Glaciares
El retiro de una obra de Helmut Ditsch de la Casa Rosada reabre el debate sobre la protección de los glaciares, en medio de un proyecto del gobierno de Javier Milei que busca modificar la legislación vigente y habilitar mayores márgenes para la actividad minera.
Cuando regresé a la Casa Rosada después de más de una década y me acerqué al Salón Eva Perón, descubrí un imponente cuadro de seis o siete metros, quizás. Quedé impactado por la obra. Mostraba el Glaciar Perito Moreno en su máximo esplendor. Inmediatamente me retrajo al día en que caminé sobre el imponente mundo de hielo que el glaciar mostraba, una imagen que solo pude contrastar con la belleza gélida que años después me regaló la Antártida.
Supe entonces que esa majestuosa obra era una réplica de un cuadro hiperrealista de un pintor argentino que vivía en Europa llamado Helmut Ditsch. Cuando quise conocer quién era, descubrí que era un pintor hiperrealista de la naturaleza. Sus pinturas sobre glaciares y mares conmueven. El más mínimo detalle que la naturaleza exhibe es captado magistralmente por su pincel.
Días atrás, el gobierno nacional ordenó quitar esa obra que daba vida a una de las paredes del palacio de gobierno. Las razones explicitadas oficialmente, como todas las explicaciones libertarias, son cuanto menos pueriles y por lo tanto no merecen ser atendidas.
Sin embargo, el retiro de la obra de Ditsch es un síntoma de lo que Milei y su corte representan. Personas que reivindican la venta de órganos y la libre portación de armas, reniegan de las vacunas, creen que la Tierra es plana y justifican la contaminación de las aguas. Seres que no advierten la degradación del ambiente y niegan el cambio climático.
Desde esa perspectiva suena absolutamente lógico que retiren una obra que nos muestra la trascendencia de los glaciares en el mismo momento en que el Congreso se apresta a sancionar una ley que les quita protección legal para que la minería avance de modo impiadoso sobre la naturaleza.
En Argentina, contamos con la ley 26.639 que establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano.
Una primera norma, impulsada en 2008 por Miguel Bonasso en su condición de diputado nacional, obtuvo la aprobación parlamentaria, pero fue íntegramente vetada por el Poder Ejecutivo de entonces. Entiendo que en la presión ejercida por las provincias mineras y el lobby de las empresas que desarrollan esa actividad en nuestro país deben encontrarse la verdadera causa determinante de esa decisión.
Sin embargo, una segunda norma menos rigurosa, impulsada por el entonces diputado Daniel Filmus, fue aprobada por el Congreso Nacional en 2010 y reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional un año después.
Ahora, el gobierno libertario nos somete nuevamente a ese debate con un proyecto de ley con el claro propósito de acotar la protección ambiental que hoy existe únicamente a aquellas zonas que demuestren una “función hídrica específica” relevante. Además, otorga mayores competencias a las provincias para determinar qué zonas glaciales o periglaciales deben protegerse o pueden habilitarse para actividades productivas.
¿Qué significa eso? Simplemente que se debilitan los presupuestos mínimos de protección ambiental que hoy existen. Algo más: se otorga a las provincias mineras resolver cuándo un glaciar o una zona periglacial puede ser obviada a los fines de la explotación minera. Enorme riesgo delegar el cuidado del ambiente a provincias necesitadas de recursos.
No soy de los que reniega de la actividad minera. Sé muy bien que de muchos minerales depende el desarrollo industrial y tecnológico que impulsa la economía en el mundo. Sé de las cuantiosas reservas que Argentina tiene en materia de litio, cobre, oro, plata y otros muchos minerales. Pero no entiendo por qué debemos aceptar que la mera explotación de esos minerales tenga solo un sentido extractivista que degrada el ambiente y, lo que es peor aún, nos condena a poner en riesgo nuestras reservas de agua dulce en un mundo que ya padece esa carencia.
Es muy impactante ver cómo explotan la minería en el mundo central y cómo nos piden que se explote en la periferia de la que somos parte. Allí las reglas ambientales existen y son respetadas.
La Unión Europea no solo se ha pronunciado en contra del uso de cianuro en la minería a cielo abierto, sino que también protege áreas de alta montaña a través de la Red Natura 2000, limitando actividades industriales peligrosas cerca de glaciares.
Canadá, aun cuando es uno de los países más lábiles a la hora de reglamentar la actividad minera, cuenta con estrictas evaluaciones de impacto ambiental federales y provinciales que regulan la minería cerca de glaciares para prevenir daños irreparables en áreas críticas de almacenamiento de agua.
En Estados Unidos, también la explotación minera en glaciares está restringida por normativas federales de protección ambiental para evitar la degradación de recursos hídricos.
¿Por qué, si los países que nos ponen como modelos actúan así, nos obligan por ley a proceder de modo contrario?
El gobierno que niega la existencia del cambio climático que el mundo afronta no toma dimensión de lo que las reservas hídricas representan para nuestra sociedad. Tampoco advierte que el mero extractivismo minero desvanece el potencial industrial de Argentina. A quienes gobiernan solo les importan los negocios en los que, evidentemente, ellos también lucran.
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Con la ley que el gobierno libertario propicia estamos favoreciendo la degradación ambiental de nuestra patria. Lo sentiremos en breve, pero las generaciones venideras serán las principales víctimas.
Me apena ver que la imagen de los glaciares desaparezca de Casa Rosada. Me preocupa que el calentamiento global los derrita. Pero me duele profundamente que la avaricia empresaria y la conducta claudicante de quienes nos gobiernan se impongan sobre los verdaderos intereses de nuestra sociedad.