La operatoria del Banco Central con el oro de las reservas ya tiene un capítulo judicial. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y Juan Curuchet, a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que reveló pérdidas por US$1.023 millones en el ejercicio 2025. La causa quedó radicada en manos del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
El cálculo de la AGN convierte ese quebranto en $1.469.155 millones a valores de cierre. La cifra se descompone en dos partes: US$960,2 millones por el resultado negativo de las opciones financieras y otros US$62,8 millones por el pago de primas. Según el organismo de control, el Central utilizó parte del oro físico como respaldo para contratar derivados liquidables en dólares, una suerte de cobertura que terminó del lado equivocado mientras el precio internacional del metal no paraba de subir.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue tajante al presentar el informe. Dijo que el Banco Central “erró en el cálculo” y que nunca, desde que la Auditoría revisa sus cuentas, se había registrado una pérdida de semejante magnitud. Tampoco había antecedentes, agregó, del uso de reservas físicas de oro para transacciones de riesgo. La auditoría avaló el procedimiento formal de la operación, pero no su resultado.
La paradoja es que, en el mismo balance, el oro le dejó al Central una ganancia patrimonial superior a los $8 billones. Pero esa mejora no tuvo nada que ver con la gestión actual. Respondió exclusivamente a la suba del precio internacional sobre lingotes que, según recordó la AGN, se habían comprado durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont. Olmos insistió en separar ambas cosas: una es la revalorización contable del activo; otra, el resultado de la apuesta financiera montada sobre ese oro. Esa apuesta fue la que habría salido mal.
En su presentación, Dalbón pidió que la Justicia determine quién decidió, autorizó y diseñó las operaciones, con qué contrapartes se concretaron, qué riesgos se asumieron y si hubo un perjuicio patrimonial para el Estado. “1.023 millones de dólares no son una anotación contable”, resumió el abogado. También anticipó que el martes 13 de octubre ampliará la denuncia con nueva documentación, solicitará indagatorias y pedirá medidas urgentes para preservar la prueba.
No es el único frente judicial abierto. Los senadores peronistas Soria, Di Tullio y López ya habían ampliado una denuncia previa contra el presidente Javier Milei, Caputo y Bausili. En ella se mencionan los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Los legisladores sostienen que el titular del Central incurrió en “contradicciones relevantes” en sus explicaciones públicas.
La más llamativa de esas contradicciones tiene que ver con el paradero del metal. Bausili dijo primero que el oro trasladado al exterior estaba en Suiza y luego reconoció que se encuentra en Londres, una versión que los senadores ponen en duda. El envío de los lingotes, realizado en un operativo de madrugada, sigue rodeado de interrogantes que el Gobierno no terminó de despejar
Sobre ese punto, la AGN todavía no tiene conclusiones. El organismo trabaja en una auditoría específica sobre las reservas físicas y su traslado. Esa auditoría buscará establecer por qué se tomó la decisión, a dónde fue a parar el oro y si la operación le reportó algún beneficio concreto al Banco Central o a terceros. Hasta que ese informe esté listo, la explicación oficial descansa en la palabra de Bausili. El caso se suma a la lista de cuestionamientos sobre el manejo de las reservas en la gestión libertaria, cada vez más expuesta en los tribunales federales. Para el Gobierno, el desafío será explicar qué una cobertura pensada para proteger reservas terminó costando más de mil millones de dólares.
