Dalbón pidió detener a Caputo, Bausili y Curutchet por las operaciones con el oro del Banco Central

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Andrés “Toto” Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio de dicha entidad, Juan Ernesto Curutchet, por las operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas durante 2025 y pidió la inmediata detención de los tres funcionarios “por el peligro de entorpecimiento de la investigación”.

La presentación, a la que accedió PERFIL, se realizó en un expediente que investiga presuntas maniobras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Dalbón pidió también indagar si los hechos constituyeron una asociación ilícita. La causa la instruye el fiscal Gerardo Pollicita y recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

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La denuncia surge a raíz de los hallazgos consignados en el informe de auditoría de los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación, que preside Juan Manuel Olmos, en la resolución 205/2026.

En dicha resolución, la AGN advierte que “durante el ejercicio 2025 el BCRA concertó, con el fin de cobertura, operaciones de derivados liquidables en dólares estadounidenses cuyo subyacente fue el oro; al cierre del ejercicio no existían operaciones por este concepto”. Y agregó que el resultado de esas operaciones “fue una pérdida de $1.469.155 millones en moneda de cierre (USD 1.023 millones), con egresos de divisas”.

La estrategia: un collar para determinar el piso y el techo del precio

En la denuncia Dalbón señala que la estrategia de las autoridades de Economía y del BCRA habría consistido en un “collar”, es decir “la compra de un piso de precio financiada con la venta de un techo, de modo que, si el oro superaba ese techo, el BCRA debía pagar la diferencia”. El abogado penalista pidió que dicha información sea “confirmada con los contratos solicitados”.

El abogado señaló que las explicaciones del BCRA no responden a los interrogantes que persisten. “El argumento del BCRA de que el resultado neto fue positivo confunde una ganancia de valuación con un pago efectivo de reservas líquidas, y su afirmación de que ‘una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez’ no responde la cuestión penalmente relevante, que no depende del rótulo con que se bautice la operación sino de su estructura, sus montos y la competencia, la finalidad y la diligencia con que se decidió”, dijo Dalbón.

La presentación subraya que “el costo no fue teórico ni contable”, sino que hubo “egresos de divisas”. Por eso, reclamó que una pericia determine cómo se estructuraron las transacciones, qué pagos se realizaron y cuál fue su impacto económico real.

Los delitos que les imputa

Dalbón afirma que “resulta clara la existencia de una asociación de tres o más personas, con permanencia en el tiempo, destinada a cometer una pluralidad de delitos mediante la utilización de las estructuras del Ministerio de Economía y del BCRA, entre ellos administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Esa hipótesis, indica, se sustenta “en el traslado de lingotes al exterior en 2024 y las operaciones de derivados con subyacente oro concertadas durante 2025, en la intervención de distintos niveles de decisión (político, institucional y técnico) y en la magnitud de los fondos involucrados”.

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Entre las medidas de prueba que solicitó al juez Ariel Lijo, que ya tiene en su juzgado la denuncia original, Dalbón pidió a la Auditoría General de la Nación la copia íntegra del informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, de la Resolución 205/2026 y de las disidencias parciales asentadas en ella con sus fundamentos y solicitó que remita la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro del BCRA, el descargo presentado por el banco y todo otro informe o actuación vinculado con operaciones de derivados con subyacente oro.

Al Banco Central le pidió las actas del Directorio y de todo comité u órgano interno (inversiones, riesgos, administración de reservas) que hayan considerado, aprobado, ratificado o tomado conocimiento de las operaciones de derivados con subyacente oro concertadas durante 2025; los contratos, confirmaciones y acuerdos marco de cada operación, con identificación de las contrapartes, tipo de instrumento, posiciones compradas y vendidas, montos nocionales, precios de ejercicio, vencimientos, primas pagadas y cobradas, garantías y márgenes; las valuaciones, liquidaciones, fechas de pago y comprobantes de egreso de divisas; los informes técnicos, dictámenes de riesgo y de áreas jurídicas, y toda documentación que fundamente la finalidad de cobertura y la elección de los instrumentos; la política vigente de administración de reservas y de cobertura, los límites de riesgo aplicables y el Manual de Políticas Contables; la identificación de los funcionarios que propusieron, decidieron, autorizaron, ejecutaron y controlaron cada operación; la nómina de integrantes del Directorio durante 2025 y su asistencia a las reuniones en las que se trataron estas operaciones, y las comunicaciones, informes y actuaciones intercambiadas con el Ministerio de Economía y otros organismos vinculadas con ellas.

Pidió que se designen peritos contadores para determinar la naturaleza y estructura de las operaciones, la razonabilidad y efectividad de la cobertura invocada, el resultado económico neto y la existencia y magnitud de un eventual perjuicio patrimonial para el Estado. También pidió declaraciones testimoniales, entre ellas de Olmos, en su calidad de presidente de la AGN.

Dalbón basó el pedido de detención de los funcionarios en el peligro de entorpecimiento de la investigación. Dijo que por la jerarquía de los funcionarios, tienen la posibilidad “material de acceder a esa documentación, modificarla, ocultarla o suprimirla”, tal como prevé la ley para solicitar la prisión.

ML