El caso que comenzó con la muerte de un anestesista en su departamento derivó en una investigación judicial que ahora escala sobre instituciones clave del sistema de salud. Este miércoles, la Justicia ordenó el allanamiento de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, en el marco de la causa que investiga el uso irregular de fármacos hospitalarios en encuentros privados.
El procedimiento fue realizado por la Policía de la Ciudad en la sede ubicada en Caballito. Los investigadores buscan actas, registros y documentación interna vinculada a los profesionales imputados, con el objetivo de reconstruir posibles responsabilidades institucionales.
Según explicó el abogado de la entidad, la Asociación no está imputada, sino que actúa como denunciante dentro del expediente, y aseguró que colaborará con la entrega de toda la información requerida por la Justicia.
De una muerte por sobredosis a una trama de “fiestas” con anestesia
La investigación se originó tras la muerte de un médico de 31 años, hallado sin vida en febrero en su domicilio. En el lugar se encontraron propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso hospitalario que, combinados, pueden provocar depresión respiratoria severa si no se administran bajo control médico.
El rastreo del origen de esas sustancias llevó hasta el Hospital Italiano, donde se detectó el faltante de estos fármacos y se inició un sumario interno. Dos profesionales del área de anestesiología quedaron bajo sospecha por la presunta sustracción y distribución de los medicamentos.
A partir de allí, la causa avanzó sobre una hipótesis más amplia. Según distintas líneas de investigación, los anestésicos eran utilizados en reuniones privadas, donde se realizaban lo que algunos describieron como “viajes controlados” con supervisión médica.
En esos encuentros, los participantes se administraban las sustancias por vía intravenosa mientras otros profesionales controlaban eventuales complicaciones, como episodios de apnea.
Qué busca la Justicia y cómo sigue la causa
El foco judicial está puesto en determinar si existió una estructura organizada para desviar insumos médicos y utilizarlos fuera del ámbito sanitario. En ese contexto, el allanamiento a la Asociación apunta a esclarecer el vínculo institucional con los médicos investigados y el posible conocimiento previo de estas prácticas.
Los dos profesionales señalados fueron indagados en marzo, negaron los hechos y tienen prohibida la salida del país mientras avanza la causa.
Por ahora, el expediente se orienta hacia delitos como administración fraudulenta o sustracción de medicamentos, aunque no se descartan nuevas imputaciones si se comprueba la existencia de una red más amplia.
El caso, que combina mala praxis potencial, consumo recreativo de fármacos y fallas en los controles hospitalarios, abrió una discusión interna en el sistema de salud sobre el manejo de sustancias sensibles y los mecanismos de supervisión.
RG
