comenzó a circular, primero en grupos de WhatsApp del ámbito médicos y estudiantes, y después en las redes sociales, información sobre las "Propofest". Entre ellos, destacó un audio de casi ocho minutos donde una mujer mencionada a profesionales de salud que participaban de estos viajes "controlado”, en los que se usaban propofol y remifentanilo.

Se allanaron dos domicilios en la Capital Federal, uno en el partido de Tigre y la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAR) en el marco de la causa por el robo de fármacos, que está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48. El caso del fallecimiento del joven anestesista está a cargo del juez Santiago Bignone, del Juzgado Nº60 en forma interina. 

El anestesista hallado muerto en su departamento

Alejandro Zalazar, llamado "Alito" por sus conocidos, trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y era ex residente del Hospital Rivadavia. El día que fue encontrado sin vida en su casa, tenía que participar de una operación en la Fundación Favaloro pero no se presentó, lo cual generó una preocupación que no hizo más que aumentar cuando no respondió a los mensajes y llamadas a su celular. Su hermana dio aviso al 911 y, finalmente, se confirmó la trágica noticia.

Los accesos a su departamento -ubicado en un departamento de la calle Juncal al 4600- no habían sido forzados y tampoco se encontraron signos que indicaran que otra persona hubiera estado en el lugar, al menos hasta el momento. Dentro de la vivienda se constató que Zalazar tenía una vía conectada en el pie derecho y la marca de un catéter en el izquierdo.

Los efectivos además incautaron los medicamentos y una bomba de infusión, dispositivo médico que administra drogas intravenosas al cuerpo del paciente en cantidades controladas y precisas, y que se cree que también habría sido robada.

La autopsia arrojó que la causa de muerte fue "congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico". Se presume que su deceso está relacionado a una sobredosis con las dos sustancias utilizadas para anestesiar pacientes, y se aguardan los resultados de las últimas pericias para corroborarlo.

Los interrogantes comenzaron a girar en torno a una red de irregularidades, el robo de sustancias, las adicciones y las presuntas fiestas privadas donde se consumían estas drogas. El fiscal Eduardo Cubría investiga cómo y en qué contexto murió Zalazar, ya que los medicamentos registrados en la escena del hecho no podrían conseguirse fuera del ámbito de un hospital.

Qué son las "Propofest"

Las llamadas “propofest” son reuniones clandestinas que comenzaron a visibilizarse en redes sociales bajo los hashtags como #Propofest o #Tivafest. Se trata de encuentros organizados, en muchos casos, por personas vinculadas al ámbito de la salud, donde se utilizan con fines recreativos medicamentos anestésicos que destinados exclusivamente al uso hospitalario.

En estas reuniones "controladas", los participantes buscarían inducir estados de sedación profunda mediante la administración de fármacos, replicando fuera de todo contexto médico la técnica conocida como anestesia intravenosa total (TIVA). Para ello se emplean dispositivos de infusión que permiten dosificar las sustancias de manera continua, generando lo que denominan “viajes controlados”.

Entre los fármacos más utilizados aparecen el propofol, un anestésico de acción rápida empleado habitualmente para iniciar y sostener la anestesia general en cirugías o estudios como endoscopías, y el fentanilo, un opioide de alta potencia que se usa como analgésico y que suele combinarse con el anterior en procedimientos de sedoanalgesia.

La depresión del sistema nervioso central que provocan puede ser tan intensa que derive en una detención de la respiración (apnea), una situación potencialmente fatal si no se actúa de inmediato. Según informó el periodista Omar Lavieri, en estos encuentros incluso había alguien destinado a cumplir un rol de “guardia médica”, con el objetivo de intervenir ante complicaciones eventuales.

Esta persona contaría con equipos para asistir la respiración, en una práctica conocida como “ambucear”, que consiste en utilizar un dispositivo manual de ventilación (conocido como ambú, por su marca comercial). Se estima que el instrumental y los insumos empleados en estas reuniones también provendrían de hospitales.

Quiénes son el médico y la residente imputados

Tanto Boveri como Lanusse fueron imputados por administración fraudulenta de drogas en el contexto de las presuntas fiestas privadas y son investigados por organizar “viajes controlados” con sustancias e insumos del centro asistencial del barrio de Almagro. Al mismo tiempo, se busca saber si efectivamente están involucrados con el fallecimiento de Zalazar.

Considerado un referente en temas de anestesia y analgesia, Boveri tiene 45 años y es un anestesiólogo de planta permanente del Hospital Italiano que cuenta con larga trayectoria académica y de capacitación. Ha participado de talleres y de jornadas nacionales e internacionales sobre esta temático, y luego de quedar implicado en la causa por robo de medicamentos fue apartado de su cargo.

Lanusse, de 29 años, se egresó de la Universidad Austral y trabajaba en esa institución médica como residente de tercer año. Conocida entre sus amigos como "Fini", realizó tareas en Fisiopatología e Inmunología y junto a Boveri fue mencionada en los audios de WhatsApp. En tanto, el Italiano les inició un sumario interno.

En esta causa, fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera, de la Fiscalía Criminal y Correccional N°29. Ambos declararon a través de la plataforma virtual Zoom y negaron los cargos en su contra, además de adelantar que ampliaran sus presentaciones por escrito. Asimismo, se les aplicaron medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país mientras avanza la causa.

El comunicado de la asociación de anestesistas

Las versiones generadas por la repercusión de ambas causas provocó que la FAAAAR emitiera un duro comunicado en el que desvinculó la labor de los anestesistas con estas "celebraciones" clandestinas. “Resulta fundamental señalar que los hechos que han tomado estado público pertenecen al ámbito privado y bajo ningún concepto al ejercicio profesional ni a la práctica asistencial”, expresaron.

En esa línea, resaltaron que distinguir esto es clave para "preservar la correcta comprensión de la práctica anestesiológica y evitar generalizaciones que distorsionen la realidad de una especialidad altamente regulada y comprometida con estándares de calidad y seguridad”. Además, aclararon que la práctica en el país cuenta con un "sistema de formación estructurado, acreditado y exigente", reconocido por su solidez académica y su "compromiso con la seguridad del paciente”.

“Advertimos sobre los riesgos que implica la difusión de versiones no oficiales que pueden erosionar la confianza social. La construcción de esa confianza requiere responsabilidad, prudencia y apego a la verdad”, añadieron hacia el final del escrito, donde también concluyeron que los profesionales desarrollan su tarea "con compromiso ético y una vocación permanente por el cuidado de cada paciente".

Allanamientos en el marco de la causa

La Justicia avanzó con allanamientos en las casas de los imputados por la presunta sustracción y distribución de las sustancias. En los operativos se reportó que se encontraron elementos del hospital: una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos.

También se incautaron otros objetos de interés para la investigación, como computadoras portátiles, un celular, pendrives para almacenamiento de información y tablets. La causa por hurto inició tras la denuncia realizada por el representante legal del Hospital Italiano, "en razón de haber constatado mediante filmaciones el faltante de insumos quirúrgicos y cápsulas de anestesia”.

Por otro lado, este miércoles la División Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó la sede la asociación de anestesistas, ubicada en Juan Felipe Aranguren al 1300, en el barrio porteño de Caballito. Según pudo conocer este medio, se buscó documentación y actas de reuniones para acceder a la información de Boveri y Lanusse.

La FAAAAR se presentó como denunciante en el expediente junto al hospital ya que, según explicó a la prensa el abogado del organismo, Eduardo Gerome, "son los primeros que queremos que esto se aclare”. Por último, comentó que tomaron conocimiento de los hechos que "involucran a profesionales que estaban asociados", por lo que se hizo la denuncia correspondiente: “Se acompañó toda la información necesaria y el juzgado mandó a la Policía; estamos reuniendo todo lo que tenemos para entregarlo", cerró. 

FP