Javier Auyero (2009) escribió una obra muy interesante: Pacientes del Estado. Allí sostiene que una de las principales conclusiones de su trabajo de campo es la exposición sistemática de los sectores más pobres y vulnerables a largas esperas en su vínculo con el Estado. Estas demoras no son neutras: moldean disposiciones subjetivas que tienden a generar mayor sumisión y dependencia en quienes las padecen.
Los sectores populares esperan durante horas en los dispensarios públicos, en los hospitales, en los organismos sociales y, por supuesto, en las paradas de colectivo. Este texto se centra, precisamente, en este último ámbito: la espera cotidiana en el transporte público como expresión concreta de una desigualdad persistente.
En este sentido, el sociólogo francés Pierre Bourdieu sostiene en Meditaciones pascalianas que la espera constituye una de las experiencias donde se puede observar nítidamente los efectos del poder sobre los más desventajados. Hace pocas semanas, la Municipalidad de Córdoba revocó el contrato con la empresa FAM, presentada por el propio oficialismo —hace apenas un año— como la solución al problema del transporte. Lejos de ello, la situación no hizo más que agravarse.
Hoy el sistema es claramente ineficiente y obliga a los usuarios a permanecer largos períodos en las paradas. No se trata solo de una falla operativa: también evidencia una preocupante falta de sensibilidad por parte de quienes administran el Estado. Frente al malestar que esta situación genera, el municipio anunció el boleto gratuito en los corredores 2, 5 y 7 hasta el 31 de marzo.
En palabras de Bourdieu, “hacer esperar a la gente […] suspender sin decepcionar totalmente” describe prácticas que no son accidentales, sino constitutivas de los mecanismos de dominación. En este marco, la gratuidad parcial no elimina la espera, sino que, en cierto modo, la gestiona sin resolverla. De allí la idea de atenuar frustraciones sin decepcionar totalmente.
Con todo, hasta aquí no caben dudas: los pacientes del estado de la ciudad, quienes esperan en largas filas y colas interminables son, en su mayoría, los más pobres. En la ciudad de Córdoba, son los sectores más desventajados quienes padecen largas demoras en las paradas de colectivo, muchas de ellas sin refugio, expuestos a la intemperie.
Un proceso
Esta situación no llegó de la noche a la mañana. Es el resultado de años de decisiones postergadas, de parches coyunturales y de una ausencia persistente de planificación. Por eso, aunque a veces suene a redundancia o a lugar común, hablar de institucionalidad no es un recurso retórico vacío: es ir al núcleo del problema.
La falta de reglas claras, de licitaciones transparentes, de controles efectivos y de políticas sostenidas en el tiempo no solo deteriora el sistema, sino que termina afectando siempre a los mismos: a quienes dependen del transporte público todos los días. Sin instituciones sólidas, lo que se impone es la improvisación; y la improvisación, en materia de servicios públicos, se traduce en precariedad, incertidumbre y desigualdad.
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El transporte público en la ciudad se encuentra en estado de “emergencia” desde la asunción del peronismo en el gobierno municipal. Lejos de ser una herramienta excepcional y transitoria, la emergencia se ha convertido en un mecanismo permanente que le permite al intendente gobernar por decreto y, en los hechos, eludir el debate en el Concejo Deliberante.
Como consecuencia, ante el vencimiento de las licitaciones, en lugar de impulsar nuevos procesos públicos, competitivos y transparentes, se recurre sistemáticamente a prórrogas discrecionales por decreto. De este modo, se consolida un esquema opaco, sin controles efectivos ni reglas claras, donde las decisiones quedan concentradas en el Ejecutivo y no en el marco institucional que corresponde.
Ante todo esto, surge una pregunta inevitable: ¿por qué el intendente de la ciudad no llama a una licitación pública urgente? ¿Cuáles son las razones —políticas, técnicas o administrativas— que lo impiden? ¿O acaso la falta de transparencia responde a la necesidad de sostener negocios a espaldas a la sociedad?
Lo cierto es que, mientras no hay respuestas, los problemas se agravan. El transporte sigue siendo ineficiente, la ciudad se deteriora y la gestión municipal da señales de agotamiento. No hay planificación, no hay reglas claras y no hay decisión política para ordenar el sistema.
La consecuencia es siempre la misma: los cordobeses —especialmente los que más dependen del transporte público— siguen esperando. Esperan en paradas precarias, esperan servicios que no llegan, esperan soluciones que se postergan indefinidamente. Siguen siendo, en los hechos, “pacientes del Estado”. Y cuando un gobierno naturaliza la espera como forma de gestión, lo que revela no es solo ineficiencia, sino una profunda renuncia a gobernar.
(*) Concejal de la UCR
