El fiscal apeló ante Casación el archivo de la causa por el préstamo con el FMI que contrajo Mauricio Macri

El fiscal José Luis Agüero Iturbe apeló este jueves el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi buscó archivar hace poco más de 10 días, la causa por el préstamo que la Argentina solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, principal señalado por la Justicia junto a los ex presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger, Luis Caputo (hoy ministros de Desregulación y Economía respectivamente) y Guido Sandleris.

En uno de los párrafos más contundentes del dictamen de 21 carillas al que accedió PERFIL, Agüero Iturbe sostuvo que en este expediente “se investiga un esquema defraudatorio planeado, coordinado y desarrollado -entre mayo del 2018 y septiembre del 2019- por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina, en conjunto con agentes del sector privado, que se configuró contrayendo una deuda estatal insostenible, a sabiendas de que resultaría imposible su repago”, por la suma de 57.100 millones de dólares.

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Para el fiscal, con dicho esquema se vulneró la Constitución Nacional, las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público. 

Agüero Iturbe planteó que se busca establecer es si “fruto de un cúmulo de decisiones” que comenzaron con la suscripción de la primera carta de intención con el FMI “y, a sabiendas, se habría iniciado un ciclo de endeudamiento destinado (...) primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas”.

El fiscal precisó que con su apelación ante la Casación quiere “dilucidar la existencia de posibles beneficiarios de un accionar delictivo en función de intereses espurios ejercidos por funcionarios públicos en perjuicio del Estado Nacional”: quiere saber qué se hizo con los fondos del préstamo y en manos de quién está ese dinero.

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Recordó en su dictamen que el acuerdo lo anunció el propio Macri “en una breve comunicación pública”, en la que explicó que había entablado un “diálogo directo” con Christine Lagarde, por entonces, directora ejecutiva del organismo. Añadió que el préstamo se concedió tras 43 “días corridos desde el inicio de las tratativas”.

Agüero Iturbe insiste en que se debe mantener abierta la investigación porque el país firmó tratados internacionales tales como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 24.702), la Convención Interamericana contrala Corrupción (Ley 24.759), la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Ley 26.023) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097) que lo comprometen en ese sentido.

Una causa que lleva 7 años

Las primeras denuncias contra Macri y sus funcionarios se hicieron en 2019. El fiscal Franco Picardi impulsó la investigación y en febrero pasado la jueza Capuchetti planteó la clausura de la causa con el planteo de que no había elementos suficientes para acreditar la existencia de un “deliberado propósito orientado a defraudar al erario público” y que el préstamo era una cuestión política no judiciable.

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El viernes 4 de septiembre, un día después de que el camarista Bertuzzi asumiera su cargo, la Sala I con su voto y el de su colega Llorens confirmó el archivo de la investigación. Ese día también confirmó la exclusión de los querellantes en la causa $LIBRA.

Ahora la Sala IV de la Cámara de Casación, que ya tiene un planteo previo de este expediente, deberá definir si admite el recurso de Agüero Iturbe y mantiene abierta la investigación o ratifica el criterio de la Cámara Federal y la jueza Capuchetti. El tribunal está integrado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Estos dos últimos visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la gestión de Macri, por lo que fueron denunciados y luego sobreseídos.